El escenario más probable es que el saldo de la venta de Chaglla no pueda ser devuelto a la constructora. (Foto: Archivo El Comercio)
El escenario más probable es que el saldo de la venta de Chaglla no pueda ser devuelto a la constructora. (Foto: Archivo El Comercio)
Paolo Benza

La historia de en el Perú está por llegar a un punto de quiebre. La venta de sus activos líquidos –Olmos, Iirsa Norte, Iirsa Sur, Rutas de Lima y maquinarias– no alcanza para cubrir sus deudas, y la devolución del dinero sobrante de la venta de Chaglla –el único aire que podría recibir la constructora hoy– ha quedado en manos de la fiscalía.

“La empresa está herida de muerte”, dice Dagoberto Díaz, profesor especializado en finanzas de la Universidad del Pacífico. El desenlace está cada vez más cerca.

Sin Chaglla, no da
La semana pasada, cinco abogados penalistas dijeron a El Comercio que la devolución a Odebrecht de los S/524 millones que quedan de la venta de la hidroeléctrica Chaglla es legalmente improbable.

El bloqueo de este desembolso, sin embargo, significaría para la empresa casi una sentencia de liquidación. “La caja libre que tienen ahora alcanza para pagar abogados, la luz de la oficina. Pero si no les pagan, los acreedores los van a llevar a insolvencia”, dice una fuente del sistema bursátil.

Según la información de la procuraduría, en diciembre del 2018 Odebrecht tenía una caja libre de apenas US$6,9 millones, para una deuda que asciende, sin Chaglla, a US$1.348,9 millones.

Con esos números, la liquidación es inminente, coinciden las fuentes. Hugo Alache, presidente de la Asociación de Proveedores de Odebrecht en el Perú, confirma que uno de los caminos que evalúa es llevar a la empresa a un procedimiento concursal.

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Si bien se han realizado pagos iniciales con el dinero de la hidroeléctrica que no fue embargado –el 50%–, asegura que no ve probable que Odebrecht gane nuevas obras para pagar lo que resta de la deuda.

El problema es que el único activo importante que tenía era, precisamente, Chaglla. La hidroeléctrica representaba el 68% de los activos vendibles rápidamente (sin contar el gasoducto y Chavimochic, paralizados y con problemas judiciales).

En un escenario liquidatorio, entonces, los activos líquidos hoy sumarían solo US$278,9 millones, de los cuales cobrarían primero los acreedores laborales y los garantizados. De entre lo que reste, el Estado entraría a buscar la reparación civil. ¿La buena noticia? Solo tendría por cobrar S/86 millones, pues los otros S/524 millones ya están retenidos.

Con Chaglla, ¿da?
El otro escenario implica una bocanada de aire para la empresa, pero no garantiza su supervivencia. Si Odebrecht recibe los S/524 millones, podría mantener tranquilos a sus acreedores más insistentes. Pero solo por el momento.

Inmediatamente, la empresa tendría que crear un nuevo fideicomiso –distinto al de la Ley 30737–, desde el que se pagarían las cuotas de la reparación civil. El resto de deudas sería cubierto –lentamente– con flujos de la operación y venta de los demás activos.

Sin embargo, no solo la coyuntura política hace muy difícil que pueda ganar una obra pública importante, sino que sus números la alejan de cualquier opción para financiarla, incluso si es con un privado. “¿Quién le va a prestar a un muerto?”, se pregunta Díaz.

La única opción –dice la fuente bursátil– sería que su plan sea aguantar unos años, hasta recibir el dinero invertido en el GSP. Esta obra, sin embargo, tenía una cláusula anticorrupción que hace lejana la idea.

La empresa declinó declarar para la elaboración de este artículo. 

Sin la devolución
Odebrecht se mantendrá en la Ley 30737, cuyo fideicomiso tiene condiciones más duras que el del acuerdo de colaboración.  Esto significa que la empresa no tendría incentivos para dar más información a la justicia, según fuentes de la procuraduría.