(Foto: Lino Chipana / El Comercio)
(Foto: Lino Chipana / El Comercio)
Diana Seminario

A una semana del , las reacciones y comentarios siguen siendo unánimes: fue un absoluto desastre. Pero más allá de la “anécdota”, como prefiere llamar la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, a la incapacidad de organización demostrada para contar cuántos somos, es claro que el censo ha desnudado que desde el 28 de julio del año pasado el actual gobierno se ha dedicado a enfrentar la coyuntura, y no ha prestado atención a planeamientos estructurales.

En junio del 2015, el gobierno encargó funciones de jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al subjefe Aníbal Sánchez Aguilar, en tanto culminara el proceso para designar al nuevo jefe de esa institución. Firmaron la resolución Ollanta Humala y su presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Culminó la administración Humala y no se oficializó ningún nombramiento, y el actual gobierno fue incapaz de prestar atención al funcionamiento del instituto de estadística.

El censo es la muestra palpable de un gobierno que no supo hacer un “corte de gestión”, y este error ya lo estamos pagando. Este conteo es importante precisamente para aplicar con eficiencia políticas de Estado. Ahora, la deficiente recolección de la data pone en peligro los resultados.

Al mejor estilo de la actual administración, se puso el acento a la foto de los ministros empadronando ciudadanos, se subrayó en explicar una pregunta sobre origen étnico y no se puso la lupa en el verdadero fondo y sentido de un censo.

La primera reacción de la presidenta del Consejo de Ministros, ante la constatación del fracaso del censo, fue: “Encontramos problemas logísticos que me parecen bastante insólitos para una cosa que tiene tantos años de preparación y tanto presupuesto”. Parecía que el mea culpa traería consigo una enmienda, teniendo en cuenta que ante tan “insólitos” problemas, solo cabía anular lo actuado.

Sin embargo, el entusiasmo duró poco, porque al día siguiente Aráoz sentenció: “El INEI es una institución que debemos proteger y tenemos un censo que está bien hecho”.

¿Cómo pudo afirmar que es un censo bien hecho después de admitir las fallas? ¿De verdad podemos creerle que el INEI es una institución a proteger, cuando nunca se nombró a un jefe y se permitió que una persona “encargada” de la jefatura asumiera la responsabilidad de un censo nacional? Y, por último, se pone de plazo tres semanas para nombrar al nuevo titular del INEI. ¿Se pretende arreglar en tres semanas lo que esta administración no pudo resolver en año y medio?
Que no vaya a creer la presidenta del Consejo de Ministros que “muerto el perro, muerta la rabia”. Hay muchas explicaciones que dar y las políticas que se apliquen, avaladas por un censo como el que se acaba de realizar, tendrán siempre la falla de origen.

Lo ocurrido el domingo pasado evidencia no solo falta de planeamiento y desidia por las cuestiones de fondo y estructurales, también muestra graves falencias de este gobierno, por lo que es válido preguntarnos: ¿cuántos otros INEI habrá en el Estado?, ¿cuántos ‘censos’ tendrán que ocurrir para que haya un cambio real?

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