‘Dinileaks’: que rueden más cabezas, por Enrique Pasquel
‘Dinileaks’: que rueden más cabezas, por Enrique Pasquel
Enrique Pasquel

Sospecho que los señores Humala esperan que el escándalo de los ‘dinileaks’ haya encontrado su punto final con la censura de su primera ministra. Me los imagino pensando con ilusión: “Se fue : borrón, cuenta nueva y todos nos olvidamos de este pesado rollo del espionaje a periodistas, aliados y opositores. Cambiamos el fusible quemado y ¡listo!”. Por su parte, García y Toledo (en cuyos gobiernos también se utilizó a la para la misma retorcida finalidad) deben estar suspirando de alivio, pues hasta el momento el escándalo les ha salido gratis. No han asumido ninguna responsabilidad por el hecho de que la DINI de su época se comportó al estilo del SIN de Fujimori.

Lo cierto, sin embargo, es que en este escándalo de nuestro servicio de inteligencia hay dos tipos de responsabilidades y mucho pan por rebanar. Por un lado, existe la responsabilidad política, que ya fue atribuida a quien la Constitución manda: la señora Ana Jara. Por otro lado, existe la responsabilidad penal por los delitos cometidos por los funcionarios públicos que pervirtieron la función de los servicios de inteligencia. Y en lo que a esto respecta todavía no han rodado las cabezas que deberían.

Me explico. Si un grupo de funcionarios estatales (como los agentes de la DINI y quien sea que en última instancia les diera órdenes) desviaron recursos públicos asignados para vigilar la seguridad nacional con la finalidad de realizar espionaje político a ciudadanos que no representaban ningún peligro para el país, tenemos un claro caso de delito de malversación de fondos. Y si además en este proceso, como parece verosímil, se violó información privada, también se habría producido un delito contra la intimidad que amerita unos buenos años tras las rejas para sus autores.

Hablando más claro, no basta con que Ana Jara haya sido censurada. Para que exista justicia y se cumpla la ley, es necesario que se persiga penalmente tanto a los agentes de la DINI que cometieron estos delitos como a los políticos bajo cuyas órdenes actuaron. De lo contrario, quedarán impunes crímenes de Estado cometidos durante tres gobiernos consecutivos. En cristiano, en lo que a responsabilidades penales respecta, la censura de la primera ministra no ha solucionado nada.

Ahora, mientras que al Congreso le corresponde atribuir la responsabilidad política, a quien le corresponde perseguir a los responsables penales es a la fiscalía anticorrupción o a la procuraduría anticorrupción. Pero, hasta el momento, ¡no se oye, padre! Ningún fiscal o procurador ha dicho esta boca es mía ni ha denunciado lo que a todas luces son delitos consumados.

Por supuesto, se trata de un pleito muy duro de comprarse, pues podría alcanzar hasta al mismo presidente de la República y a dos ex mandatarios, poderes a los que nadie quiere enfrentarse. Y, claro, supone también encarar a la oscura DINI. Pero no es menos cierto que los señores de la fiscalía y la procuraduría están ahí para eso y que si no están dispuestos a dar este tipo de batallas, mejor harían en buscarse un trabajo más cómodo.

Los hechos recientes han mostrado que los peruanos hemos sido víctimas de nuestro propio servicio de inteligencia durante los mandatos de Toledo, García y Humala. Los únicos que pueden evitar que los delitos cometidos no queden impunes son los fiscales y los procuradores. Por eso, si estos siguen guardando silencio, solo los podremos llamar de una forma: cómplices.

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