Fuerza Popular y País para Todos: ¿Por qué su caso es diferente al de A.N.T.A.U.R.O.?

El inicio de diligencia- ordenado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza- en contra de Fuerza Popular y País para Todos, tras recibir denuncian que solicitan que ambos partidos sean declarados ilegales por presuntas conductas antidemocráticas ha generado el rechazo no solo de estas agrupaciones, sino de políticos de otras organizaciones y de expertos.

Espinoza dispuso que el fiscal adjunto supremo Dante Pimentel Cruzado conduzca las acciones en contra de las agrupaciones que lideran Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, respectivamente. Esto con la finalidad de evaluar si corresponde o no solicitar a la Corte Suprema que se les declare ilegales, como ya ocurrió con la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), que tenía al sentenciado etnocacerista Antauro Humala entre sus filas.

En la denuncia en contra del fujimorismo, formulada por la ciudadana Beatriz Cano Bernales, se enumeran cuatro hechos por los que la organización habría incurrido en prácticas antidemocráticas: los presuntos aportes irregulares de Odebrecht y otras empresas en el 2011, la sentencia de los “Mamani videos”, la supuesta relación con La Resistencia y el no reconocimiento de la elección de Pedro Castillo en el 2021.

Sobre esta última, la denunciante señala que Fujimori Higuchi impulsó, “sin pruebas”, una ofensiva legal para anular los votos a favor de Castillo y que con ello “generó polarización y violencia en la población”.

Respecto a la acusación en contra de País para Todos, el ciudadano Javier Sulca Cáceres argumentó que Álvarez, actor cómico que posiblemente sea el candidato presidencial de esta agrupación, incurrió en conductas antidemocráticas, al manifestar públicamente “que a los violadores de menores de edad se les debe aplicar la pena de muerte” y que “se debe expulsar a los ciudadanos extranjeros” del país.

Sulca también indicó que el ex conductor de “El especial del humor” ha realizado diferentes discursos donde “amenaza con tomar la justicia por mano propia” si las autoridades no hacen nada al respecto frente al ultraje de niños y adolescentes, con lo cual “estaría promoviendo la violencia”.

No descartan una acción de amparo

A su llegada a la ciudad de Chiclayo- a donde acudió a presentar el segundo libro de memorias de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori- la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su “profunda preocupación” por el inicio de diligencias en contra de su partido y de la agrupación de Álvarez.

Calificó de “lamentable” el rol que ha asumido la Fiscalía de la Nación, en el sentido, de “intentar anular o sacar de carrera a partidos políticos”, solo dos días después de la convocatoria a elecciones generales para el 2026.

“A mí lo que más me preocupa es que la institución encargada de luchar contra la delincuencia, que es el problema que más aqueja a los peruanos, esté dedicando sus recursos, esfuerzos y delegando a diferentes profesionales a debilitar a los partidos políticos, en vez de perseguir a los delincuentes”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Fujimori Higuchi, quien ha sido tres veces candidata a la Presidencia, refirió que en el 2021 el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, solicitó la suspensión de Fuerza Popular. “Nosotros sabemos defendernos, estos intentos de la fiscalía no se lograron como entendemos que tampoco se va a lograr en esta oportunidad”, remarcó.

La excongresista, además, sostuvo que el inicio de diligencia de la Fiscalía de la Nación en contra a su partido, con la finalidad de evaluar si solicita o no su declaratoria de ilegalidad, “lo único que hace es empañar un proceso electoral”.

En otro momento, Fujimori Higuchi señaló que el gobierno requiere imponer “mucha más firmeza” en la política de seguridad y remarcó que, por ello, la mayoría de su bancada votó a favor de la censura a Juan José Santiváñez como ministro del Interior. No obstante, dijo que la lucha contra la criminalidad no solo está a cargo del Ejecutivo, sino también del Ministerio Público y del Poder Judicial.

“Es ahí donde está mi llamado de atención, no es posible que en medio de la convocatoria [a elecciones], en el segundo día, ya traten de sacarnos de carrera, eso no va a ocurrir, nosotros vamos a seguir adelante”, afirmó.

Fujimori precisó que aún no ha tomado la decisión sobre si postulará o no por cuarta vez a la Presidencia de la República.

El subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, consideró que el inicio de diligencias en contra de su partido es “un intento” por parte de la fiscal de la Nación “por entrar a la política”. “Ella [Espinoza] lastimosamente ha dado pie a que los escasos recursos que tiene el Ministerio Público se aboquen a temas que son refritos, todos los argumentos [de la denuncia] tienen carpetas abiertas”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Torres calificó como “una irresponsabilidad” de la titular del Ministerio Público destinar más recursos para indagar al fujimorismo, en vez de “hacer su trabajo y no dejar sueltos a criminales”.

El excongresista, además, sostuvo que su agrupación está evaluando diferentes escenarios legales y no descartó que, en su momento, vayan a interponer una acción de amparo.

“El amparo se da ante toda vulneración a los derechos constitucionales, su utilización está habilitada [...] Esto es un peligro para la democracia más que para el fujimorismo, en caso se llegue a concretar [la declaración de ilegalidad]. ¿Por qué? Porque le podría pasar a cualquiera”, remarcó.

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“Hay una motivación política del denunciante”

Desde País para Todos, Álvarez dijo que es respetuoso de las instituciones, entre ellas la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial y que “como ciudadano responsable me someto a todo proceso, pero con respeto a la ley, la verdad y la razón”. Agregó que Sulca, su denunciante, fue parte del A.N.T.A.U.R.O., y que ha incurrido en una serie de “mentiras”.

“Este señor me denuncia como si yo fuera candidato presidencial, yo solo soy afiliado a País para Todos, y recién me uno en julio de 2024 y un mes después la agrupación logra su inscripción y el video al que hace referencia es de abril de 2022, entonces no existía el partido”, manifestó en comunicación con este Diario.

El actor cómico refirió que cuando él habló a favor de la pena de muerte lo hizo por el Caso Damaris, ocurrido en Chiclayo hace tres años y no en general. “Bajo la lógica de mi denunciante, se tendría que abrir investigación a la presidenta Dina Boluarte, al primer ministro, Gustavo Adrianzén, y al titular de Justicia, Eduardo Arana, que también se han pronunciado a favor de la pena de muerte”, complementó.

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Álvarez sostuvo que detrás de la acusación en su contra “hay una motivación política” por parte del militante de A.N.T.A.U.R.O. Negó, en ese sentido, ser xenófobo y precisó que su propuesta para expulsar a los extranjeros del país es solo para aquellos que cometan actos criminales y se reafirmó en sus críticas a la Corte IDH.

“Espero que no haya sesgo político en la Fiscalía de la Nación, confío en que el Ministerio Público va a actuar conforme a la ley”, acotó.

El rechazo de otros partidos

Por medio de un comunicado, Renovación Popular-agrupación que lidera el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga- expresó su rechazo rotundo “a la utilización política de la facultad de investigar” que tiene la titular del Ministerio Público “pretendiendo interferir en el proceso electoral ya convocado”.

“Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar a la delincuencia y la criminalidad que mantienen en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos para lograr dicho fin”, señaló el partido celeste.

También indicó que “el derecho de elegir a autoridades lo tiene el pueblo peruano y no la fiscal de la Nación”.

En diálogo con El Comercio, el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, dijo que la diligencia iniciada por el Ministerio Público en contra de dos partidos puede “ser un instrumento muy peligroso”, al sostener que la política ya está judicializada y que no se puede pretender “judicializar a las organizaciones políticas”.

“Si hay elementos claros de que un partido tiene en su ideario políticas que rechazan la democracia, sí se debe actuar, pero de ahí a entrar a la subjetividad de que cualquier denuncia puede llevar a una investigación para la cancelación de una inscripción en un contexto electoral resulta peligroso. Hay que tener mucho cuidado”, expresó.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Carlos Neuhaus, sostuvo que la medida de la fiscal de la Nación evidencia que “de nuevo se está mezclando la justicia con la política”.

 “Que curioso que justo cuando se han convocado elecciones sucedan estas denuncias”, cuestionó.

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Un peligro para la democracia

La Asociación Civil Transparencia, a través de su cuenta de X, afirmó que la decisión de la Fiscalía de la Nación de investigar a Fuerza Popular y a País para Todos “teniendo como única base una denuncia particular resulta peligroso para la democracia y atenta contra la independencia del proceso electoral recién convocado”.

Al respecto, el ex defensor del Pueblo Walter Gutiérrez indicó que estas diligencias “son contrarias a la Constitución y afecta el proceso electoral ya convocado”.

“Abrir una investigación sin suficientes medios de prueba iniciales vulnera la debida diligencia constitucional. Una medida de esta naturaleza, por su impacto en el proceso electoral, solo procede ante hechos de grave y evidente verosimilitud”, tuiteó.

Gutiérrez exhortó a la fiscal de la Nación a “corregir este evidente exceso en el menor plazo posible”. “Todas las entidades públicas están obligadas a proteger el sistema democrático respetando y cumpliendo la Constitución”, finalizó.

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El exprocurador César Azabache hizo un llamado al Ministerio Público para que “en el menor tiempo posible” adopte una decisión sobre la viabilidad de la denuncia.

“A partir de ahí encuentro imprescindible que las fiscalías adopten una directiva clara que impida que en adelante cualquier fiscalía siga creyéndose obligada a abrir investigaciones cada vez que una persona que no es víctima directa o testigo de un crimen lo solicite. Fuera de los casos de víctimas o testigos de crímenes nadie tiene derecho a provocar investigaciones oficiales solo por opiniones, intereses o creencias personales”, escribió en X.

Un exceso legal

El abogado constitucionalista Natale Amprimo calificó como “un exceso” la medida adoptada por la Fiscalía de la Nación en contra de Fuerza Popular y País para Todos. Agregó que si el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, las únicas instituciones que pueden interponer una demanda para declarar ilegal un partido en la Corte Suprema, reciben denuncias de terceros “deben realizar sus verificaciones de manera reservada”.

“El artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos lo que busca es que no participe en el sistema democrático aquel que no cree en la democracia y que quiere utilizar este sistema para destruirla. ¿Qué tiene que ver el Caso Cocteles en esto? Es un tema que ya está en un proceso penal, es un absurdo”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Amprimo dijo que es “peligroso” que la fiscal de la Nación tengo un afán de protagonismo y de generar noticia “frente a situaciones que son absurdo jurídicamente”.

“¿Quién ha planteado apoyar al terrorismo o narcotráfico [desde estos partidos? Esas son causales que contempla la ley [para pedir la ilegalidad]. ¿Quién legitima la violencia? Existe un gran problema de visión [en el Ministerio Público]”, finalizó.

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El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Víctor García Toma también consideró “un exceso” la disposición de Espinoza y refirió que bajo ningún punto de vista se justifica la medida contra los partidos de Fujimori Higuchi y Álvarez.

“La cancelación de una inscripción de un partido político se da cuando hay actos contrarios a los principios y valores democráticos. En el caso del partido de Antauro Humala sí hay una justificación, porque reivindicaron actos de rebelión [el andahuaylazo] que causó la muerte de cuatro policías y porque dijo que iba a ejecutar a los expresidentes”, manifestó.

García Toma, en declaraciones a este Diario, remarcó que las indagaciones en contra de Fuerza Popular y de País para Todos “no es más que una prueba más de la actitud de la fiscalía de entrometerse en actos que son enteramente políticos”.

“La señora fiscal de la Nación va firmando una serie de desaciertos que implican su falta de competencia para el cargo, pero además seria la utilización de su investidura con fines ideológicos [...] El proceso electoral comienza no con un traspié sino con una zancadilla que el Ministerio Público les propina a dos partidos”, subrayó.

A su turno, el abogado constitucionalista Erick Urbina dijo que a primera vista no se justifica un inicio de diligencias en contra de los dos partidos referidos.

“En el caso del partido de Antauro Humala había una manifestación expresa de talante antidemocrático. Dentro de la vida de los partidos políticos hay algunas personas que pueden cometer errores y delitos y por ello deben responder política y jurídicamente. En el caso de A.N.T.A.U.R.O. había una apología a un acto delictivo, como el andahuaylazo, pero en el caso de Fuerza Popular, este rechaza y no reivindica el 5 de abril de 1992”, manifestó.

Urbina indicó que el Caso Cócteles se encuentra judicializado y que se debe esperar a su conclusión antes de disolver un partido por ese hecho.

Justifica diligencias

El fiscal Dante Pimentel justificó las diligencias contra Fuerza Popular y País para Todos. Precisó que no se trata de investigaciones penales.

“Estamos realizando indagaciones previas a fin de determinar si las solicitudes presentadas [por dos ciudadanos] cumplen o no los presupuestos establecidos en la ley [de Organizaciones Políticas”, señaló en un video grabado y difundido por el Ministerio Público.

El fiscal aseguró que trabajan para que “en el más breve plazo podamos emitir nuestro pronunciamiento”.

Más información

El miércoles 2 de abril a partir de las 9 a.m., la Fiscalía de la Nación realizará el deslacrado, visualización y transcripción del contenido de un USB presentado por Sulca, que contendría grabaciones de los actos antidemocráticos” de Álvarez. El actor cómico indicó a El Comercio que acudirá a la citación.

En tanto, el Ministerio Público dispuso que como parte de las diligencias a Fuerza Popular se recabe información sobre el Caso Cocteles, el juicio en contra de Kenji Fujimori, las declaraciones de Keiko Fujimori sobre el fraude en mesa que denunció en el 2021 y la presunta relación entre el fujimorismo y La Resistencia.