El proceso contra Pablo Sánchez en el Congreso podría romper promedios y terminar en 37 días. (Foto: Archivo El Comercio)
El proceso contra Pablo Sánchez en el Congreso podría romper promedios y terminar en 37 días. (Foto: Archivo El Comercio)

Desde que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibe una denuncia hasta que se envía el informe final de esta a la Comisión Permanente, pueden pasar 50 días, según el libro “Manual del Parlamento” (César Delgado-Guembes, 2012). En el caso de la denuncia contra el fiscal de la Nación, , el proceso podría romper promedios y terminar en 37 días.

La Comisión Permanente aprobó el lunes último otorgar un plazo de 15 días (hábiles) para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue a Pablo Sánchez, proceso basado en las denuncias de Daniel Salaverry (Fuerza Popular) y Yeni Vilcatoma (no agrupada). Estas habían sido declaradas procedentes el miércoles pasado.

La decisión fue adoptada por la mayoría fujimorista: 13 de sus 15 miembros titulares votaron a favor (los dos restantes no estuvieron en la sesión). En contra estuvieron los oficialistas Vicente Zeballos y Gino Costa; Marco Arana y Wilbert Rozas (Frente Amplio); Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso); y Jorge del Castillo (Apra). A diferencia de Del Castillo, su colega Mauricio Mulder optó por la abstención. Igual decisión tomó Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular).

“Quiero escuchar el proceso, quiero escuchar la defensa del fiscal, a los acusadores. Quiero saber qué es lo que van a decir todos. De repente me convencen y cambio de opinión”, afirmó García Belaunde al ser consultado.

Añadió que el plazo de 15 días dado para la investigación es excesivo. “Diez días eran más que suficientes. Votar en abstención nos da la libertad de luego votar como queramos”, dijo.

—Excepción y regla—
Antes de aprobarse el plazo de 15 días para la indagación a Pablo Sánchez, la Comisión Permanente se entrampó en una discusión de si podía archivarse la denuncia en esa instancia.

La polémica surgió a raíz de un antecedente mencionado por Marisa Glave (Nuevo Perú) y Vicente Zeballos.

Se trata de la denuncia constitucional 13, formulada contra el ex magistrado del Tribunal Constitucional Óscar Urviola. En una sesión de la Comisión Permanente del 16 de noviembre del año pasado, se acordó “no conceder un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice y presente su informe final, por lo que se procede al archivamiento”.

En ese caso, se logró archivar el caso con nueve votos, entre ellos el de Luis Galarreta, actual presidente del Congreso.

En la sesión, cuando se le pidió usar ese antecedente para entrar al debate sobre el fondo de la denuncia contra Sánchez, Galarreta se negó a esa posibilidad. Sostuvo que era una excepción. “Y la excepción no hace la regla”, afirmó.

Su postura fue respaldada por sus colegas fujimoristas. Héctor Becerril insistió en que la Comisión Permanente no podía anular algo –la procedencia– que ya se había aprobado en la subcomisión. Cecilia Chacón añadió: “La democracia es respetar los votos”.

En la sesión, Arana insistió en que todo se trata de un “abuso de poder del fujimorismo” y recordó el caso de la Comisión de Constitución, en la que la opinión consultiva para que Pedro Pablo Kuczynski asista a la Comisión Lava Jato también se aprobó solo con votos fujimoristas.

Respecto a la investigación, si en el informe final de la subcomisión se recomienda acusar constitucionalmente a Pablo Sánchez, esa propuesta luego debe verse en la Comisión Permanente. Si esta la aprueba, deberá formarse un grupo acusador para llevar el caso al pleno del Congreso.

Al ser una acusación por infracción a la Constitución, en el pleno se requieren 69 votos (dos tercios del número de miembros del Congreso sin participación de los de la Permanente). Fuerza Popular, sin contar a sus 15 integrantes de la Comisión Permanente, tiene 56 votos. Es decir, requieren votos de 13 congresistas de otras bancadas para destituir a Pablo Sánchez.

(El Comercio)
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