ONG extranjera no tendría autorización para aportar a Fuerza Popular

El fiscal José Domingo Pérez afirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le informó a su despacho que la ONG LVF Liberty Institute- que donó S/220.608 a la última campaña presidencial de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori- no tenía la autorización para realizar aportes de carácter político.

Pérez Gómez dio cuenta de esta información en la audiencia de control de plazo de la investigación de los cocteles del fujimorismo, que fue solicitado por Fujimori Higuchi y su esposo, el estadounidense Mark Vito. Ambos son investigados por el presunto delito de lavado de activos.

“El día 13 de noviembre ha llegado al despacho fiscal, procedente de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, la respuesta del Departamento de Justicia [de los EE.UU.] y que si bien está en inglés, a buena cuenta dice que probablemente [LVF Liberty Institute] no está autorizada a realizar aportes a campañas, ni a partidos políticos”, sostuvo.

De esta manera, el fiscal rebatió los argumentos de la defensa legal de Fujimori y Vito, quienes han solicitado la conclusión de la etapa de investigación preliminar del caso.

Pérez Gómez aseguró que están dentro del plazo legal de la investigación y que aún falta realizar diversas diligencias que han sido programados por su despacho.

Explicó que al haberse adecuado la investigación a la Ley contra el Crimen Organizado, el plazo de la pesquisa es de 36 meses. El caso, remarcó, empezó el 8 de marzo del 2016.

Por tanto, solicitó a la juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Elizabeth Arias, se declare infundado el pedido planteado.

En respuesta, el abogado Edward García, abogado de Fujimori aseguró que el mismo documento fue alcanzado al despacho fiscal de manera traducida, en noviembre del 2016.

Por tanto, indicó que al no haber encontrado ningún elemento en contra la ex candidata presidencial decidió adecuar el caso a la Ley de Crimen Organizado para obtener más tiempo de manera ilegal.

A su turno, el abogado Eduardo Alcócer, defensa de Vito Villanella, sostuvo que el plazo venció el 8 de noviembre del 2016. Además, agregó que la fiscalía no ha sustentado qué hechos variaron en la investigación para considerar a su patrocinado como miembro de una organización criminal.