Pedidos por desafiliación indebida se incrementan hasta en 140 veces: Más de 4.000 ciudadanos presentaron solicitudes

De acuerdo con datos oficiales, a los que accedió El Comercio, 4.197 ciudadanos ingresaron solicitudes ante la autoridad electoral para que sean retirados de un partido político o de un movimiento regional, al advertir —como es la naturaleza de esta figura— que fueron inscritos sin haber brindado su consentimiento y que usaron sus datos personales. Las cifras comprenden el período entre el 1 de enero al 6 de junio último.

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Al comenzar el 2025, solo se presentaron 18 solicitudes de este tipo. Sin embargo, el número fue en aumento y se disparó en abril, con 1.410 casos; y en mayo, con 2.510. En suma, este último pico —el más alto de lo que va del año— fue un incremento marcado cercano al 14,000% respecto a enero. Todo esto, naturalmente coincide con las múltiples denuncias que se viralizaron en redes sociales y presentadas por medios de comunicación.

“La evolución sí ha sido notable, porque la cantidad histórica de solicitudes que ingresaban hasta el año pasado al registro eran aproximadamente de siete mensuales. (…) Son cifras absolutamente inusuales”, explicó a El Comercio Felipe Paredes, director nacional del Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

Ya en junio, se ha registrado una desaceleración, con 192 en los primeros seis días. De momento, la gran mayoría de estas solicitudes aún se encuentran pendientes y están en trámite, siendo que a la fecha solo 199 pedidos han sido declarados procedentes y los ciudadanos ya no aparecen vinculados a las agrupaciones que llevaron ante la justicia electoral.

Un reporte preliminar, con fecha de corte el 7 de mayo, permite hacer un ranking por agrupación política. Y la que acumulaba -hasta esa fecha- la mayor cantidad de solicitudes de desafiliación por afiliación indebida es Nueva Gente, que aún sigue en proceso de inscripción. Más de 540 ciudadanos recurrieron ante la autoridad solicitando ser retirados argumentando haber sido afiliados de manera irregular y sin su consentimiento.

En la lista, detrás estaban agrupaciones con inscripción vigente desde hace varios años, como Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú, así como partidos recientemente incorporados al sistema, como Progresemos y Perú Moderno. Lo que evidencia que esta problemática no se limite únicamente a organizaciones nuevas, sino que atraviesa a todo el espectro de partidos y movimientos regionales.

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Carlos Vega, presidente de la agrupación, confirmó a este Diario que hasta el momento han sido notificados aproximadamente de 351 casos. En la mayoría, se está dejando que las desafiliaciones procedan dejando que el proceso administrativo siga su curso.

Sin embargo, si bien reconoció que hubo una suerte de “descontrol” en el proceso de la recolección de firmas, también sugirió que muchas de estas desafiliaciones, aunque presentadas como “indebidas”, corresponden a personas que sí se afiliaron voluntariamente al partido, pero ahora buscan desafiliarse con propósitos electorales.

“Muchas de las personas que se están desafiliando se afiliaron al partido de verdad; sin embargo, ahora que quieren ser candidatos en diferentes organizaciones ya se presentan como que los han afiliado indebidamente”, refirió.

También confirmó que se ya se han abierto, al menos, dos pesquisas fiscales por el caso de las firmas.

Este Diario intentó recoger la postura de la dirigencia de APP, pero no fue posible.

En la relación de personas que han solicitado su desafiliación, hay profesionales de distintas especialidades, funcionarios y ciudadanos de diversos sectores, incluso personal de las fuerzas del orden y de la fiscalía, que por la naturaleza de labor están impedidos de tener vínculo político. A buena cuenta, es un problema transversal también en este aspecto y sus implicancias no son menores. Pero cada caso es independiente y algunos han logrado tramitar su desafiliación ante la autoridad electoral de manera más rápida, mientras que otros aún siguen atrapados en este proceso.

“No es una afiliación indebida, es un acto ilegal y un delito”, expresó uno de los afectados contactados por este Diario. En su caso, es abogado de profesión y, junto a su esposa, fue incluido en los padrones del partido Nueva Gente, cuyo nombre nunca habían escuchado. Expresó su frustración por todo el proceso burocrático, sobre todo por el requisito de generar una casilla electrónica para poder iniciar el trámite. Tuvo que acercarse personalmente y más de un mes después no tiene respuesta.

“Soy abogado y conozco mis derechos y podido al menos ingresar la solicitud, pero cuánta gente tiene que regresar a su casa sin hacer un trámite sobre algo que ni siquiera uno ha buscado. Me causa indignación”, expresó. Una vez que se resuelva el caso a nivel administrativo, recurrirá a la justicia penal por el uso de sus datos.

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Este Diario conoció también el caso de una alta funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que fue incluida sin su autorización en el padrón del partido denominado ADN. Su pedido fue acogido y se eliminó del registro su supuesta vinculación.

Distinta es la situación de una fiscal del cono norte, que fue incorporada en la agrupación Centro Unidos y, a pesar de haber presentado hasta dos solicitudes, también sigue a la espera de una respuesta. “Yo ni siquiera puedo pertenecer a un partido político por mi trabajo”, expresó. No se explica cómo no solo han tenido todos sus datos, sino también su firma.

La razón por la que algunos casos se resuelven más rápido que otros, independientemente de la avalancha de solicitudes, está en todo el proceso administrativo que se tiene que seguir según el actual marco normativo.

Según información de la consultora Aklla Perú, una vez que el ciudadano presenta su solicitud de desafiliación por afiliación indebida, esta es notificada a la organización política implicada. Si esta no contesta dentro de los tres días, simplemente se acepta el pedido y procede.

Sin embargo, distinto es cuando la agrupación sí responde (que Reniec validó la firma, por ejemplo) y con lo cual se le da un plazo al ciudadano para que presente otros medios probatorios (como una pericia grafotécnica, cuyo costo va desde los S/500). Si no logra revertir esto, se rechaza su pedido.

Desde que se destapó el escándalo, se han tomado algunas acciones, como la eliminación de las tasas por los trámites (de inicio, que era de S/46.20; y por apelación, de S/802.50). Le siguió una modificación al marco normativo y se introdujo la publicidad de los nuevos padrones, entre otros. Sin embargo, especialistas consultados advierten que esto es aún perfectible. El ciudadano afectado tiene aún toda la carga de demostrar que fue afiliado sin su consentimiento.

A opinión de Roy Mendoza, abogado especialista en derecho electoral, a pesar de los reajustes del ente electoral, aún “el procedimiento sigue siendo engorroso para el ciudadano” que se ve inmerso sin desearlo en esta situación de uso de sus datos. Y que debería dársele mayor prevalencia a la postura del ciudadano frente a su vinculación política.

“Creo que puede aplicarse la presunción de veracidad y darle mayor credibilidad a lo que expresa el ciudadano. Si dice no haberse afiliado, el ordenamiento jurídico debe recoger esa declaración, dale mayor prevalencia, bajo responsabilidad. El procedimiento debe estar enmarcado para hacer efectiva la verdadera voluntad del ciudadano. En ese sentido, debe mejorarse el aspecto regulativo”, expresó a este Diario.

En tanto, Rodríguez Patrón, exjefe del ROP, indicó que se trata de un aumento exponencial de casos y que no se habían registrado antes. Afirmó que, “ante esta avalancha” de afiliaciones indebidas presentadas por la ciudadana, lo correcto hubiese sido que el JNE adopte la posición de contratar peritos y que sean estos los que, a través de un trabajo técnico, puedan dilucidar la situación. Y así brindar una respuesta más efectiva y célere al ciudadano afectado.

“Trasladarle la responsabilidad al ciudadano para que sea este quien contrate por sus propios medios —cuando muchas veces no lo tiene— un peritaje me parece absolutamente injusto. Sobre todo, si es el ciudadano el que dice ‘yo nunca me he afiliado, ¿por qué trasladarme el costo a mí para demostrar algo que de por sí Reniec debió haberlo determinado en su momento?’”, cuestionó Rodríguez.

La avalancha de solicitudes evidencia que aún hay trabajo por hacer y el problema aún no ha pasado.

Opinión…

José Tello: “Una alerta a tiempo puede hacer la diferencia”

Con la aprobación de la Resolución Nº0191-2025-JNE, el 28 de mayo, se ha dado un paso importante en la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Esta norma permite que quienes lo soliciten sean notificados cuando el Reniec valide su firma para incorporarlos al padrón de un partido. Una alerta temprana, antes de que la afiliación se concrete.

La medida es positiva, pero aún perfectible. Si realmente queremos proteger la voluntad ciudadana, debemos dar un paso más: permitir que el ciudadano no solo reciba la notificación, sino que también pueda confirmar o rechazar su afiliación antes de que esta se formalice. En otras palabras, que tenga la posibilidad de arrepentirse.

Este derecho a rectificar evita que un ciudadano quede atrapado en prácticas clientelistas, como firmar a cambio de una galleta o una bebida, sin entender las implicancias legales de su acto. Y lo más importante: se eliminaría la pesada carga de tener que probar, más adelante, que su firma fue usada sin consentimiento, ahorrándole tiempo, dinero y la necesidad de asistencia legal. El derecho a decidir empieza con el derecho a no ser usado.

José Tello es exministro de Justicia y abogado especialista en materia electoral