(Editorial) El No de Nadine

Ha hecho muy bien Nadine Heredia en rechazar tan tajantemente los intentos de algunos correligionarios suyos para cambiar la ley que prohíbe postular a los familiares inmediatos del presidente a sucederlo en el cargo. “Se estarían vulnerando los principios democráticos que yo respeto” ha dicho con razón.

Vale la pena precisar, sin embargo, que un intento como el descrito no solo violaría principios democráticos sino también, y más concretamente, la Constitución.

Quienes pretenden desconocer esto último se amparan en que la letra de la prohibición constitucional solo habla de la reelección inmediata del presidente. Ignoran así que una máxima fundamental del sistema jurídico manda que “ahí donde hay la misma razón, debe haber el mismo derecho”. Y que, ciertamente, las razones que existen para prohibir al mandatario la reelección inmediata, existen también para prohibírsela a su cónyuge. Es decir, que eso que la Constitución busca con esta prohibición no se logra si la misma no se aplica también a los familiares cercanos del presidente.

Un ejemplo. Una de las cosas principales que la prohibición mencionada apunta a lograr es que se reduzcan los incentivos para las medidas populistas y para usar el poder y los recursos públicos a fin de servir a una candidatura específica, desnivelando la cancha electoral. Pues bien, ¿acaso se disminuyen estos incentivos cuando el candidato no es el presidente sino su cónyuge?

En suma, saludamos la claridad con la que la señora Heredia ha rechazado la opción de una ley que le abriese el camino a postular en el 2016, pero aprovechamos para recordar ––aunque solo sea para que nadie más se confunda al respecto– que una ley así de cualquier forma no hubiese hecho “legal” dicha postulación, pues habría sido inconstitucional y, por lo tanto, al menos en lo que respecta al Derecho, ilegítima.

LUCHA A CIEGAS Es bien sabido que sin un buen diagnóstico no puede haber una buena receta. Lo que no es tan conocido es que esto puede ser una de las explicaciones del fracaso que está teniendo el Gobierno en lograr que la inseguridad ciudadana deje de ser la principal preocupación de la población. Y es que, al menos considerando las estadísticas que sobre homicidios recogen el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional (PNP), solo podemos concluir que nuestro Estado no tiene claro cuál es la verdadera situación detrás de la sensación nacional de inseguridad. En efecto, mientras que para la PNP la tasa de homicidios por número de habitantes se ha reducido desde el 2008, para el MP se ha más que duplicado en el mismo periodo.

Naturalmente, este tipo de problemas en la información no puede dejar de tener efectos graves en nuestra política criminalística y, consiguientemente, en la eficacia con que luchamos contra la inseguridad ciudadana. No es lo mismo lo que se necesita para concentrarse en combatir bandas y al crimen organizado (que probablemente es lo que se requeriría priorizar si nuestro problema principal son los homicidios) que lo que hace falta para enfrentar los hurtos, asaltos y, en general, los delitos típicos de la delincuencia común. En otras palabras, para saber qué tipo de criminales tenemos al frente como principal amenaza –y por lo tanto qué tipo de estrategias requerimos– tenemos que saber qué tipo de crímenes son los que más se cometen, y no parecemos saber esto. Nuestra cadena de la seguridad está, pues, rota por el comienzo: por la información.

La buena noticia es que está claro por dónde empezar si queremos comenzar a cambiar el problema de la inseguridad ciudadana: asegurando los datos. Mientras que no podamos ver cuáles son estos con claridad, solo podemos esperar seguir dando palos de ciego.