La última víctima, la columna de Cecilia Valenzuela
La última víctima, la columna de Cecilia Valenzuela
Cecilia Valenzuela
Cecilia Valenzuela

La última “víctima del periodismo”, la periodista , congresista de , se defiende acusando de prensa basura y sicariato a los medios que, recientemente, han hecho público su pasado profesional. Su destino se muerde la cola, la conduce al improperio, la obliga a insultar: hace 15 años, Aramayo se defendía de los funcionarios que la acusaban de quererlos extorsionar, llamándolos fujimoristas, chinistas, montesinistas.

Pero más allá de su ingenio ramplón y su vulgaridad, Aramayo es la triste coprotagonista del libro “Los zarpazos del Gato”, publicado en el 2004 por el periodista puneño Carlos Chisán, donde se recogen los testimonios de cuatro ex funcionarios que tuvieron cargos importantes y que afirman haber sido extorsionados por la dupla que ella integraba entonces con su padre, a quien la comunidad altiplánica conocía como ‘El Gato’.

El último fin de semana, dos de los denunciantes de Alejandra Aramayo se ratificaron en la prensa y la televisión. El último domingo, en reportajes de “Cuarto poder” y “La República”, Julián Barra Catacora y Alfonzo Ureta Yapuchura reconfirmaron el motivo de sus denuncias: la extorsión, y relataron la indignación que les causó la complicidad del Poder Judicial puneño en este asunto.

Tanto Barra como Ureta, gerentes entonces del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca y de Essalud de Puno, respectivamente, sostienen que fueron víctimas de campañas difamatorias al negarse a pagar “las facturas” que la ahora congresista Alejandra Aramayo les pasaba por servicios que sus administraciones no habían contratado.

Después de probar que era inocente de todo lo que los Aramayo lo habían acusado, Julián Barra denunció penalmente a la dupla y a su predecesor, el gerente amigo de los Aramayo que sí les pagaba los chantajes. Después de 10 años, el funcionario que precedió en el cargo a Barra fue sentenciado, pero los cargos contra Aramayo prescribieron. La congresista de Fuerza Popular no se presentó, jamás, ante el juzgado que la requirió y el juez al que dejaba plantado nunca ordenó, siquiera, su comparecencia de grado fuerza.

Ricardo Uceda ha recordado ayer en su columna “El informante” que, lejos de Lima, desde una radio, diario o filial de televisión, inescrupulosos usan el periodismo como arma de chantaje; y que no es poco frecuente que estos chantajistas tengan o excelentes relaciones con el sistema judicial local o a más de un magistrado chantajeado.

De hecho, recuerda Uceda, el reportaje que Augusto Thorndike realizó en el 2004 y que obligó a América Televisión a despedir a ‘El Gato’ Aramayo de la gerencia de la filial América TV-Puno incluyó la revelación de que en el archivo de los Aramayo había un video de una autoridad judicial puneña en trances amorosos.

Es evidente que la notoriedad que Alejandra Aramayo alcanzó las últimas semanas a partir del proyecto de ley contra la libertad de expresión, que presentó con Úrsula Letona, despertó el interés por su pasado profesional. Pero es evidente, también, que durante la campaña electoral Aramayo se saltó las unidades de investigación de los medios arequipeños y capitalinos, la supervisión de la ONG Transparencia y la memoria de su biógrafo y sus víctimas. Sus antecedentes no se hicieron públicos entonces, o por lo menos no trascendieron, y ahora es legisladora y entusiasta promotora de una ley mordaza contra la prensa independiente.

Algunos congresistas han sugerido que Alejandra Aramayo debería pasar por la Comisión de Ética y seguramente ser suspendida, pero la timidez con la que se ha hecho la propuesta se parece a la energía con la que los jueces puneños abordaron su caso.

Aun así, la opinión pública está informada. Si la ley mordaza de Aramayo y Letona estuviera vigente, la veeduría encargada de revisar los contenidos que ellas proponen habría prohibido su publicación. Según han expuesto la propia implicada y sus defensores, se trata de un refrito, de “una denuncia que no es nueva”.

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