Odebrecht la quiere barata, la columna de Mávila Huertas

En mayo del 2017, la procuradora de lavado de activos, Janet Briones, se abstuvo de participar en el interrogatorio a Marcelo Odebrecht por el Caso Humala-Heredia realizado en Curitiba, Brasil. La razón: el hombre fuerte de la constructora brasileña pretendió que firmara un documento en el que se comprometía a no demandarlo penal o civilmente. De lo contrario, no soltaría prenda.

Cuando el fiscal brasileño Orlando Martello le alcanzó el escrito, Briones decidió no abdicar de sus responsabilidades como defensora de los intereses del Estado y no firmó.

Ahora Jorge Barata estaría buscando que esos beneficios se extiendan a cualquier directivo de Odebrecht que se acoja a la colaboración eficaz, pero además pretendería librar a la constructora del pago de la reparación civil. Todo esto a cambio de declarar el 27 y 28 de febrero, cuando está previsto que atienda a un equipo de fiscales peruanos.

Odebrecht considera que 66 millones de dólares es la justa indemnización que corresponde al Perú por los sobornos que pagó para adjudicarse megaproyectos como la carretera Interoceánica. La procuraduría ad hoc ha estimado la reparación civil en 3.468 millones de soles. Sostiene que la constructora se la quiere llevar fácil porque si Odebrecht y sus consorciadas pagaran únicamente por el daño patrimonial, calculado sobre la base de informes de la contraloría, tendría que abonar 500 millones de soles, bastante más de lo que pretende.

Fuentes del Minjus sostienen que los actuales directivos de Odebrecht pusieron el grito en el cielo cuando conocieron de estas pretensiones. Que esto ocurrió mucho antes de que el procurador Jorge Ramírez las hiciera públicas en “Cuarto poder”. Horas antes de entregarle la información sobre las asesorías de PPK a la Comisión Lava Jato. ¿Casualidad? No. Odebrecht buscó presionar al presidente para que este corte las alas a los procuradores.

Dicho esto, ¿no es extraño que el presidente reniegue del procurador y de la independencia que lo asiste? ¿No tendría el jefe del Estado que estar del lado de quien reclama para el país la mayor compensación posible? O, en cualquier caso, ¿mantenerse al margen de las negociaciones de los órganos competentes con Odebrecht?

La fiscalía ya se comprometió a no investigar a sus directivos a cambio de que revelen quiénes son los funcionarios peruanos que cobraron coimas, arreglaron licitaciones, modificaron leyes, aceptaron extensiones injustificadas de contratos, avalaron adendas tramposas y pactaron arbitrajes en perjuicio del Estado. El acuerdo está oleado y sacramentado. Barata está obligado a responder con la verdad. Solo un juez será quien finalmente determine si la cifra que ha lanzado la procuraduría para reparar el daño ocasionado al país es justa o no. Ni Odebrecht ni Barata ni PPK.

Al presidente le toca honrar su palabra y comparecer ante la Comisión Lava Jato para aclarar la relación que sostuvo con Odebrecht mientras ejerció cargos públicos. ¿Por qué quiere esperar a conocer lo que dirá Barata?

La verdad no se negocia ni se posterga.

MÁS EN POLÍTICA...