Ni abuso ni chantaje, la columna de Jaime de Althaus
Ni abuso ni chantaje, la columna de Jaime de Althaus
Jaime de Althaus

Analista político

¿Cuándo se malogró ? Hasta hace solo dos años era un modelo de “adelanto social”, de relaciones Estado-empresa-comunidad. Con el 50% de lo que pagó la minera por la concesión se había conformado un fideicomiso de 76 millones de dólares para financiar proyectos de desarrollo previamente acordados e incorporados en el contrato. Fuera de eso la empresa había invertido otros 250 millones de dólares más en proyectos sociales, y Pro Inversión y el ministerio hacían activismo casa por casa llevando activos y explicaciones acerca del proyecto que contrarrestaran la propaganda antiminera de Conacami, Cooperación y otros.

¿Qué pasó? Por un lado, ya desde el 2014 el Estado suspendió el mencionado activismo prominero, dejando la cancha libre para los traficantes de demandas que explotan las enormes diferencias entre campesinos y empresa. Esos operadores encontraron el terreno aun más propicio conforme llegaba a su fin la etapa de construcción de la mina, que redujo el número de gente contratada abruptamente de más de 18.000 a los 4.500, generando un vacío que se llenó de demandas aprovechando el cambio del mineroducto por la carretera para sacar el mineral, acusando a la mina de levantar polvo y no haber realizado un estudio de impacto ambiental que supuestamente no era necesario. El pueblito de Challhuahuacho había crecido desordenadamente de 500 a 15 mil habitantes en diez años, solo para tener que reducirse abruptamente dejando sin clientes a restaurantes, hoteles y otros servicios. Paralelamente, las comunidades que no fueron trasladadas a la nueva ciudad de Fuerabamba, con casas modelo y compensaciones monetarias cuantiosas, sintieron que ellas también podrían sacarle a la mina indemnizaciones por daños o derechos ciertos o ficticios.

En realidad, es perfectamente natural que los comuneros quieran su parte de la torta y crean ver una gran oportunidad de obtener ganancias rentistas, alentados por dos fuerzas que se retroalimentan: una industria extorsiva de abogados y políticos que cobran comisiones de éxito y una prédica antiminera que va calando.  

Pero esto expresa también que los proyectos ejecutados por medio del fideicomiso no respondieron a un plan integral de desarrollo rural. Si los comuneros tuvieran hoy riego por aspersión y otras tecnologías de Sierra Productiva, estarían metidos en sus negocios ganando dinero en lugar de bloquear carreteras para pedirle dinero a la mina. Eso falló.

También, por supuesto, el Estado, que ni cumplió sus compromisos ni montó un esquema de prevención y manejo institucional de las demandas. Si el polvo levantado supera los límites permisibles o el terreno es comunal, las comunidades deben ser indemnizadas o los caminos asfaltarse. Si no, no. Los derechos deben respetarse y los delitos –los bloqueos– castigarse. Pero para que sea así, la dinámica local en estos grandes proyectos debe elevarse al escenario nacional. Apenas se produjo la interrupción de la carretera, el ministro debió informar a la opinión pública, ventilando las demandas. De lo contrario, solo prosperarán el eventual abuso empresarial o el chantaje social.   

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