Crisis en la fiscalía: las horas de tensión y el cruce de pronunciamientos antes de conocer la decisión del PJ que suspende a Benavides

Este informe se publicó antes de conocerse la decisión del Poder Judicial de suspender a Patricia Benavides como fiscal suprema.

La mañana del martes, las informaciones sobre la presunta intervención del Ministerio Público (MP) por parte de la Policía Nacional (PNP) para ejecutar una resolución a favor de la restituida fiscal Patricia Benavides llenaron el ambiente judicial.

El Ministerio Público, mediante el fiscal supremo adjunto Luis Ballón, señaló la existencia de un documento que había sido enviado a la PNP por el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, requiriendo el uso de la fuerza pública para que ingrese a la sede del MP.

Ello, a fin de que ejecuten la resolución 231-2025-JNJ del 12 de junio del 2025, emitida por la JNJ a favor de Benavides Vargas, reponiéndola en el cargo del fiscal suprema y además, como fiscal de la Nación.

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La noche del lunes, como se recuerda, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, rechazó el apercibimiento realizado por una funcionaria de la JNJ a fin de que ejecute la resolución a favor de Benavides y declinó de la convocatoria que le hizo la JNJ -ese mismo día- a fin de dialogar con Benavides.

La denuncia del fiscal sobre la presunta intervención policial fue hecha en una audiencia pública, ante el juez supremo Segismundo León, donde además Ballón alegó que dicha actuación violaría la autonomía del MP.

“Porque existe una amenaza cierta de utilización de la fuerza pública; acaban de darme cuenta que hay un oficio dirigido, el presidente de la Junta Nacional de Justicia (Gino Ríos) ha dirigido a la Policía, con la finalidad de que el día de hoy (martes) ingresen a las instalaciones del Ministerio Público, violando principios elementales como la autonomía del  Ministerio Público y la institucionalidad del Ministerio Público.”

Luis Ballón, fiscal supremo adjunto

El Comercio buscó sin éxito la versión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). No obstante, horas después, la institución informó que, “en cumplimiento de su deber, ha iniciado el procedimiento de ejecución forzosa”.

El presidente de la JNJ realizó ese anuncio flanqueado por otros cinco integrantes de la entidad. El único ausente fue Francisco Távara, quien ha denunciado irregularidades en la resolución a favor de Benavides, así como actos hostiles en su contra.

En el pronunciamiento, el titular de la JNJ evitó referirse a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Además, la acusó de cometer una “grave afectación al orden jurídico” por no cumplir con la resolución.

“La fiscal suprema Delia Espinoza, en abierta desobediencia del mandato de la Junta Nacional de Justicia, no ha cumplido con reponer en su cargo a la señora Patricia Benavides, optando por devolver la resolución. [...] Este incumplimiento constituye una grave afectación al orden jurídico. En un estado de derecho, los funcionarios públicos están obligados a cumplir las decisiones emitidas por los órganos competentes mientras no sean legalmente revocadas”, dijo.

El Comercio buscó la versión del Comandante General de la PNP, Víctor Zanabria, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta publicación; mientras que desde prensa de la PNP se remitieron a un comunicado emitido días atrás donde defendían su decisión de dotar de seguridad a Benavides.

En la sede principal del Ministerio Público, ubicado en el Centro de Lima, las horas transcurrieron en medio de los gritos de los manifestantes que se apostaron en la puerta de la entidad, emitiendo vítores a favor y en contra de las fiscales Delia Espinoza y Patricia Benavides.

Mientras, un contingente policial custodiaba externamente la sede institucional, ante cualquier desmán de los manifestantes.

En la mañana se dio a conocer un oficio firmado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que fue remitido el 23 de junio al ministro del Interior, Carlos Malaver, señalando que la rehabilitada Patricia Benavides Vargas no ha sido aún reincorporada al Ministerio Público como fiscal suprema, y menos como Fiscal de la Nación.

En esa línea, aseveró ante el ministro Malaver, que el uso de la fuerza para intervenir la sede del Ministerio Público “quebrantaría el orden constitucional”. Además, recordó que el artículo 169 de la Constitución Política del Perú establece que “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional”; por lo que “la Policía Nacional del Perú no puede irrumpir en las instalaciones del Ministerio Público ni intervenir a la Fiscal de la Nación”.

“Hacemos de su conocimiento que cualquier intervención de la Policia Nacional del Perú en un procedimiento administrativo regular en tramite como el correspondiente al Procedimiento Disciplinario n.° 001-2024-JNJ no solo sería ilegitima, sino sería ilegal y quebrantaría el orden institucional y constitucional.”

Delia Espinoza, fiscal de la Nación

En el documento, Espinoza Valenzuela también precisó que el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo y quien lo preside es el Fiscal de la Nación, elegido por la Junta de Fiscales Supremos; de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica del MP.

Recordó también que su despacho formuló “oposición” a la ejecución de la Resolución n.° 231-2025-JNJ de acuerdo a la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, recientemente, la Junta de Fiscales Supremos, órgano que tiene competencia constitucional para la elección del Fiscal de la Nación, solicitó a la JNJ aclare los “efectos” del artículo tercero de la citada resolución que dispone la reposición de Benavides como FN.

“Solo por mandato judicial o por orden debidamente motivada de la autoridad competente y con respecto al debido procedimiento y a los derechos fundamentales podría intervenir la Policía Nacional del Perú, circunstancia que no sucede en el caso en particular, dado que, reiteramos, estamos ante un procedimiento administrativo regular en trámite”, alegó Espinoza en el documento.

Finalmente, el oficio también pone de conocimiento del ministro Malaver, que el documento remitido por Magnolia Gianinna Martínez Hidalgo, directora encargada de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ -en el que apercibe a Espinoza- le fue devuelto a la mencionada funcionaria.

El Comercio accedió al oficio que fue remitido el 23 de junio por la secretaria general de la FN, Ana Velarde, a la JNJ, en el que se indica que el Reglamento de dicha entidad no le otorga facultades a Martínez para realizar dichos apercibimientos.

“En este sentido, no se advierte que el texto del Reglamento de Organización y Funciones de la Junta Nacional de Justicia le faculte realizar apercibimientos a los titulares de las entidades públicas”, se indicó.

Finalmente, precisaron que el apercibimiento debe ser emitido válidamente con arreglo a la Constitución, las leyes sobre la materia y normas reglamentarias; de lo contrario resultaría lesivo a los intereses públicos e inejecutable por adolecer de vicios insubsanables.

El Ejecutivo, por su parte, a través del ministro de Salud, César Vásquez, consideró que el Ministerio Público (MP) debía ser reorganizado y por ello pidió que el Congreso intervenga.

En declaraciones a la prensa, el titular de Salud, aseveró que “no se trata de quién es o quién no” es fiscal de la Nación, ya que existe una “crisis” en la fiscalía que se habría generado por “una pugna por el poder”.

Vásquez aseguró que el Ministerio Público, al más alto nivel, se ha transformado en un instrumento político, por lo que cada vez está más lejos de la objetividad y la búsqueda de justicia.

Por tanto, aseveró que dicha institución debe “reorganizarse” para generar las garantías y no se dedique a tomar “decisiones con cálculo político” y afirmó que la fiscalía actuaría como “un partido político ideológico” más que como una institución jurisdiccional.

“Yo creo que hay una crisis, una pugna por el poder, y que la JNJ no se esta haciendo respetar en sus decisiones y que debe intervenir el Congreso para reorganizar esa institución (Ministerio Público ) porque así como está no garantiza para nadie una administración de justicia correcta.”

César Vásquez, ministro de Salud

En declaraciones a RPP, Carlos Malaver, ministro del Interior, no descartó la existencia del oficio enviado por la Junta Nacional de Justicia a la Policía Nacional; sin embargo aseguró que cualquier pedido se evaluaría con “independencia operativa”.

“Muchas instituciones, no solo la JNJ, remiten permanentemente documentos a la Comandancia General o a la PNP. Estas son evaluadas de acuerdo a su procedencia. En el momento indicado será evaluado por la Policía Nacional con la independencia operativa que le corresponde.”

Carlos Malaver, ministro del Interior

Malaver aseguró que como dependencia del Ejecutivo, se encuentran en un “equilibrio”; no obstante, precisó que la PNP tiene “independencia operativa”. Por tanto, aseguró que como ministro del Interior no puede disponer -operativamente hablando- la ejecución o no ejecución de algo.

“El Ejecutivo no tiene ningún tipo de injerencia en nombrar o reconocer fiscales o mucho menos fiscal de la Nación (...) Se mantienen los servicios de acuerdo al reglamento y las disposiciones, es lo que me ha comunicado la comandancia general y la Dirección de Seguridad del Estado que es la encargada directamente de proporcionar esa seguridad en base al reglamento y las directivas vigentes”, expresó.

El Comercio, por su parte, también buscó la versión de Malaver, pero no respondió.

El Comercio se comunicó con los abogados Juan Peña y Jorge del Castillo, a fin de conocer si habían solicitado la ejecución del apercibimiento al Ministerio Público -con el uso de la fuerza- para que se cumpla la resolución a favor de su patrocinada, Patricia Benavides.

Peña señaló que no había remitido ningún oficio o solicitud a la Junta Nacional de Justicia.

Del Castillo Gálvez, por su parte, también descartó haber realizado el pedido y por el contrario, afirmó que se encontraban a la espera de que se resuelva el pedido de suspensión en el ejercicio del cargo para Benavides Vargas, solicitado por la fiscalía de la Nación, ante el Poder Judicial.

Por ello no quiso adelantar si, junto a Benavides, acudirían al Ministerio Público, en los próximos días.

“Vamos a ver. Está debatiéndose en este momento la suspensión de derechos. Y queremos que se resuelva, creo que tiene mucho que ver una cosa con la otra ¿No? Nosotros no queremos hacer escándalo. (¿Acudirán al MP?) Si esto se produce, se produce con la ley en la mano.”

Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides

El abogado también rechazó que su patrocinada haya “irrumpido” a las oficinas del Ministerio Público, por lo que anunció que no actuarán para crear “escándalo, ni caricaturizar” el caso.

Respecto al reciente comunicado de la fiscal Delia Espinoza, en la que anunció que había solicitado una audiencia con la JNJ, Del Castillo afirmó que el caso ya estaba en ejecución.

“Entiendo que ha rechazado la invitación (de la JNJ), entonces ¿Cómo pido audiencia ahora? Es una incoherencia, más cuando el caso está terminado, no había audiencia que valga. Ahora estamos en una etapa de ejecución de la Junta Nacional de Justicia, no caben audiencias de ningún tipo. Tiene que cumplirse la ley, las resoluciones se cumplen”, concluyó.