Tres partidos arrastran multas en la ONPE por más de S/2.4 millones

De los 25 partidos que mantienen su inscripción vigente, son tres los que cierran el año arrastrando multas establecidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las cuales juntas suman más de S/2.4 millones. Se trata de sanciones por infracciones a las normas de financiamiento impuestas contra Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular y Renovación Popular.

Según información de la ONPE, con una sola multa, APP es la agrupación que viene arrastrando la mayor deuda: S/2′267.440. El caso como tal se volvió más complejo a lo largo de los últimos años y, actualmente, está judicializado. Tiene que ver con “aportes en exceso” que ingresaron al partido de César Acuña desde la Universidad César Vallejo, en el 2010.

En agosto del 2011, la ONPE sancionó al partido con más de S/2 millones por dos “aportaciones en exceso” halladas. El tema escaló al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que en diciembre de ese año declaró nulo todo y ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento, al existir discrepancias sobre un posible tercer aporte. Así, en agosto del 2013, la ONPE le impuso una sanción mayor que superaba los S/9 millones.

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El tema se volvió a apelar y, en julio del 2014, el pleno del JNE declaró fundado en parte el recurso y reformó la sanción de la multa, reestableciéndola en S/2,267,440.

El caso, posteriormente, fue llevado al Poder Judicial, en donde todavía no se resuelve del todo, como confirmó a este Diario Luis Valdez Farías, secretario general de APP.

“El estado actual es que en este momento aún el Poder Judicial no se termina de pronunciar definitivamente respecto a un proceso judicial que la ONPE inició en contra de nuestro partido por obligación de dar suma de dinero. Y, claro, mientras no se resuelva en el Poder Judicial, esto no es ejecutable”, aseveró Valdez.

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El dirigente de APP indicó que, independientemente del tema de fondo que se discute en los tribunales, el partido ha presentado hace meses una solicitud de prescripción sobre la cual —agregó— la ONPE aún no se pronuncia hasta ahora, “lo cual genera incertidumbre, inseguridad jurídica y una situación de riesgo para un partido político, que no es cosa menor”.

Renovación Popular es otra de las organizaciones que figura en la lista, y cuya sanción se emitió en junio pasado por más de S/150.000 “por recibir un aporte de fuente prohibida”.

Según la resolución de ONPE, se advirtió que en marzo del 2021 recibió un aporte de una persona de naturaleza extranjera, el cual no estaba destinado a la formación, capacitación e investigación, contraviniendo así la legislación.

El personero y secretario nacional de organización, Fernando Sandoval, dijo hace unas semanas a este Diario que el tema “está en apelación”.

“Ya se apeló, está en trámite. Estamos pidiendo que se elimine, hemos presentado el descargo de que no se ha cometido la infracción. […] El cobro ha sido suspendido, está en apelación”, reiteró.

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Sin embargo, desde la ONPE se indicó que, si bien la agrupación presentó un recurso de reconsideración ante la institución, el mismo fue declarado infundado en agosto último. “De manera posterior a esta resolución, no registramos la presentación de algún recurso impugnatorio o escrito que observe esta última resolución”, se indicó.

En tanto, Fuerza Popular mantiene una multa vigente equivalente a casi S/25 mil “por no tener una cuenta en el sistema financiero”.

En diciembre del 2020, el BCP comunicó su decisión de cerrar la cuenta que la organización política mantenía en la entidad. Y, según la ONPE, el partido “no actuó con una debida diligencia” para subsanar ello.

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“Ha quedado acreditado que las entidades del sistema financiero no han querido abrir cuentas a Fuerza Popular”, dijo hace unos meses Miguel Torres, vocero de la agrupación, sobre este tema. Agregó entonces que habían impugnado, aunque la multa todavía se mantiene vigente.

A lo largo de las últimas semanas, este Diario intentó comunicarse con dirigentes de la organización, pero no respondieron.

Agrupaciones como Acción Popular, Perú Libre y Avanza País, también sancionadas por la ONPE, han pagado las multas a lo largo de los últimos meses.

Recién desde fines del 2020, la ONPE cuenta con la atribución legal de realizar cobranza coactiva respecto a multas impuestas a las organizaciones políticas por infracciones a las normas de financiamiento. Antes de ello, esta oficina tenía que ejercer esta cobranza en la vía judicial ordinaria, a través de demanda de obligación de dar suma de dinero.

“La facultad coactiva es esta competencia que tiene una entidad pública para cobrar directamente las deudas de manera coactiva, de la misma manera que podría hacerlo, por ejemplo, una municipalidad. […] Durante el tiempo que no ha habido esta facultad, la única manera ha sido la vía judicial para cobrar. Ello, definitivamente, lleva un largo proceso”, dijo a El Comercio Fernando Velezmoro, exsecretario general de la ONPE.

Sin embargo, el especialista en temas electorales apuntó que, en la práctica, mucho más eficaz para efectuar estos cobros a las organizaciones políticas ha sido la previsión en la ley de partidos para que no puedan realizar ante el ROP “ningún cambio si es que mantienen deudas con la ONPE”.

“Entonces siempre, en la cercanía de un proceso electoral, las organizaciones políticas lo que hacen es precisamente eso, tener que pagar esas deudas porque de lo contrario no podrían inscribir, por ejemplo, a su tribunal electoral. Y su tribunal electoral son los que determinan quiénes son las candidaturas”, agregó.

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Velezmoro refirió que una multa es una consecuencia por la infracción de una norma que tiene una naturaleza sancionadora, así como una medida para que la organización no vuelva a infringirla. En ese contexto, a su juicio, ello no estaría cumpliendo su objetivo.

“Porque para que una pena cumpla su objetivo tiene que hacerse efectiva, y si la multa no se paga porque se extingue (al extinguirse los partidos o movimientos regionales, se extingue la multa) o porque hay muchas posibilidades de cuestionarla judicialmente, no es finalmente un incentivo para no volver a infringir la norma”, finalizó.