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Vargas versus Vargas: La guerra de los medios

Este es el artículo que Álvaro Vargas Llosa publicó en "La Tercera" sobre "las posiciones discrepantes" entre él y su padre

Vargas versus Vargas: La guerra de los medios

Vargas versus Vargas: La guerra de los medios

Los súcubos de la política peruana se las han arreglado para que mi padre y yo tomemos, con el cariño y la lealtad familiar de siempre, posiciones discrepantes sobre el gobierno de Ollanta Humala y el conflicto desatado tras la adquisición del Grupo Epensa, conglomerado de diarios, por parte del Grupo El Comercio en lo que atañe a la producción y comercialización (no a los contenidos).

El Grupo La República, tercer conglomerado de prensa escrita, que pretendió originalmente hacerse con Epensa, cuenta con el respaldo público del presidente Humala en su pretensión, materializada a través de una acción de amparo planteada por ocho periodistas, de impedir la adquisición realizada por  El Comercio. Los críticos de la operación exigen límites a lo que llaman “concentración” de medios escritos y acotar el universo de lectores que un grupo puede abarcar.

Planea sobre el Perú una amenaza contra la libertad de empresa y de expresión en los medios impresos. Como pasó en la Argentina de los Kirchner, el gobierno, otros actores políticos o una judicatura bajo presión del Ejecutivo y sus aliados pueden acabar lesionando la libertad. Pretenden introducir en el modelo peruano, imperfecto pero exitoso, modificaciones que lo desfigurarían.

La República, que tiene la sexta parte del mercado de diarios y es afín al gobierno, intentó comprar Epensa, que abarca algo más de la cuarta parte y mantiene una línea de oposición. La operación contaba con el beneplácito de los accionistas mayoritarios, pero no de quienes tenían el 44 por ciento y gestionaban la empresa. Estos recurrieron a  El Comercio para adquirir la mayoría. El acuerdo al que llegaron dio a El Comercio el 54 por ciento de Epensa en lo que respecta a la parte operativa y comercializa-dora; mediante una sociedad paralela, se acordó que los gestores de Epensa seguirán controlando los contenidos de sus diarios.

Desde el punto de vista comercial, la única diferencia entre la operación que pretendía realizar La República y la que se consumó es esta: en lugar de que dos grupos representen, cada uno, casi una mitad del mercado (lo que hubiera sucedido si Epensa acababa en manos de La República), ahora un grupo,  El Comercio, abastece a tres cuartas partes y el resto sigue igual. A lo cual hay que añadir que La República y  El Comercio son socios en Plural TV, por lo que si hubiera prosperado la iniciativa original de La República, el mercado habría quedado dividido en casi dos mitades, a manos de dos empresas que son socias en un canal de televisión abierta y otro de televisión por cable.

A diferencia del aspecto comercial, desde el punto de vista político, la diferencia entre lo que hubiera sucedido si La República, cercana al gobierno y con tendencia de centroizquierda, adquiría Epensa y lo que sucede ahora es muy significativa: en el primer caso, casi una mitad del mercado de periódicos estaría abastecida por un grupo cercano al gobierno. En cambio ahora, nada ha cambiado, porque la línea de Epensa y la línea de  El Comercio se manejan por separado. Hoy tienen coincidencias en su línea crítica frente al gobierno. Ambos apoyaron a Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 2011, pero no está claro que vuelvan a hacerlo ni que vayan a coincidir en sus preferencias pasado mañana. En el mercado de periódicos, la composición de fuerzas desde el punto de vista político no ha sufrido variación. A lo que hay que añadir que la mayor parte de la cuota de mercado de ambos grupos está determinada por sus diarios populares, no los políticos.

A partir de la compra frustrada, La República inició una impactante campaña para denunciar la “concentración” del mercado de periódicos. Sus argumentos contra  El Comercio son también, por lo expuesto anteriormente, argumentos contra sí mismo. Pero la campaña movilizó a un buen número de adversarios de El Comercio, entre ellos valiosos periodistas que en su día fueron despedidos o renunciaron, e instaló en el imaginario la idea de que un grupo tiene el cuasi monopolio de las comunicaciones. El argumento detrás de la acción de amparo en poder de un juzgado constitucional es que viola el artículo 61 de la Constitución, según el cual la prensa, la radio y la televisión no pueden “ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento” por parte del Estado ni los particulares.

El aspecto político de esto cobró una dimensión muy per-turbadora cuando Humala se amparó en unas declaraciones de mi padre contra la operación entre El Comercio y Epensa (a pesar de que en ellas había dejado en claro que se oponía a una intervención política) para secundar abiertamente la acción de amparo. Ello, en un país con una ingrata y reciente historia de tribunales sometidos a la presión del poder. También pidió la intervención del Congreso –donde junto con sus aliados suma mayoría y no tiene problemas para ganar votaciones–, refiriéndose a  El Comercio en términos parecidos a los que usa el gobierno argentino contra el Grupo Clarín, con la inevitable metáfora de los cefalópodos tentaculares. La amenaza salió como flecha del carcaj y se incrustó en el blanco: “Ahorita no es ilegal”, sentenció el mandatario, la operación entre El Comercio y Epensa.

A pesar de que la SIP emitió un comunicado advirtiendo a Humala que no debe inmiscuirse en la disputa, el oficialismo siguió en campaña contra la “concentración” de medios. Han surgido iniciativas legislativas ojerosas, como la del Frente Amplio, agrupación de izquierda vinculada a un ex primer ministro de Humala con aires setenteros que pide “regular la información”. El ambiente se ha crispado como en la segunda vuelta: todo aquel que no apoye la intervención es un “fujimontesinista”.

La fi gura del acaparamiento y el monopolio es un absurdo en este caso (para no hablar de lo obsoleta que resulta en la era informática). El acaparamiento tiene sentido cuando se habla de licencias y frecuencias, no cuando se habla de lectores de diarios. A menos que El Comercio encadene a sus lectores a su edificio en el jirón Miró Quesada, no se ve cómo podría“acapararlos”. Hace una década, La República abarcaba una cuota de mercado tres veces superior a la de su rival. Como no había “acaparamiento”, las cuotas de todos los participantes sufrieron variación: algunos lectores migraron de unos diarios a otros y surgieron muchos nuevos. En ese proceso, la creación de medios desde cero, solo uno de ellos político y los otros de muy diverso tipo, permitió al grupo hoy dominante ampliar su cuota y alcanzar esa posición.

Los que quieren una intervención del Estado –por la vía judicial o legislativa– contra el libre mercado se aferran al artículo 61 de la Constitución. Pero ese artículo amalgama cosas distintas: diarios, televisión, radio y otros servicios. Que el tratamiento de las distintas áreas debe ser diferente se confirma en el mero hecho de que la legislación hoy solo aplica límites en el campo televisivo y radial, y no en el escrito. El artículo está redactado con cierta torpeza, pero su espíritu es inequívoco: se opone a que alguien abuse de una situación dominante y a que imponga barreras de entrada ilícitas a terceros. No permite el acaparamiento de aquello –se entiende– que sea acaparable.

El mercado de lectores no es un animal inerte, una materia finita o exclusiva. No hay barreras de entrada que impidan a nadie poner un diario, razón por la cual hay hoy 60 diarios en el Perú (también hay muchos canales de televisión de señal abierta, solo uno de los cuales es del principal grupo de periódicos en sociedad con su rival, La República). Puede decirse que la propia legislación de televisión y radio re-coge la ausencia de límites al número de lectores que puede tener un grupo de prensa escrita, pues no pone topes al número de televidentes. Nada impide que La República use los 17 millones de dólares que iba a utilizar para comprar Epensa creando diarios que desplacen a los de El Comercio.

El artículo quincenal de mi padre que el diario “El País” revende en distintos lugares emigró de  El Comercio a “La República” en el 2011. Supongamos que ese hecho hubiera provocado un aumento de la cuota de mercado de La República ligeramente por encima de la que una hipotética limitación intervencionista le hubiera fijado como tope. La República hubiera tenido que renunciar a los derechos sobre los artículos de Mario Vargas Llosa o vender uno de sus diarios. Un perfecto absurdo.

El intervencionismo nace de una idea errónea del monopolio. Durante siglos, la concepción del monopolio fue la correcta: un privilegio que confiere el Estado. Así se lo entendió en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, donde los liberales denunciaron los privilegios que confería la Corona. En el siglo XVIII, Lord Coke enunció esta concepción al hablar de “un privilegio concedido por el rey” que “restringe la libertad previa de otras personas y obstaculiza su comercio”. Solo en el siglo XIX surgió, impulsada por socialistas e intervencionistas, la idea de que el monopolio significaba un vendedor único o dominante que impedía la competencia. Hasta que la Escuela Austríaca de Economía, gracias a Mises y Hayek, hizo polvo esa aberración, explicando que una empresa dominan-te, si no está protegida por barreras de entrada ilícitas, vive siempre bajo amenaza. Como lo prueba la cambiante fortuna de los grupos de periódicos en el Perú.

El campeón del mercado es el consumidor. Los mercados tienden hacia la consolidación por razones de eficiencia, pero nada garantiza el éxito permanente a los dominantes. Quienes usan el índice Herfindahl para medir la concentración de los diarios en el Perú miden algo inútil, porque todo pue-de cambiar gracias al capricho del lector. Aun así, el índice no abona en favor de los intervencionistas. Hice mis propios cálculos (el índice consiste en elevar al cuadrado cada cuota de mercado expresada como fracción y luego sumarlas todas: el máximo de concentración es 1 y el mínimo, 0). El resultado actual, algo más de 0,6, está muy lejos del monopolio (que sería 1); el que se habría dado si La República hubiera comprado Epensa, 0,43, no es muy distante del que hoy denuncia.

Los intervencionistas han invocado ejemplos internacionales. Su información es errónea y en ciertos casos confunde los límites a la adquisición de televisiones por parte de grupos de prensa escrita con topes a la cuota permitida a un grupo.

Es falso que en Estados Unidos haya límites preestablecidos. El mercado no es nacional: está fragmentado por ciudades. En el 97 por ciento de ellas hay un solo diario. En España no hay cuota de mercado máxima para los diarios o grupos.

Lo único que hay, pero esto va-le para cualquier industria, es una Comisión de la Competencia que supervisa fusiones. En Alemania tampoco hay cuota máxima. Ni en Reino Unido: la ley del 2003 solo impide a quien tenga más de 20 por ciento acceder a un determinado porcentaje del mercado televisivo. Rupert Murdoch “acapara” más del 35 por ciento del mercado y los dos grupos principales rondan el 60 por ciento.

El único ejemplo correcto usado por los intervencionistas es el de Francia, donde hay un límite de 30 por ciento. ¿Cuál ha sido el resultado de esa y otras medidas antieconómicas? Nada menos que la quiebra virtual de la industria, que hoy sobrevive gracias a ¡los subsidios del Estado!

En la Argentina del siglo XIX, el gran liberal Juan Bautista Alberdi escribió: “La prensa es un poder no delegado que el país retiene para ejercerlo él mismo”. Hago votos para que en el Perú la guerra de los medios no acabe dando a Humala y su mujer, la impaciente Nadine Heredia, el pretexto para convertirla en un poder delegado.

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