Pedro Castillo: aliados del expresidente difunden en el extranjero su falsa narrativa

Apenas unas horas después, cuando los canales de televisión emitían su salida atropellada de Palacio de Gobierno, fue detenido por flagrancia en el Centro de Lima. Sin embargo, esta sucesión de hechos está siendo distorsionada por congresistas, una exfuncionaria del gobierno y una activista.

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No solo desconocen que la fórmula presidencial que ganó en las elecciones 2021 estuvo integrada por Pedro Castillo y Dina Boluarte, también afirman que el vacado expresidente está “secuestrado”.

Ante la Comisión de Relaciones Exteriores, la canciller Ana Cecilia Gervasi ha presentado la estrategia para contrarrestar la desinformación propalada por diversos actores que, según dijo, “con un claro sesgo ideológico han tergiversado la realidad de lo acontecido desde el 7 de diciembre”.

Lourdes Huanca

Lourdes Huanca en España, 21 de enero: “[…] dicen que Pedro Castillo hizo el golpe, falso. Y decimos que es falso, él ha leído un papel, pero por qué lo ha leído. Aquí viene la duda. […] El presidente…temblaba la mano cuando leía, no estaba consciente o es que ha estado amenazado él y su familia. Eso lo dirá cuando le den la libertad”.

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Lourdes Huanca

Lourdes Huanca en España, el 21 de enero: “¿Hay un documento que haya firmado y entregado al Ejército? No, no hay. ¿Hay un documento que ha ido al Congreso diciendo se cierra el Congreso? No lo hay. Por eso para nosotros sigue siendo el presidente legalmente elegido”. (Foto: BRITANIE ARROYO DUEÑAZ/GEC)

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Lourdes Huanca

Lourdes Huanca en España, el 21 de enero: “Decimos que está secuestrado e injustamente encerrado porque no hay una prueba contundente, un documento firmado”.

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Lourdes Huanca

Lourdes Huanca en Noruega, el 23 de enero: “Pero hemos visto cómo el presidente daba lectura a un papel [el 7 de diciembre] donde temblaba, no era él, para nosotros no era él. Pero sobre ese papel que leyó, dicen que el presidente dio un golpe de Estado”.

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Lourdes Huanca

Lourdes Huanca en Noruega, el 21 de febrero: “No hay un documento firmado. Para poder cerrar ese Congreso ha tenido que presentar un documento por Mesa de Partes como corresponde. No hay ningún documento. Dice que se levanta el Ejército, no hay un documento que haya dicho que se levante el Ejército”.

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La encuesta Ipsos realizada el 19 de febrero muestra que el 51% de los consultados considera que fue el Congreso el que dio un golpe en contra del gobierno de Pedro Castillo.

Esta narrativa ha sido también difundida por activistas como Lourdes Huanca. Su periplo en Europa ha sido constante, desde mediados de enero, para comunicar una versión tergiversada sobre lo ocurrido el 7 de diciembre del 2022.

Huanca, en entrevistas y foros que se organizaron en Noruega y España, ha dicho que es “falso” que Castillo haya dado un golpe de Estado. Para hacer sostenible esta versión arguye que el expresidente no estaba consciente o había recibido amenazas. Por tanto, que “no era él” quien estaba anunciando un golpe de Estado. A estas invenciones añadió otra estrategia: Castillo no firmó documentos para ordenar el cierre del Congreso o utilizar las Fuerzas Armadas.

La constitucionalista Yolanda Tito dijo a El Comercio que hubo una clara intención de Pedro Castillo para vulnerar el orden constitucional. “No es que nos dijeron o nos parece, él se ha parado en vivo a decirlo a todo el país. Eso configura los actos iniciales del quiebre del orden constitucional y eso sí ameritaba una reacción del Congreso. Hay razones para decir que sí hubo un quiebre por parte de Castillo”, explicó.

Respecto a lo que sostiene un sector, sobre la inexistencia de un documento que haya ordenado el cierre de un poder del Estado, Tito incidió en que el haber transmitido un mensaje con esta clara intención es suficiente para hablar de flagrancia. “La estrategia del otro lado va a decir que [Castillo] no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, que lo dijo por decir o que no terminó firmándolo”, comentó Tito.

Sin embargo, considera que sí hubo un hecho flagrante al haberse encaminado una serie de actos. “Si es que no lo logra, simplemente es un devenir de los hechos. Hubo una intención de cerrar el Congreso y cerrar el TC. Salió de él. Que no haya tenido las fuerzas que lo acompañen para cumplirlo o que no le haya dado el tiempo por la captura, eso solo es un hecho circunstancial”, detalló Tito.

Lourdes Huanca

Lourdes Huanca en España, el 19 de enero: “Se ha hablado sobre el golpe de Estado, pero no es así. Entendemos que en estos momentos se encuentra secuestrado en prisión”. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

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Lourdes Huanca en España, el 19 de enero: “A él lo mandan preso por estar al lado de su pueblo, porque es un provinciano, profesor rural”. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

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Lourdes Huanca en España, el 21 de enero: “Pedro Castillo, que está secuestrado injustamente, sigue teniendo el poder de los campesinos y las campesinas”.

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Lourdes Huanca en Noruega, el 23 de enero: “Para nosotras es lamentable el atropello del 7 de diciembre porque los pueblos indígenas, mujeres y hombres, consideramos que el presidente del Perú está secuestrado y está encerrado”. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

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“Hubo muchas irregularidades al momento de su captura [de Pedro Castillo], de su encarcelamiento porque él era presidente, tenía una investidura. A él no se le había levantado la inmunidad presidencial”.

Margot Palacios, congresista de Perú Libre. 12 de febrero en Suiza

La congresista Margot Palacios (Perú Libre) viajó a Suiza para participar en eventos organizados a mediados de febrero. Su exposición se sostuvo en afirmar que hubo “muchas irregularidades” cuando Pedro Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre. Sin embargo, la legisladora omite convenientemente que el arresto ocurrió luego de que el exmandatario pretendió quebrar el orden constitucional del país de manera flagrante.

Según Palacios, la detención del vacado expresidente fue irregular porque no se había “levantado la inmunidad presidencial”. Mientras que Huanca ha repetido, tanto en Noruega como en España, que Castillo está “secuestrado” y que fue encarcelado por “estar al lado de su pueblo”.

Al respecto, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló que la situación, que se dio en flagrancia, requirió medidas rápidas para evitar que el exmandatario consume el asilo en la Embajada de México.

“Si Pedro Castillo dio un golpe de Estado vía los medios de comunicación y ordenó disolver el Congreso, intervenir el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, ¿qué íbamos a esperar? O por el contrario era una situación excepcional que requería una respuesta excepcional, que era que el Congreso lo destituya por flagrancia. Por eso fue detenido, porque estaba por fugarse”, sostuvo Rospigliosi.

Estos argumentos también fueron expuestos por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el juez supremo César San Martín, en la resolución que declaró infundada la apelación de Pedro Castillo a la prisión preventiva dictada en su contra.

“La flagrancia delictiva, en el presente caso, desencadenó no solo la detención policial de oficio, sino también la detención judicial preliminar, la declaratoria de vacancia presidencial y, además, el levantamiento de la prerrogativa de antejuicio político y la declaratoria de formación de causa penal en su contra. […] se sustenta en la flagrancia de la conducta del investigado Castillo Terrones y en el hecho de que pretendía huir […]”, se explica en la decisión de la Sala.

Por tanto, Rospigliosi añadió que “decir que está detenido [Castillo] de forma ilegal es una mentira. Una situación excepcional como un golpe de Estado requiere del sistema democrático una respuesta excepcional”.

Asimismo, la resolución de la Sala aborda esta situación excepcional y la necesidad de tomar una decisión. “Plantea el recurrente Castillo Terrones que se habría vulnerado el debido procedimiento legal de antejuicio y el derecho de defensa. Empero, como se ha enfatizado, la flagrancia y su inmediata puesta a disposición judicial a fin de que se dicte la detención judicial preliminar, ante la evidencia del hecho y el peligro de fuga, permitía un trámite acelerado de defensa del ordenamiento constitucional […]”, se desarrolla en el pronunciamiento.

También señalan que en el Congreso se dio el debate parlamentario “al punto que hubo cuarenta y cuatro congresistas que se opusieron a levantar la inmunidad presidencial y a la declaración de formación de causa penal”.

“Pedro Castillo en ningún momento estaba escapándose, en ningún momento. Estaba salvando la vida de sus hijos”.

Lourdes Huanca, activista. 21 de febrero en Noruega.

Otra de las posverdades difundidas por Lourdes Huanca en Noruega tiene que ver con la intención de Pedro Castillo de asilarse en la Embajada de México en Perú, ubicada en San Isidro. Para Huanca, el expresidente “en ningún momento estaba escapándose”.

Esta declaración se contrapone a lo que realmente ocurrió: si Castillo no llegó a esta sede diplomática fue porque fue detenido en el trayecto. Además, según información que pudo conocer El Comercio, el expresidente sí pretendió acudir a la referida embajada para acogerse al asilo luego del golpe de Estado.

La Sala presidida por el juez San Martín también ha ponderado este hecho. “Tras el fracaso del autogolpe de Estado, el expresidente Castillo Terrones, acompañado de su familia y del asesor [Aníbal] Torres Vásquez, salió raudamente de Palacio de Gobierno en dos coches oficiales con rumbo a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en nuestro país, pero fue capturado antes de lograr su propósito de solicitar formalmente y obtener asilo político”, expone.

Los argumentos también toman en cuenta el acta de intervención policial y la declaración del general PNP Jorge Luis Angulo Tejada, los que “son concluyentes al respecto”.

Dos días después, el 9 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también confirmó que Castillo se comunicó con su oficina para avisar que estaba camino a la embajada para solicitar asilo. Ante ello, se ordenó al entonces embajador Pablo Monroy abrir las puertas del recinto.

“La vacancia de Pedro Castillo ha sido absolutamente ilegal”.

Anahí Durand, exministra. 22 de febrero en España.

“Pedro Castillo, presidente constitucional […] El 7 de diciembre del 2022, lograron en componenda con el Poder Judicial, los congresistas, la Fuerza Armada, derrocar a Pedro Castillo en forma ilegal, haciendo que dejara el cargo. Desde ese instante el Congreso sin tener los votos necesarios que dice la Constitución lo vacaron. Hoy se encuentra en la cárcel en forma ilegal, como preso político. No hay una norma que acredite que pueda estar en la cárcel”.

Pasión Dávila, congresista del Bloque Magisterial. 23 de enero en Argentina

La exministra Anahí Durand y el congresista Pasión Dávila han declarado en España y Argentina, respectivamente, que Castillo fue vacado del cargo de manera “ilegal” y “sin tener los votos necesarios”.

Sin embargo, el procedimiento fue legal y se enmarcó en la cantidad de votos exigibles, refirió el constitucionalista Alejandro Rospigliosi. “Bastaba con 87 votos, los dos tercios [del Congreso]. Y se superó largamente eso. […] Una válvula de escape fue la incapacidad moral permanente que ahora se usó y es correcta”, comentó. Previamente, otros constitucionalistas consultados por El Comercio también han señalado que la destitución del expresidente ocurrió según está previsto.

Por su parte, la Sala presidida por el juez San Martín también desarrolla que la vacancia se condujo de acuerdo con el ordenamiento constitucional debido a la flagrante pretensión del quiebre democrático. “[…] votada con ciento un votos a favor, seis votos en contra y diez abstenciones, de un número legal de ciento treinta congresistas, que declaró la permanente incapacidad moral del presidente José Pedro Castillo Terrones y, asimismo, declaró la vacancia de la Presidencia de la República, se sustentó en la flagrante vulneración del ordenamiento constitucional por el pronunciamiento público que efectuó, de pretender disolver el Congreso, impedir el funcionamiento en forma inconstitucional del Congreso y los demás poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución Política […]”, se precisa en el pronunciamiento.

“Lo que pasa en Perú en este momento es que tenemos un régimen que no elegimos en las urnas”.

Anahí Durand, exministra. 25 de febrero en España.

“Son dos meses y medio que una vicepresidenta se convirtió en presidenta por las maniobras legales que hizo y que está ejerciendo violencia y pretende quedarse en combinación con los poderes”.

Anahí Durand, exministra. 25 de febrero en España.

De otro lado, la exministra Durand ha tratado de instalar la idea de que Dina Boluarte no fue elegida en las urnas y que “se convirtió en presidenta por las maniobras legales que hizo”. Estas afirmaciones no se ajustan a la verdad, pues en el Perú hubo una sucesión constitucional: Boluarte integró, con Castillo como cabeza, la fórmula presidencial de Perú Libre que ganó las elecciones el 2021.

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, declaró que “de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución, el Estado peruano se suscribe al modelo democrático representativo y se organiza bajo el principio de separación de poderes. La situación política que estamos afrontando ha sido resuelta por la reciente decisión de activar la sucesión presidencial luego de haberse declarado la vacancia del expresidente Pedro Castillo”.

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República”, comunicó por su parte la Cancillería el pasado 13 de diciembre.

“En el Perú ya no estamos viviendo en una democracia, es una dictadura militar donde se está militarizando todas las zonas”.

Margot Palacios, congresista de Perú Libre. 12 de febrero en Suiza.

Finalmente, la congresista Palacios dijo durante una reunión organizada en Ginebra que el Perú no vive en democracia, sino en una “dictadura militar”. Al respecto, la constitucionalista Yolanda Tito considera que esto es impreciso. “[…] No estaríamos hablando del término de dictadura porque el origen del gobierno actual tiene el respaldo de los dos tercios del número legal de congresistas. Quiere decir que hubo una sucesión del mandato”, resaltó. Sin embargo, hizo hincapié en la forma en que las protestas han sido reprimidas por parte de las fuerzas del orden, lo que ha derivado en 60 muertes, entre manifestantes, civiles por hechos vinculados a los bloqueos y un policía.

“No puede decirse que es una dictadura, pero sí puede haber un gobierno represivo que atenta contra los derechos humanos y no hay una actitud de enmienda. Eso deslegitima al gobierno porque hay un uso abusivo de la fuerza”, concluyó Tito.

Fernando Huamán, director del Centro de Investigación de Opinión Pública de la Universidad de Piura, comentó a El Comercio que, en una situación política como la que vive el Perú, las lecturas sesgadas que sostienen actores interesados influyen “en las personas que no tienen idea o que son neutrales”. Por ello, considera que es urgente incluir en el espacio público más voces expertas.

“Desde el punto de vista institucional no hay riesgo como tal porque nuestro sistema jurídico tendrá que seguir su propio camino. Desde el punto de vista de la legitimidad social del gobierno de Dina Boluarte sí se ve afectada. Aunque tenga los argumentos legales para sostener su presidencia, la convivencia política implica que los gobiernos tengan legitimidad por parte de su pueblo y esa lectura se tiene en base a la opinión pública”, evaluó Huamán.

Similar posición expone el analista político Rober Villalva, que considera preocupante la dispersión de información distorsionada. “El gobierno tiene legalidad, pero legitimidad política en absoluto. Es un gobierno que tiene rechazo y este nació producto de una crisis institucional”, comentó.

Finalmente, Huamán consideró que las respuestas que ha dado Cancillería frente a las narrativas falsas no solo han sido tardías, sino más políticas que técnicas. Sin embargo, consideró que la legitimidad social “es algo que se puede recuperar, no solo con discursos. Fundamentalmente un político la recupera con obras y gestos”.

Mientras, Villalva observó que si ha calado la percepción distorsionada es también porque los mensajes que la presidenta emite no son claros. “Tiene dificultad para ser comprendida. De esa debilidad se aprovechan los sectores de oposición. Podría ampliar su espectro de comunicación”, sugirió.