Pedido de libertad de ex directivos de Graña y Montero quedó al voto

La Primera Sala Penal de Apelaciones dejó al voto el recurso de apelación del cese de prisión preventiva que solicitaron los empresarios Hernando Graña Acuña y José Graña Miró Quesada, ex ejecutivos de la constructora peruana Graña y Montero que son investigados por el Caso Odebrecht.

Como se recuerda, el pasado 26 de febrero el juez Richard Concepción Carhuancho rechazó el pedido de cese de prisión que solicitaron en primera instancia los investigados.

Esta mañana, los magistrados superiores Inés Villa Bonilla, Sonia Torre y Rómulo Carcausto, escucharon la apelación en segunda instancia.

La abogada Sophia Icaza, defensa de Graña Acuña, remarcó ante el tribunal que el juez de primera instancia no le dio valor a la pericia e informe que contrarresta la imputación fiscal que cataloga como una “coima disfrazada” a un porcentaje adicional que Graña y Montero entregó de sus utilidades a la firma brasileña Odebrecht.

Remarcó que el Ministerio Público está confundiendo o dando una mala interpretación al nombre que se le dio a dicho porcentaje adicional de las utilidades que se le entregó a Odebrecht, por haber asumido el liderazgo del consorcio que participó en el proyecto de la carretera Interoceánica.

Explicó que en el caso de su patrocinado solo está siendo investigado por lavado de activos mas no por pertenecer o estar vinculado a una organización criminal. Además, recordó que tiene 66 años, presenta afecciones a su salud y desde que fue encarcelado no le han tomado su declaración.

Icaza solicitó que se deje a Graña Acuña afrontar en libertad la investigación, tal y como lo ordenó la misma sala, respecto a los coimputados Fernando Camet Piccone, José Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro Rey.

Desde el penal de Ancón, el empresario rechazó la imputación en su contra sobre el negociado de coimas a la empresa Odebrecht.

“No ha existido nada irregular y mucho menos ilícito (…) Hoy llevo 100 días recluido injustamente en esta prisión de máxima seguridad sujeto a un régimen cerrado sumamente duro, expuesto a una serie de peligros y pronto cumpliré 67 años”, dijo Hernando Graña Acuña.

El pago a Odebrecht “fue legal”
A su turno, el abogado de Graña Miró Quesada, Jorge Massa, sostuvo que la documentación presentada ante el Ministerio Público demuestra que el porcentaje por liderazgo que se le entregó a Odebrecht fue legal y no fue el reembolso de la presunta coima, como alega la fiscalía.

“Todos estos elementos jurídicos nos dicen que este ropaje jurídico no es tal. Ese pago no es una coima escondida bajo el riesgo de obras, se pagó el liderazgo”, remarcó.

Massa anunció que presentaron documentos de la empresa Graña y Montero, en los que se demuestran que su patrocinado ya no trabaja allí y por tanto no podría entorpecer las investigaciones.

Además, entregó la copia de dos discos con información proporcionada por Palacio de Gobierno sobre las reuniones que sostuvo su cliente con el ex presidente Alejandro Toledo. El letrado añadió que en las citas participaron cerca de 14 personas.

Recordó que Graña Miró Quesada tiene 72 años y desde que fue puesto en prisión hace tres meses, la fiscalía no ha tomado su declaración.

Finalmente, solicitó que tal y como se dispuso con otros empresarios investigados en este mismo caso, se le permita a su patrocinado afrontar la investigación en libertad. “Por un tema de equidad, como pasó con los coimputados, se le permita afrontar el proceso en libertad para probar su inocencia”, subrayó.

Por medio de una videoconferencia desde el penal Ancón I, Graña Miró Quesada recordó que hace 3 meses está privado de la libertad, una situación que calificó de “apresurada” e “injusta”.

“Me han metido preso para poderme investigar, pero han pasado tres meses y nadie me ha pedido declarar, pero al señor (Jorge) Barata sí lo han escuchado”, dijo.

Los representantes del Ministerio Público indicaron que en el caso de Graña Acuña y Graña Miró Quesada, no existen elementos nuevos que se puedan analizar o fortalezcan la tesis de que el peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones, haya disminuido.