Han pasado dos semanas desde que, a través de las páginas de este Diario, el ingeniero Martín Vizcarra admitiera que no tenía la menor idea de lo que haría durante los cuatro meses que gobernaría con la holgura y libertad de no tener un “Congreso obstruccionista”.
“¿Tiene algunas ideas puntuales sobre qué cosas le gustaría hacer?”, le preguntaba la entonces editora adjunta de Política Mariale Campos a Vizcarra Cornejo.
“Si bien no hay la obligación de una presentación del primer ministro en el Congreso para dar su plan de trabajo, igual, yo le he pedido que prepare, y seguro en dos o tres semanas va a haber un planteamiento de en qué se va a fortalecer el accionar del Ejecutivo para tener mejores resultados en beneficio de la población”. Ya pasaron dos semanas de esta respuesta en la que queda claro que tenemos un Ejecutivo sin rumbo ni prioridades.
Campos le repregunta a Vizcarra: “O sea, no hay un tema puntual que estaba siendo bloqueado por el Congreso y que ahora ya pueden sacar, sino que van a elaborar un plan”. Ante esto, la evasiva del exgobernador moqueguano fue aún más evidente: “Es en general el entrampamiento. Es en general en todas las acciones, pero yo le aseguro que vamos a hacer un programa de acciones”.
Tras este trabalenguas donde quedó al descubierto, Vizcarra volvió a hacer lo único que sabe hacer –o lo que mejor le sale–: confrontar, y es así cómo llamó “usurpador” a Pedro Olaechea quien en su calidad de presidente del Congreso solicitó al Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la disolución del Parlamento basada en una “denegación fáctica” de confianza que no está contemplada en la Constitución.
Pero esta vez no hubo coro alguno que apoyara tan desafortunada declaración, porque Olaechea Álvarez Calderón está en todo su derecho de solicitar al TC una definición, en tanto considera que la institución que preside ha sido cerrada inconstitucionalmente.
Hoy se cumplen 21 días del cierre del Parlamento, y el país es el mismo. La corrupción no ha cesado, los asaltos y crímenes siguen ocurriendo a diario, la política no es mejor y las acciones –o inacciones– de Martín Vizcarra nos confirman que nunca tuvo razones de fondo para el 30 de setiembre.
El único beneficiado con la ruptura constitucional es el mandatario, que cuenta con un poder absoluto y sin fiscalización, que ha visto incrementar su popularidad y que no tiene ningún tipo de vigilancia “fáctica”.
Sin embargo, debería empezar a preocuparse porque más temprano que tarde una población insatisfecha empezará a pedirle cuentas. Ya no tiene un Parlamento a quien pechar ni una Comisión de Constitución a la que acusar de todos los males del país.
No todo se arregla con la billetera, señor Vizcarra, un decreto que dispone de más de mil millones de soles para los sectores sociales y productivos no es la solución a los problemas de fondo, inaugurar un centro de salud mental en una universidad, tampoco.
Seguimos esperando que en algún momento se anime a gobernar.