Hoy se realizará la XVII Marcha del Orgullo LGTBI. El fin de la movilización será en la Plaza San Martín. (Lino Chipana / El Comercio)
Hoy se realizará la XVII Marcha del Orgullo LGTBI. El fin de la movilización será en la Plaza San Martín. (Lino Chipana / El Comercio)
Maria Alejandra Campos

Hace más de tres años fue la última vez que se debatió un proyecto de ley relacionado a los derechos de parejas homosexuales en el Congreso, cuando, el 14 de abril del 2015, la Comisión de Justicia, presidida por Juan Carlos Eguren del PPC, archivó el proyecto de ley de unión civil para personas del mismo sexo.

Hoy existen dos iniciativas legislativas relacionadas al estatus legal de las parejas homosexuales. La primera es un nuevo proyecto de unión civil presentado en noviembre del 2016 por la bancada de Peruanos por el Kambio. La segunda es la iniciativa del Frente Amplio (antes de su separación de Nuevo Perú) sobre matrimonio civil igualitario, que plantea modificar el artículo 234 del Código Civil, especificando que el matrimonio es una unión voluntaria entre “dos personas”, en lugar de entre “un varón y una mujer”, como dice actualmente. Esta última fue presentada en febrero del 2017.

Luego de más de un año, ambos proyectos de ley siguen esperando turno en las comisiones de Justicia y DD.HH., actualmente presidida por Alberto Oliva de PpK, y de Constitución, actualmente presidida por Úrsula Letona de FP. Sin embargo, al cierre de esta legislatura, aún no han sido puestos en agenda para ser debatidos.

¿Por qué no se ha discutido el tema luego de tanto tiempo? Diría que porque no hay incentivos para ninguno de los dos sectores: ni para los promotores de los proyectos de ley ni para sus detractores.

En el caso de los primeros, son conscientes de que la actual composición del Poder Legislativo no los favorece, ya que tiene un fuerte componente conservador y sería probable que, de debatirse alguna de las iniciativas, no alcanzaran los votos para pasarla al pleno, como sucedió en el 2015.

Del otro lado, los detractores podrían promover que entren en agenda para archivar los proyectos rápidamente, pero no les conviene asumir el costo político de que el tema esté en agenda. La población homosexual podrá ser minoritaria, pero, como demuestra cada año la Marcha del Orgullo, es un segmento cada vez más activo de la sociedad.

Es por ello que es poco probable, por no decir imposible, que haya avances en este frente propiciados por el Legislativo en los próximos tres años.

Sin embargo, el ámbito judicial muestra un escenario algo más optimista. A diferencia de cuando se debatía la unión civil en el 2015, hoy existe una opinión consultiva (OC) de la Corte IDH emitida en noviembre del 2017, la cual afirma que “la Convención Americana protege […] el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo” y que “también deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las parejas entre personas heterosexuales […], todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar protegido entre personas del mismo sexo”.

Si una demanda de amparo por el reconocimiento del derecho a la no discriminación, expresado en el matrimonio de dos personas homosexuales, llegase al Poder Judicial, los jueces tendrían que tomar en cuenta los parámetros de la OC, con lo cual, en teoría, el fallo debería ir en línea con lo planteado por la corte.

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