Odebrecht busca “acuerdo amistoso” con el Estado

Frases como “Odebrecht no puede seguir trabajando en el Perú” o “queremos que una empresa corrupta como Odebrecht se vaya” han sido parte de las declaraciones de altos representantes del Ejecutivo en los últimos días y han puesto en evidencia la crispación entre el Gobierno y la empresa brasileña.

Fuentes de la constructora, principal protagonista del caso del pago de sobornos conocido como Lava Jato, señalan que dichas declaraciones serían una muestra de que el Gobierno no quiere dialogar y que busca expulsarlos “como si en todas las obras de Odebrecht hubiera habido corrupción”.

En un comunicado del equipo legal de la empresa enviado ayer a este Diario, se informa que han remitido un exhorto al Ejecutivo para “dirimir algunas discrepancias” sobre las inversiones que tienen en el país, las cuales, dicen, están protegidas “bajo cierto Tratado Bilateral de Inversión Internacional”.

Odebrecht añade en el comunicado que su intención es llegar a “un acuerdo amistoso” con el Estado, “antes de iniciar cualquier acción legal” en el extranjero.

El pedido fue enviado al Ministerio de Justicia (Minjus) y otras entidades “hace poco más de un mes”, afirman las fuentes, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Este Diario consultó ayer al Minjus respecto del pedido de Odebrecht, pero no obtuvo respuesta.

La instancia internacional a la que eventualmente Odebrecht acudiría sería el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, con sede en EE.UU.

La constructora no había hecho público el oficio enviado al Gobierno.

—Primera alerta—
El comunicado enviado por Odebrecht a este Diario se da raíz de una advertencia hecha desde el despacho de la congresista fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, quien exigía una respuesta rápida del Gobierno ante la demanda que habría presentado la constructora en EE.UU.

“Fuentes confiables han dado cuenta en Nueva York que Odebrecht habría contratado a un reconocido estudio de abogados para denunciar al Perú”, afirmaron desde la oficina de Bartra.

“No hay ninguna denuncia presentada”, fue la respuesta de la firma brasileña que añadió que la comunicación que tienen con el Ejecutivo es casi nula.

Además, aseguran que el exhorto enviado no se centra en el Decreto de Urgencia 003, sino en un aspecto general: en las acciones que el Gobierno ha emprendido sobre sus inversiones en el país.

—Cambio de posturas—
En una entrevista dada en junio, Mauricio Cruz, actual representante de Odebrecht en el Perú, resaltó el cambio de discurso del presidente Pedro Pablo Kuczynski frente a esta controversia.

Cruz recordó que PPK dijo en diciembre: “No todo lo que hizo Odebrecht en el Perú fue corrupción”. Al mes siguiente el mandatario señaló que la constructora tenía que irse.

La empresa señala que el Decreto de Urgencia 003 les restringe la venta de los activos que tienen en el país, desalienta a los posibles compradores y no les permite poder pagar a sus proveedores.

El Gobierno afirma que el decreto, emitido en febrero, es para asegurar la reparación civil y la cadena de pago. Todo aquel que quiera comprar un activo a Odebrecht debe ser autorizado por el Minjus y el dinero solo iría a la reparación.

“Hasta el momento no hemos recibido ningún pedido de venta”, afirmó anoche la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. El Gobierno no ha logrado fijar, desde que estalló el Caso Odebrecht, un monto de reparación civil por los daños causados.

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