(Foto: Alessandro Currarino/ El Comercio)
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Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA. () lamentó este lunes la prisión preventiva por 18 meses dictada contra Fernando Castillo Dibós, ex presidente ejecutivo de la empresa, como parte de las investigaciones que se hacen por los actos ilícitos en el otorgamiento de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica sur.

ICCGSA fue una de las socias de para la mencionada obra. Ante los sucesos, la empresa consideró que no era necesario dictar prisión preventiva para materializar una colaboración permanente con la fiscalía y el Poder Judicial.

"No existen elementos suficientes que comprueben la imputación del Ministerio Público, por lo que consideramos que es un abuso determinar prisión preventiva contra Castillo Dibós", sostuvieron a través de un comunicado.

Por esto, reafirmaron que el ilícito cometido por Odebrecht no fue conocido por ICCGSA ni sus funcionarios, y que la empresa no participó en la gestión del proyecto por su participación minoritaria.

"Rechazamos tajantemente que la empresa y/o cualquier de sus representantes hayan aceptado algún acuerdo para verse beneficiada con la adjudicación de la carretera Interoceánica sur", agregaron.

Fernando Castillo Dibós fue retirado de la presidencia del directorio de ICCGSA este lunes, según informó la compañía en un hecho de importancia publicado en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero), Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña y Montero), Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.) y José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA) se entregaron esta madrugada luego de que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra.

A cuatro de los cinco empresarios se les imputa los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. A Graña Miro Quesada se le acusa solo por el delito de colusión.

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