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Comisionitis, la columna de Héctor Villalobos

Experiencias confirman que investigaciones del Congreso, más allá del ruido que generaron, poco es lo que han contribuido

Comisionitis, la columna de Héctor Villalobos

Comisionitis, la columna de Héctor Villalobos

La vocación detectivesca parece ser una cualidad innata en nuestros políticos. Cada cinco años, una nueva promoción de Sherlocks Holmes parlamentarios se une en el Congreso a curtidos investigadores que cuentan con varias comisiones en su haber.

La tentación por la investigación es grande en nuestros políticos. Lamentablemente, no por aquella que se caracteriza por la discreción y cuyo objetivo final es la búsqueda de la verdad. Esa no genera réditos políticos. Lo que tenemos, en cambio, es ese ritual del que somos testigos cada cierto tiempo: llevar a un funcionario o ex funcionario al Congreso para someterlo a un severísimo escrutinio. Luego se desencadena una suerte de competencia interna entre colegas para establecer quién hace la pregunta más faltosa.

Muchos son los que ganan con las comisiones investigadoras: los congresistas que las integran, pues son el foco de la atención, se promocionan gratuitamente y pueden ganarse titulares de forma fácil; los asesores, que se aseguran puestos de trabajo; y los periodistas, que tenemos circo garantizado por varios meses. Incluso los políticos investigados pueden resultar ganando, ya que a veces la vehemencia y falta de tino de sus inquisidores terminan convirtiéndolos en víctimas.

Es cierto que la función fiscalizadora del Congreso está consagrada en la Constitución pero también lo es que muchos parlamentarios, por un apego excesivo a esta labor, dejan de lado otra, más cercana al mandato que el pueblo les encomendó: la de darnos una legislación de calidad.

Las recientes confesiones de la empresa Odebrecht sobre el pago de coimas a funcionarios de tres gobiernos peruanos son el preludio de una nueva temporada de citaciones a políticos. El desfile de funcionarios está descontado, así como los cruces de palabras y dimes y diretes. Al final, y tomando en cuenta los resultados de comisiones investigadoras anteriores, tendremos de todo, menos la verdad.

Poco importa que el Ministerio Público haya iniciado desde hace unos meses una investigación sobre los contratos brasileños en el Perú, indagación que luego derivó en cuatro carpetas. La reserva y la protección del debido proceso no permiten el uso político de las revelaciones.

Más allá de las buenas intenciones que puedan tener algunos de los integrantes de la Comisión Lava Jato, que se reactiva en enero, lo ideal sería que dejaran hacer su trabajo a fiscales y jueces. Las experiencias anteriores confirman que las investigaciones del Congreso, más allá del ruido que generaron, poco es lo que han contribuido a la labor del Ministerio Público.

Aún está fresco el recuerdo de la pomposamente autodenominada megacomisión que investigó al gobierno aprista. Aparte de ocasionar gastos al Estado en recursos y tiempo, lo único que esta logró es que el Poder Judicial anule sus informes. Y, bueno, también consiguió golpear las aspiraciones electorales de Alan García, aunque este no era su objetivo. O al menos no lo era en el papel.

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#AcuerdoNacional: ¿quiénes representarán a los partidos? ►https://t.co/BIkrOKYigM pic.twitter.com/UTQlFVuaAA— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 27 de diciembre de 2016

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