“Leguleyadas”, la columna de Diana Seminario

Cuando usted lea esta columna, lo más probable es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya haya decidido el futuro de la candidatura de Julio Guzmán, y lo más probable también es que este continúe en carrera.

Son muchas las razones legales y legítimas que se han esgrimido argumentando que el candidato que ha incumplido los procedimientos legales para inscribirse no debe participar en la contienda. Y la ciudadanía incluso se ha pronunciado en ese sentido en la encuesta de ayer de El Comercio, realizada por Ipsos, en la que el 81% considera que una candidatura debe eliminarse por el incumplimiento de las normas establecidas para la inscripción. Es decir, aplicado a Guzmán, la mayoría está a favor de que se lo saque de juego, por no haber cumplido requisitos básicos.

Sin embargo, lo que es cumplimiento de la ley para unos es “leguleyada” para otros. El sábado, Nadine Heredia se pronunció así en Twitter: “Déjense de leguleyadas, el JNE solo demuestra con su decisión quiénes son sus predilectos”. Y ella con este tuit también.

Significado de ‘leguleyada’, según el Diccionario de la Real Academia Española: “Maniobra o recurso fraudulentos con apariencia de legalidad”.

Y fue, precisamente, Nadine Heredia quien echó mano de cuanta leguleyada pudo para intentar librarse de la investigación de lavado de activos por el contenido de sus agendas. Pero esa es otra historia.

¿Acaso no es una leguleyada intentar salvar la candidatura de Julio Guzmán –a como dé lugar– simplemente por ser él, porque es el único que le haría la pelea a Keiko Fujimori en una hipotética segunda vuelta?

¿Acaso no es una leguleyada que el JNE le haya soplado primero la pluma al Jurado Electoral Especial y este le devuelva la pelota sin ningún pronunciamiento claro?

¿Y qué peor leguleyada que hacernos creer a los peruanos que el “derecho a participar en las elecciones” está por encima del cumplimiento de las leyes? Nunca mejor dicho ayer por Federico Salazar en este Diario: “No se puede ir a votar sin DNI. No se puede candidatear si se conculcan las leyes, los reglamentos y hasta los propios estatutos”.

Y a esto le agregamos lo que dice la Constitución respecto a la participación ciudadana en asuntos públicos: “Los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica”. Es muy clara la Carta Magna, todos tenemos derecho a participar en las elecciones, de acuerdo a los procedimientos legales.

Es lamentable que a estas alturas de la campaña sigamos discutiendo sobre las razones de la continuidad de una candidatura.

Si Guzmán sigue en carrera –que es lo más probable–, estaríamos ante un JNE que estaría decidiendo más por razones políticas que legales, y por presiones externas que pondrían en cuestión la independencia y autonomía que el árbitro del proceso electoral está obligado a exhibir. Un JNE que –incluso–estaría decidiendo por encima de la Constitución. ¿Alguien dijo leguleyada?

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