LatinoaméricaLa Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, por mayoría, archivó la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la suspendida fiscal Patricia Benavides, por presuntamente tratar de influir en diversos casos vinculados a Los Cuellos Blancos del Puerto.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, por mayoría, archivó la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la suspendida fiscal Patricia Benavides, por presuntamente tratar de influir en diversos casos vinculados a Los Cuellos Blancos del Puerto.
La denuncia se interpuso en enero de este año por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y abuso de autoridad.
Si bien el informe de calificación proponía admitir a trámite denuncia, los integrante de dicho grupo congresal -presidido por María Acuña (APP)- rechazaron la propuesta que consideraba la existencia de indicios penales que debían continuar siendo investigados.
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Durante la sesión del viernes, votaron en contra del informe, los congresistas Merly Chacón Trujillo (Fuerza Popular), Martha Moyano Delgado (FP), Nelcy Heidinger Ballesteros (APP), Víctor Flores Ruiz (FP), Esdras Medina Minaya (Renovación Popular), Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia) y Héctor Ventura Ángel (FP).
A favor de admitir la demanda, pero en minoría, votaron María Acuña Peralta (presidenta de la subcomisión), Luis Aragón Carreño (Acción Popular), Pasión Dávila Atanacio (Bancada Socialista), Jorge Coayla Juárez (Juntos por el Perú), Segundo Quiroz Barboza (APP) y María Jaúregui Martínez de Aguayo (Renovación Popular).
En abstención votaron Flavio Cruz Mamani y Américo Gonza Castillo, de Perú Libre.
“Los hechos fácticos descritos, sobre los tres delitos, tendrían relevancia penal”, se concluía el informe de calificación que recomendaba declarar procedente la denuncia constitucional.
En el mismo, se explicaba que Benavides Vargas habría transgredido sus funciones requiriendo al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Noreste que incluya en la terna, para el nombramiento de fiscales provisionales, al abogado Abelargo Caycho Ramis; a pesar que se le había advertido que no contaba con el perfil, ni experiencia necesaria para asumir el cargo.
Y, por tanto, la presunta interferencia de Benavides se habría dado con la finalidad de favorecer al abogado Luis Castillo Alva, quien venía siendo investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
La denuncia también incluía la imputación contra Benavides por presuntamente aceptar la promesa de ser beneficiada en un proceso disciplinario iniciado en su contra ante la Junta Nacional de Justicia.
Como tercer hecho, se le imputaba una presunta influencia ante instancia fiscal para poder excluir de una investigación al fiscal Javier Huamaní, vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
El grupo de trabajo congresal también archivó la denuncia que formuló la Fiscalía de la Nación en contra del restituido fiscal supremo, Tomás Gálvez, por el presunto delito de organización criminal y tráfico de influencias.
La denuncia señalaba que Gálvez Villegas habría intercedido en el Consejo Nacional de la Magistratura, con la finalidad de asegurar el nombramiento de Adolfo Castillo Meza como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para que este, a su vez, beneficie al ahora congresista José Luna.
Pedro Castillo y Geiner Alvarado cumplen 36 meses de prisión preventiva por el caso Puente Tarata. (Foto: Difusión)
En otro caso, la Subcomisión declaró procedente la denuncia constitucional que presentó de la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Pedro Castillo, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y contra sus exministros Geiner Alvarado (Vivienda) y Felix Chero (Interior) por el presunto delito de cohecho pasivo propio.
La denuncia, admitida por haber cumplido cuestiones de formalidad y procedibilidad, se refiere a un presunto favorecimiento de la empresaria Sada Goray en el programa Fondo Mi Vivienda y la designación del superintendente de la Sunat Luis Vera. Esta, deberá continuar su trámite al interior del Parlamento.
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