

La ONG Transparencia Internacional expresó su “profunda preocupación” tras conocerse la decisión del gobierno brasileño de conceder asilo diplomático a Nadine Heredia, ex primera dama del Perú, condenada a 15 años de prisión por lavado de dinero.
“La sentencia, emitida por el poder judicial peruano, se basa en pruebas sólidas de que Heredia y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, recibieron casi 3 millones de dólares en aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht (ahora Novonor) y del gobierno venezolano para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011”, recordó la organización.
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Sobre la justificación humanitaria esgrimida por el gobierno brasileño, Transparencia Brasil fue enfática: “La concesión de asilo, bajo la justificación de protección humanitaria, plantea serias dudas sobre el compromiso de Brasil con la lucha contra la corrupción y la impunidad en la región. Al brindar refugio a una persona condenada por corrupción, Brasil envía una señal preocupante de tolerancia frente a prácticas ilícitas que debilitan las instituciones democráticas y obstaculizan el desarrollo de los países latinoamericanos”.
La ONG también denunció que esta decisión ocurre mientras en Brasil “se profundiza una tendencia preocupante de desmantelamiento de sus marcos legales e institucionales anticorrupción”. En ese sentido, criticaron la anulación de pruebas clave: “Las pruebas del acuerdo de leniencia de Odebrecht —las mismas que fundamentaron las condenas de Heredia y Humala en Perú— fueron anuladas en Brasil con base en alegaciones infundadas y jamás comprobadas”.
“Es sumamente grave que el país se esté convirtiendo en un cementerio de pruebas del mayor esquema de sobornos transnacional de la historia”, indicó la ONG.
En su pronunciamiento, Transparencia Brasil exigió que el país “revise su conducta, tanto en el ámbito interno como en el internacional”, y remarcó que “la integridad del sistema judicial y la credibilidad de la diplomacia brasileña no pueden verse comprometidas por la protección de actores corruptos”.
La ONG finalizó su comunicado asegurando que se mantendrá vigilante en la defensa del Estado de derecho en la región.
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