Nuevos testimonios contradicen al fiscal supremo Tomás Gálvez

Por Rosa Vallejos / Carlos Neyra

Nuevos testimonios contradicen al fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas. Esta historia se remonta a marzo del 2014, cuando el magistrado se desempeñaba como director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público.

La fiscalía desembolsó S/9.000 a nombre de Gálvez Villegas para la compra de almuerzos a los participantes de un supuesto taller de capacitación a las rondas campesinas de las provincias de Chota, Santa Cruz y Celendín –todas en Cajamarca– los días 21, 22 y 23 de marzo de ese año.

Pero, de acuerdo con Francisco Becerra Sánchez, presidente de las rondas campesinas de Santa Cruz, en esa provincia no se realizó ningún taller, almuerzo ni cena. Agregó que está dispuesto a dar su testimonio ante las autoridades competentes.

Lo que sí hubo –según dijo Becerra a El Comercio– fue una reunión en el auditorio municipal de Santa Cruz, organizada por la fiscalía, a la que asistieron entre 25 y 30 representantes de las rondas.

“Las rondas no han participado en ningún almuerzo, menos en [alguna] cena porque los ronderos en ningún evento nos quedamos más allá de la una o dos de la tarde”, relató Becerra.

El 4 de julio del 2016, el entonces jefe de Control Interno del Ministerio Público, Pedro Chávarry –hoy fiscal de la Nación–, declaró infundada una denuncia contra el fiscal Gálvez por supuestamente haberse apropiado de S/23.469 de la institución utilizando boletas falsas en un intento de justificar gastos que no existieron.

En su gestión como titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez ratificó el archivo del expediente en enero del 2017.

La denuncia fue presentada inicialmente por Ginger Salguero Alcalá, ex asistente de Gálvez, en noviembre del 2015.

—Los proveedores—
Cuando el fiscal Gálvez presentó los documentos para sustentar los gastos del taller en Cajamarca, adjuntó una boleta con fecha 21 de marzo del 2014 –día de inicio de la capacitación– del restaurante Mi Yalu por el valor de S/1.500.

Este Diario viajó a Santa Cruz y conversó con Rojana Guerrero Gonzales, propietaria de ese establecimiento. Ella afirmó que el comprobante de pago no fue emitido por su negocio.

Incluso mostró los talonarios con las boletas que emite, en los que queda evidencia que el formato es diferente al de los documentos que presentó Gálvez.

“Solo vendo pollos a la brasa. Un plato personal cuesta 10 soles, yo no tengo cobertura para atender a más de 60 personas”, detalló Guerrero. Incluso mencionó que el número de celular impreso en las boletas presentado a la fiscalía no coincide con el de su restaurante.

En su declaración de egresos, Gálvez también presentó comprobantes de pago de la picantería La Caleta por S/1.500 con fecha del 21 de marzo del 2014.

El Comercio pudo comunicarse con Arístides Tenorio Correa, administrador del local, e hijo de María Edelmira Correa Huamán, propietaria de este.

Tenorio Correa dijo que ni su madre ni él como administrador del local firmaron algún tipo de declaración jurada para el Ministerio Público.

—La respuesta del fiscal—
Consultado por El Comercio, el fiscal supremo Tomás Gálvez rechazó la imputación en su contra que hizo el representante de las rondas campesinas. Explicó, por ejemplo, que el Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas celebró dos actividades en Santa Cruz.

Precisó también que estas fueron coordinadas por Verónika Cabrejo, ahora fiscal provincial titular civil y de familia de esa provincia. Este Diario intentó comunicarse con Cabrejo, pero se excusó de comentar los hechos, puesto que no cuenta con autorización de la institución.

Respecto a las boletas del restaurante Mi Yalu, Gálvez aseguró que no fueron adulteradas, pero que fueron tramitadas por su ex coordinador Leopoldo Quispe. Y sobre los comprobantes de la picantería La Caleta, su respuesta fue similar: “Eso lo ha traído Quispe”.

“Ahora les están pagando [a los ronderos], les están diciendo tal cosa con la finalidad de incriminarme. Yo no tengo nada que ver en eso, no me encargaba de las boletas”, señaló.

En comunicación con este Diario, Leopoldo Quispe aseveró que hay intención de dañar la imagen de Gálvez y que los testimonios en su contra son falsos. Ratificó que sí hubo dos talleres en Santa Cruz y que se ofreció almuerzo a los ronderos.

“Nosotros hemos ido a sacar todos esos documentos de los propietarios que han emitido esas boletas. Con seguridad le digo que ningún documento ha sido adulterado por alguna mala intención. Nos sometemos a esa investigación en lo que fuera necesario”, concluyó.