Luego de que el pleno del Congreso aprobara la madrugada del martes el dictamen que permite el retiro de los fondos del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP, hasta por una UIT (S/4.300), el Parlamento aún no ha enviado la autógrafa de esta norma al Ejecutivo.
Según fuentes de El Comercio, el presidente del Congreso, Manuel Merino, se encuentra en Tumbes debido a la semana de representación, por lo que se debe esperar su llegada para que realice la firma de la autógrafa.
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El texto aprobado por el Legislativo establece también dos disposiciones complementarias: las personas que aportaron al SNP y que a los 65 años o más no han logrado cumplir con los requisitos para obtener una pensión, “tienen el derecho a la devolución de la totalidad de sus aportes”. Además, la ONP otorgará “por única vez” a los pensionistas del DL 19990 una retribución extraordinaria equivalente a una Remuneración Mínima Vital: S/930.
La ley fue aprobada en el Congreso con 106 votos a favor pese a las observaciones hechas por el Ejecutivo. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que esta norma implicaría un costo de S/13.280 millones, sin contar los intereses.
Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros, dijo esta semana que el Gobierno observará esta ley debido a que generará “desequilibrio económico” y afectará a futuro a los aportantes del SNP.
“Nosotros como Gobierno no podemos caer en la irresponsabilidad de permitir que una gran cantidad de personas salgan del sistema de pensiones. Indudablemente que, como Gobierno, tenemos que observar la norma”, declaró.
Dijo también que el retiro de los aportes no “solo trae desequilibrio económico porque está vulnerando una serie de normas básicas de la Constitución, sino está trayendo un perjuicio futuro a todos aquellos que aportaron y que podrían quedar en el Sistema Nacional de Pensiones y tener acceso de salud”. “¿Qué va a pasar con esta gente en el futuro?”, cuestionó.
Por su parte, el presidente del Legislativo aseguró que si el Ejecutivo observa esta ley, la aprobarían por insistencia. Señaló que corresponde al Gobierno encontrar “una fórmula” para pagar los más de S/12 mil millones que costaría esta medida. En una reunión que tuvo el viernes con Martos, la ministra María Antonieta Alva y la ministra Ana Neyra, el Gobierno propuso destinar S/1.300 millones para distribuir entre los afiliados a la ONP debido al contexto de la pandemia por la COVID-19.
“Si es necesario, y la ley podrá ser observada, nosotros [el Congreso] tenemos que ir a la insistencia. Seguramente la llevarán al Tribunal Constitucional. Yo creo que le estamos demostrando al señor presidente, a los altos funcionarios, que tenemos que reordenar el país, administrar mejor el país”, declaró Merino desde Piura.
El titular del Congreso insistió que permitir el retiro de dinero a los aportantes de la ONP es un “derecho de justicia” ante una “deuda social” que asegura han legitimizado en un debate en el cual lograron un punto medio.
“Esa deuda social este Congreso la ha legitimizado en un debate amplio donde fuimos a un punto intermedio porque había proyectos que sobrepasan los 20 mil millones de soles. El proyecto que se ha aprobado llega aproximadamente a los 12 mil millones. Por derecho, el Estado tiene que hallar la fórmula. El Estado no puede salir a decir que no hay plata. Tiene que encontrar la fórmula”, aseguró el legislador.
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