¿Por qué el Ejecutivo observó descuentos a gratificaciones?
¿Por qué el Ejecutivo observó descuentos a gratificaciones?

La agenda sigue en Arequipa, la preocupación por el futuro de proyectos como y la violencia desmedida que generan las “protestas sociales” sigue latente, y mucho más luego de escuchar el viernes.
Leyendo y releyendo su mensaje, pareciera que el mandatario se lo estuviese dirigiendo a él mismo. Nunca mejor aplicado eso de que cada quien es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios, y podríamos añadir: y responsable de su tibieza.

En un momento de su discurso, Humala señala: “El proyecto Tía María no es un caso aislado, nuestros actos hoy repercutirán en el modelo de desarrollo que queremos y necesitamos para el Perú”. Así es, señor Humala, la falta de liderazgo desde su gobierno, la autoridad mellada y colocar toda la responsabilidad en manos de la empresa claro que repercutirán en el país. Sería muy difícil que en las actuales circunstancias la empresa quisiera retomar el proyecto tras los 60 días de pausa, y sería aun más remoto que alguien se atreva a plantear nuevos emprendimientos de envergadura, al menos no bajo el actual régimen.

En otro pasaje de su alocución, señala que quienes se oponen a Tía María “han hecho uso de su derecho a opinar, pero no han asumido ninguna responsabilidad”. Así es, señor presidente, pero usted y el gobierno que dirige tampoco han asumido responsabilidad alguna, todo lo contrario. En su discurso lo deja muy claro: que la concesión del proyecto se dio en el gobierno anterior y que sea la empresa la que defina qué hacer. ¿Y el Ejecutivo? ¿Cómo queda? ¿Será un simple facilitador?

Es cierto lo que usted dijo: el Estado no puede suspender de manera unilateral este proyecto ni ningún otro, pues –citando sus palabras– “tendrá efectos nefastos, tanto jurídicos, por ir en contra de la Constitución y sus leyes, como económicos, porque sentará un precedente negativo que puede replicarse en los proyectos futuros del país”.

Lamentablemente, señor Humala, no tenemos que llegar al extremo de suspender unilateralmente el proyecto para ya padecer los efectos nefastos de la ausencia de autoridad para hacer respetar las leyes. No se necesita rescindir un convenio para ir en contra de la Constitución. Permitir que manifestantes encubiertos bloqueen puentes y carreteras atenta contra el mandato constitucional del libre tránsito. Y que la muerte de un valiente policía, así como la de civiles inocentes no reciban sanción alguna es la mayor violación a las leyes y al Estado de derecho.

Lo más grave es que no hay ánimo de autocrítica ni propósito de enmendar errores. Pareciera que la pausa de 60 días planteada (o mejor dicho aceptada) por la empresa es el bálsamo que el gobierno estaba buscando.

Cuesta admitirlo, pero lamentablemente a este gobierno, después del episodio de Tía María, le queda muy poco margen de acción y de ejercicio de la autoridad. Solo queda esperar que esta administración promueva unas elecciones transparentes y democráticas, y que a partir del 28 de julio del 2016 volvamos a empezar en liderazgo, ejercicio de autoridad y promoción de las inversiones.

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