Presos unidos, por Cecilia Valenzuela

El pacto político entre el MAS de Gregorio Santos, preso en el penal de Piedras Gordas en Lima, y el etnocacerismo de Antauro Humala, preso en el penal Virgen de la Merced, también en Lima, se concretó el último 9 de febrero en la selva central. El incidente de Pichanaki dejó un muerto, 32 heridos y una alianza radical insoslayable.

Los interlocutores, Ydelso Hernández Llamo, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-Perú), militante fundador del MAS y mano derecha de Gregorio Santos, y Roberto Carlos Chavarría, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, cómplice activo del ‘andahuaylazo’ y hombre de confianza de Antauro Humala, planificaron el paro que comenzó el último 9 de febrero en la selva central, el domingo 11 de enero en un mitin convocado por la Asamblea Nacional de los pueblos del Perú y el Tahuantinsuyo, coordinada por el ex emerretista Wilfredo Saavedra.

Los requerimientos del Frente de Defensa del Medio Ambiente de la Selva Central, pasan por la expulsión del Consorcio Pluspetrol, la cancelación de la licencia a la empresa minera Sismsa, la paralización de las Hidroeléctricas de Yanango y La Virgen en el río Tarma y las de Chimay y Tingo en el río Tulumayo; la derogatoria de la ley de hidrocarburos, la compra de deudas y otorgamiento de créditos por Agrobanco, entre otros requerimientos.

El martes 10 de febrero, mientras ocurrían los enfrentamientos provocados por los etnocaceristas en Pichanaki, la Cunarc hacía que en las radios del interior del país, sobre todo en la sierra y en la selva central, se leyera un comunicado firmado por su presidente, Ydelso Hernández, en el que le decían a la población que la contaminación causada por las exploraciones realizadas por Pluspetrol en la zona eran irreversibles y que “en estos instantes ocurría en Pichanaki una masacre de mujeres y niños ordenada por el gobierno central”. Y añadía que, además del muerto y  los heridos, había tres desaparecidos.

Por esa razón, Hernández hacía un “llamado al pacto de unidad de las organizaciones Indígenas del Perú, a todos los pueblos originarios y a las bases de las rondas campesinas del país, a prepararse para un paro nacional de resistencia y una movilización para la lucha contra la historia vergonzosa que arrastra al Perú desde su colonización”.

La trifulca que alarmó al país la semana pasada deja registro de una alianza política feroz con miras al 2016. Patria Roja, la madre del MAS, lidera la mayoría de los  Frentes de Defensa que usurpan la autoridad de alcaldes provinciales y distritales, en gran parte de la sierra. Los etnocaceristas han hecho trabajo político estos años en Junín, Ayacucho, Puno, Tacna y Cusco. Y han recibido, de buena gana, la invitación del Movadef para unirse al Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, con el que los seguidores de Abimael Guzmán pretenderán participar en las próximas elecciones generales.

El Movadef también tiene a su líder en la cárcel. La violencia los crea y la prisión los une.