"Quienes pararon la carretera, con la venia y apoyo de la policía y del gobierno, fueron unos 2 o 3 mil trabajadores, seguramente maltratados por services o enganchadores. Pero los 500 mil trabajadores acogidos a la ley de promoción agraria con todos los beneficios del régimen general [...] perderán su trabajo". (Foto: Hugo Curotto / GEC)
"Quienes pararon la carretera, con la venia y apoyo de la policía y del gobierno, fueron unos 2 o 3 mil trabajadores, seguramente maltratados por services o enganchadores. Pero los 500 mil trabajadores acogidos a la ley de promoción agraria con todos los beneficios del régimen general [...] perderán su trabajo". (Foto: Hugo Curotto / GEC)
Jaime de Althaus

Analista político

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Los 500.000 trabajadores acogidos a la deberían estar muy preocupados con el proyecto de ley de régimen laboral agrario aprobado en la comisión multipartidaria, porque introduce unos costos tales que simplemente vuelven inviable la actividad, de modo que las empresas tendrán que cerrar.

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El proyecto establece un salario mínimo mayor en 50% a la remuneración mínima vital, disfrazando ese incremento en otros conceptos. Según análisis de Apoyo Consultoría, el incremento total de los costos es de 61%. Y Pablo Bustamante calcula, sobre la base de cifras de la Sunat, que con esos mayores costos el sector agroexportador en su conjunto habría tenido pérdidas por 4.860 millones de soles el 2019.

De modo que adiós agroexportación. Quienes pararon la carretera, con la venia y apoyo de la policía y del gobierno, fueron unos 2 o 3 mil trabajadores, seguramente maltratados por services o enganchadores. Pero los 500 mil trabajadores acogidos a la ley de promoción agraria con todos los beneficios del régimen general, presentes en la planilla del Ministerio de Trabajo (Sunat) y que según Essalud son 524 mil asegurados, perderán su trabajo si esta ley se aprueba.

En lugar de castigar a las empresas que contratan informalmente, se destruye el sector más dinámico de los últimos 20 años, la actividad de punta del desarrollo nacional en lo tecnológico y laboral, que fue capaz de formalizar masivamente en el más informal de todos los sectores. En lugar de extender al resto el esquema virtuoso, se lo suprime.

Es una ola que ya ha casi barrido el sistema privado de pensiones y puede terminar cambiando el capítulo económico de la Constitución, con el aliento del propio presidente Sagasti, y arrasando con otros sectores adelantados, como la minería. Las Bambas sufre ahora un nuevo bloqueo luego de que una semana antes se levantara el anterior. Las interrupciones en el corredor minero son una constante que se parece ya a la interrupción permanente del oleoducto del norte, donde el Estado tiró la toalla. Y donde no la tira, aniquila: Pluspetrol Norte acaba de anunciar que cierra y se liquida debido a multas millonarias impuestas por la OEFA por pasivos ocasionados no por ella sino por una empresa anterior, y pese a un laudo que le da la razón. La explotación de petróleo ya es inviable.

Es el estrangulamiento de la economía moderna, la realización gradual del proyecto anticapitalista de la izquierda. Aprovechando abusos localizados (como en Ica), prédicas destructivas terminan prendiendo en momentos de extrema vulnerabilidad institucional y política, en los que no hay gobierno pero sí un Congreso de partidos terminales dispuestos a jugar cualquier interés particular y electorero. Es un círculo vicioso en el que la precariedad del gobierno y de bancadas sin cohesión ni programa ni visión, alimentan y recogen la protesta social como si ella fuera a darles sentido, arraigo social u oportunidad electoral.

Ese círculo vicioso se prolongará en el próximo período gubernamental si es que el presidente electo no logra formar una sólida coalición de gobierno, algo difícil con bancadas indisciplinadas y falaces. La tentación autoritaria será irresistible.

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