JNE denuncia a partidos políticos por afiliaciones sin consentimiento: El camino para salir de un registro indebido

El presidente del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó el miércoles 23 que su institución se encuentra denunciando ante el Ministerio Público a organizaciones políticas que han afiliado a ciudadanos consignando sus firmas sin el consentimiento de los mismos.

“Las solicitudes de desafiliación presentadas están siendo atendidas con celeridad”, aseveró Burneo en un pronunciamiento junto a Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), aunque no precisó el número de casos ni a qué organizaciones políticas se ha denunciado.

Asimismo, el titular del JNE anunció que, ante los casos reportados, el ente electoral eliminará de forma inmediata el cobro de S/46,20 a los ciudadanos que realicen el trámite de desafiliación.

“El sustento de estas denuncias fueron los 130 informes técnicos presentados por el Reniec, con los que se observaron 238.335 firmas, las que quedaron invalidadas para el proceso de inscripción de estas organizaciones políticas”, acotó Velarde y recordó que en el Congreso está pendiente la segunda votación de un proyecto de ley para que el proceso de afiliación partidaria se realice mediante el reconocimiento facial de los ciudadanos.

La facultad del JNE para realizar denuncias está establecida en una resolución publicada el 25 de marzo por el ente electoral.

De acuerdo con el artículo 149 de la resolución 0108-2025-JNE (Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas), si tras el proceso de desafiliación se comprueba que la firma no pertenece al ciudadano, los actuados serán trasladados a la procuraduría del JNE para que presente la denuncia correspondiente. Sin embargo, para llegar a ese punto, el ciudadano afectado debe iniciar el trámite de desafiliación.

Actualmente hay 43 partidos inscritos para participar en las elecciones generales del 2026, de los cuales 18 lograron su inscripción entre el año pasado y este 2025.

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Las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afiliados sin su consentimiento a partidos políticos se empezaron a multiplicar en redes sociales desde el último fin de semana. Las historias las dio a conocer El Comercio en un anterior informe.

Cabe recordar que, por norma, para que un ciudadano sea afiliado a una organización política, debe firmar y colocar su huella en una ficha proporcionada por dicha agrupación. Luego, el documento es presentado ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.

En comunicación con El Comercio, Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, refirió que los ciudadanos afectados por afiliaciones indebidas pueden no solo denunciar directamente a los partidos políticos, sino también a las máximas autoridades del JNE y del Reniec, quienes, a su juicio, “son corresponsables de esta negligencia”.

Rospigliosi señaló que los presuntos ilícitos serían delito contra la fe pública, usurpación de identidad y negligencia en el cumplimiento de deberes de función.

“La jefa del Reniec y los integrantes del pleno del JNE son corresponsables por no haber cumplido de manera diligente sus funciones. Ahora quieren pasar por agua tibia esto”, expresó.

El exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello, experto en derecho electoral, refirió que cualquier ciudadano afectado puede interponer una denuncia ante el Ministerio Público “sin ningún problema”.

Agregó que estas personas, incluso, tienen el derecho a solicitar que la fiscalía ordene al JNE a entregar una copia del documento de afiliación.

“Esto con la finalidad de que un perito del Ministerio Público realice una pericia grafotécnica para que se tomen acciones penales en contra de los que resulten responsables por esta falsificación [de firma]. Ya es tiempo de poner orden, sobre todo cuando hay tantos partidos políticos. Sin duda se debe poner coto, ya está la alarma, ahora se debe accionar con contundencia”, remarcó.

Horas antes del anuncio del JNE, el exdirector del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) Fernando Rodríguez Patrón y los especialistas en derecho electoral José Tello y José Naupari coincidieron en señalar que el cobro de la tasa debía ser eliminado o postergado.

Además, cuestionaron que el proceso de desafiliación tenga un costo, mientras que la renuncia a las organizaciones políticas se puede hacer de forma gratuita.

Rodríguez Patrón consideró que el JNE debía eliminar de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) el cobro de la tasa de S/ 46,20, pero establecer una penalidad para aquellos ciudadanos que no tengan la razón.

“No hay mucha lógica, el que sí estuvo afiliado y quiere renunciar debe pagar el trámite. Pero aquel que dijo que nunca se afilió, ¿por qué tendría que pagar? Eso está mal”, señaló.

El exjefe del ROP explicó que completada la solicitud de desafiliación, lo que hace el JNE es solicitar los descargos al partido político.

Agregó que, si el partido no contesta en el plazo de tres días, se procede con la desafiliación y el ente electoral, a través de su procuraduría, debe denunciar a la agrupación. Sin embargo, precisó que el ciudadano que presenta la denuncia también corre el riesgo de ser denunciado si es que se comprueba que su firma sí corresponde.

Asimismo, sostuvo que el JNE podría contratar a uno o dos peritos para que se encarguen de estos casos, quitándole al ciudadano afectado la carga de tener que pagar a un especialista para acreditar que la firma en la ficha de afiliación no le pertenece.

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Tello tuvo una postura similar sobre el cobro de la tasa. “Las personas que son afiliadas indebidamente son víctimas y no puedes hacerle pagar por algo cuando está siendo víctima de una situación indeseada”, aseveró.

Advirtió que muchas personas estaban optando por renunciar debido a que ese trámite no genera un costo. No obstante, señaló que estarían incurriendo en un error, pues estarían dándole la razón a quienes los afiliaron ilícitamente. “Renunciar es convalidar, es reconocer que han estado afiliados y esto no hay forma de revertirlo. Con eso liberan a todos los responsables de esta cadena delictiva”, remarcó.

Tello explicó que, si tras el proceso de desafiliación se demuestra que la firma no le pertenece al ciudadano, la responsabilidad legal recae en el personero legal del partido, el secretario de organización o quien tenga en conservación el padrón de afiliados.

No obstante, también puede ocurrir lo contrario, que el ROP le dé la razón al partido. Afirmó que, en ese caso, el JNE trazó otro camino en la resolución 0017-2025-JNE, en la que estableció que el ciudadano afectado puede apelar y presentar nuevas pruebas, como peritajes propios.

Añadió que, si esto ocurre, es probable que el plazo de desafiliación se extienda por más de 30 días.

Inicialmente, son tres días para que el partido brinde sus descargos presentando la ficha de afiliación y la certificación de la firma por parte del Reniec. Si no hay respuesta, se le da la razón al ciudadano. Pero también podría ocurrir lo contrario.

De acuerdo con Tello, lo que corresponde en este caso es apelar ante el JNE dentro de los cinco días hábiles. “En la resolución N°0017-2025, lo que dice el pleno es que, si hay mayor probanza y pericias grafotécnicas, eso se tiene que valorar”.

Bajo la lectura del especialista, con la cantidad de carga que ha recibido el Reniec no se ha podido hacer un filtro eficiente.

Subrayó que si, en cualquiera de las dos instancias se le da la razón al ciudadano, corresponde al JNE denunciar a la agrupación política y quienes resulten responsables por el delito de falsedad. “Lo que están dando es un documento falso para un proceso administrativo que en este caso es un padrón de afiliados”, acotó.

Tello advirtió que al afiliarse indebidamente también se estaría perjudicando a las personas que buscan postular a cargos que tengan como requisito no militar en una agrupación en los últimos cinco años, como jueces, fiscales, etc. “Te malogra el proyecto de vida. Esto es preocupante y perturbador”, concluyó.

Revisa aquí la resolución N°0017-2025-JNE

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Para Naupari, el pago podría diferirse o trasladarse a la organización política. “Lo que podría hacerse es que el trámite sea gratuito si es que la agrupación política no responde y si responde sí debería hacerse el pago”.

Sin embargo, señaló que no hay una sanción establecida a nivel administrativo para los partidos que incurran en este tipo de afiliaciones. “En el peor de los casos lo que puede pasar es que la Procuraduría los denuncie por falsedad”.

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Este Diario solicitó contactarse con un vocero del JNE, pero al cierre de este informe no hubo respuesta.

En tanto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) detalló que tiene la competencia para verificar las firmas desde el 2023 y, desde entonces, han derivado al JNE 130 informes en los que dan cuenta de registros de firmas u observados.

“En total se observaron más de 230 mil registros (firmas) de diversas organizaciones políticas a nivel nacional. En el 2023 fueron 43 informes, en el 2024, 63 y, en el 2025, 24”.

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