Partido de Antauro Humala sigue inscrito en el JNE, pese a que fue declarado ilegal: ¿de quién es la responsabilidad?

El pasado 28 de enero, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirmó —por unanimidad y en todos sus extremos— la decisión de primera instancia que declaró como ilegal la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (ANTAURO), la cual tiene detrás a Humala y al advertirse que contraviene los principios democráticos. Fue un adelanto de sentido del fallo. Luego, días después, el 1 de febrero, el Poder Judicial informó —a través de sus redes sociales— que la resolución con la decisión ya había sido notificada en su integridad a todas las partes del proceso.

En este caso, las partes son, por un lado, el partido en sí mismo, cuya representación legal ostenta el excongresista Rubén Ramos Zapana; mientras que, por otro, la Fiscalía de la Nación, la cual fue la que presentó la demanda en contra del partido ANTAURO a mediados del año pasado y pidió el cierre de todos los locales partidarios.

En suma, hasta ahora, la decisión fue confirmada por dos instancias judiciales e informada a la parte demandada y demandante (de hecho, se puede ubicar el documento fácilmente en Internet). Pero pese a ello y el tiempo transcurrido, aún no ha llegado a ejecutarse.

A pesar de su relevancia, detrás hay un tema burocrático, un formalismo. El JNE, que tiene a su cargo la custodia del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) —y quien debe materializar finalmente la decisión— no forma parte directa del expediente judicial en cuestión. Ante una consulta realizada por este Diario, el máximo ente electoral confirmó que, hasta este martes 11 de febrero, aún no han sido notificados de la sentencia sobre el partido ANTAURO. Si no hay documento, no hay ninguna acción.

“El JNE informa que, hasta la fecha, no ha sido notificado con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República que declara la ilegalidad de dicha organización política. Por ello, nos encontramos a la espera de la notificación para dar cumplimiento al respectivo fallo”, se indicó desde la institución el miércoles 12 por la tarde.

La clave está en el mismo Poder Judicial. Los abogados constitucionalistas Natale Amprimo y Víctor García Toma explicaron a este Diario que, una vez ratificada la decisión por la sala superior, al interior de la Corte Suprema el expediente aún tiene que ser retornado a la primera instancia, la cual es la encargada de dar cumplimiento a lo que se ha dispuesto. En este caso, es la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, la cual declaró como ilegal el partido y dispuso el cierre de todos los locales partidarios. La decisión fue adoptada en octubre pasado y estaba pendiente la revisión de la segunda instancia, lo que ya se dio.

“Esto va al juzgado de primera instancia y ellos son los que tienen que ejecutar la medida, por eso debe ser la demora. Es la primera instancia la que ejecuta. Se remiten las copias correspondientes al JNE y es el jurado el que lo retira”, explicó el constitucionalista García Toma a El Comercio.

En la misma línea, Amprimo apuntó que aún la sentencia debía ser oficializada antes de que se materialice de manera formal. “El JNE no es parte del proceso. Y el JNE es notificado recién cuando el expediente baja a la instancia que ha intervenido como la primera instancia. Esa sala es la que notifica al jurado ya para que simplemente retire al partido político del Registro de Organizaciones Políticas. Es la instancia que dio inicio al proceso [la que ejecuta]”, comentó.

A juicio de Amprimo, la fiscalía, que es la parte accionante, puede exigir a la Corte Suprema que se ponga en conocimiento de la decisión para su ejecución, mas no le corresponde notificar al JNE. “Ella no puede notificar a su contraparte, a quien le corresponde notificar es a la instancia independiente, que es el Poder Judicial”, subrayó el constitucionalista.

Este Diario consultó al Poder Judicial sobre el tema. Al cierre de este informe, desde la institución, se confirmó que la sala civil, que actuó como segunda instancia, ya ha notificado a las partes intervinientes —fiscalía y el partido ANTAURO— el pasado 31 de enero de su decisión.

Sin embargo, que el expediente aún no ha retornado a la sala de primera instancia puesto que —se aseguró— aún se está dentro del plazo legal de interposición de recursos. Y que una vez retorne a la primera sala, se emitirán “los proveídos correspondientes”.

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) cuestionó las demoras y dijo que “es completamente contraproducente” que la justicia, ya habiendo ya tomado una decisión en dos instancias, finalmente por temas administrativos la misma no pueda aún cumplirse.

Comentó que, dada la trascendencia del asunto, se esperaría una respuesta más contundente. En esa línea, hizo un llamado a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, para que adopte las medidas correspondientes frente a este caso.

“Porque claro, si esto se demora, más gente puede ser inducida al error, lo cual es una afectación directa a la democracia. Por ende, creo que el Poder Judicial está cometiendo una grave omisión y tiene la obligación de inmediatamente corregir. Hago un llamado de atención a la presidenta del Poder Judicial”, refirió Muñante a este Diario.

El tema no es algo menor. En su “visita política” a Huancayo el último fin de semana, Humala se presentó junto a Roberto Sánchez, congresista y representante de Juntos por el Perú, y deslizó una alianza política de cara a las próximas elecciones, a la cual dijo se sumarán otras agrupaciones.

Sin embargo, el cabecilla del Andahuaylazo también volvió a despotricar contra el sistema de justicia y dijo abiertamente que no cumplirían con lo dispuesto por la Corte Suprema, que ordenó el cierre de sus locales partidarios.

“Nosotros hemos salido de la vía no convencional de capturar cuarteles y ahora entramos después de la prisión a la vía convencional, a ganar elecciones. (...) Hasta ahorita ustedes pueden ver sus teléfonos y ANTAURO figura [como inscrito], seguramente en cualquier momento nos cortan el oxígeno. Bueno pues, hasta el último momento seguiremos con el desarrollo partidario. Y que la policía nos cierre los locales, nosotros no vamos a cerrar ningún local”, indicó.

Ante ello, el congresista Muñante también hizo un llamado a la fiscalía y a la policía para que tomen toma de esta advertencia y apuntó que podría configurar el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Así estamos.