Pedro Castillo: Avanzan en el Congreso procesos que buscan su inhabilitación por 10 años ¿Qué casos son y qué viene ahora?

Dos denuncias constitucionales que plantean la inhabilitación por 10 años de la función pública contra Pedro Castillo avanzan en el Congreso. La Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) un plazo de 15 días para que investigue las acusaciones presentadas contra el golpista exmandatario.

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Se trata de las DC 302 y 304, presentadas en el 2022 por los parlamentarios Juan Burgos (Podemos Perú) y Edward Málaga Trillo (no agrupado), respectivamente. Ambas demandas tuvieron un lento avance en la SAC, que Alianza para el Progreso preside desde el 2021.

La primera acusación fue presentada en septiembre del 2022 por Burgos, quien en ese entonces integraba las filas de Avanza País y hoy pertenece a Podemos. La denuncia alcanza también al exministro de Educación Rosendo Serna y es por la modificación del Estatuto de la Derrama Magisterial.

El grupo de trabajo acordó que la investigación siga su curso con 17 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.

La otra denuncia, de autoría de Málaga, se presentó en octubre del mismo año, cuando Castillo todavía era presidente. Esta demanda es por el presunto uso indebido de aeronaves del Estado. La Comisión permanente dio luz verde a la pesquisa con 15 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

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De acuerdo con el Reglamento del Congreso, ahora corresponde que la SAC nombre a un congresista delegado que será responsable de realizar las pesquisas. Además, debe notificar al denunciado sobre el proceso para que formule sus descargos y presente los medios probatorios.

Posteriormente, tras la etapa de audiencias, el parlamentario delegado elabora el informe final que recomienda acusar o archivar la denuncia. Este documento se debate y se vota en la SAC. Tras ello, el documento se debate y se vota también en la Comisión Permanente. Si prospera en las dos etapas pasa al pleno, que tiene la decisión final.

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Cabe recordar que Pedro Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo (Ate) por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022. El caso se encuentra en etapa de juicio oral.

La última semana de junio, el partido Juntos por el Perú anunció una alianza con la agrupación que promueve el exmandatario desde la cárcel.

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• Caso Derrama Magisterial

Esta denuncia comprende a Pedro Castillo y Rosendo Serna Román, en su actuación como ministro de Educación de ese gobierno.

A ambos se les imputa infringir la Constitución al suscribir y emitir el Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, publicado el 8 de julio de 2022, que modificó la composición del directorio de la Derrama Magisterial.

En la acusación se indica que la Derrama Magisterial es una persona jurídica de derecho privado, con autonomía administrativa y económico-financiera, que administra los aportes de los maestros del sector público para fines previsionales. Desde 1984 no está sujeta al derecho público ni forma parte del aparato estatal.

En el documento se pide que Castillo y Serna sean inhabilitados durante 10 años por la infracción de los incisos 2 y 16 del artículo 2; artículo 70, y, los incisos 1 y 9 del artículo 118 de la Constitución.

El informe de calificación que declara procedente la denuncia fue aprobado el pasado 13 de mayo por la SAC con 13 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

Revisa aquí la denuncia constitucional por la modificación del estatuto de la Derrama Magisterial:

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• Caso aeronaves

La denuncia formulada por el congresista Málaga se sustenta en el uso “indiscriminado de bienes públicos y recursos económicos” para viajes de la Fuerza Aérea del Perú que habrían beneficiado a familiares del expresidente.

Se trata de un viaje que el exgobernante realizó el 23 de junio del 2022 para trasladarse de Lima a Chiclayo.

Según el manifiesto de vuelo, habría viajado junto a familiares directos, entre ellos, su sobrino Fray Vásquez Castillo (registrado como Lay Vásquez); Cristian Ríos Castillo; Kevin Castillo; entre otros.

“Se aprecia que el presidente Pedro Castillo, con el aval del sector Defensa, habría dispuesto un uso indebido de aeronaves y recursos propios de la Fuerza Aérea del Perú. Situación que se agrava por el hecho de que se habría producido un viaje con un familiar del presidente que se encuentra prófugo de la justicia, lo que configuraría una inconducta insostenible”, indica el documento elaborado en octubre del 2022, cuando el docente aún seguía en el poder.

Agrega que, en algunos casos, “se han consignado documentos de identidad inexistentes o que no corresponden al pasajero”. Esto en referencia al nombre “Lay Vásquez Castillo”, identificado como un “sobrino” cuyo DNI no existe.

En el documento se recomienda acusar al jefe de Estado por infracción a distintos artículos de la Constitución: los deberes de la Nación (artículo 38), la buena administración pública (artículo 39) y el principio de separación de poderes (artículo 43).

Adicionalmente, se considera que Castillo habría infringido el artículo 110 respecto a su rol como mandatario, el 118 (inciso 1 y 4) respecto al cumplimiento de la Constitución, y velar por el orden interno.

La denuncia recién fue declarada procedente por la SAC en mayo del 2025, tras un lento avance. El informe de calificación fue aprobado con 10 a votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones.

Revisa aquí la denuncia constitucional por el presunto uso indebido de aeronaves:

En tanto, la Comisión Permanente archivó cuatro denuncias presentadas por diversos congresistas contra la presidenta Dina Boluarte y varios exministros. Tres de ellas por las muertes en las protestas desarrolladas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Se trataba de acusaciones contra la mandataria por infracciones constitucionales y la comisión de supuestos delitos como homicidio, lesiones graves.

La primera acusación había sido planteada por la congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, contra Boluarte y diversos exministros por presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves.

Las otras dos fueron impulsadas por Silvana Robles, de la Bancada Socialista, contra Boluarte y diversos exministros implicados en sectores como Defensa e Interior por presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves.

Finalmente pasó definitivamente al archivo la denuncia promovida por Jaime Quito (Bancada Socialista) contra Boluarte y su ex primer ministro Alberto Otárola por el presunto delito de usurpación de la función pública y aceptación ilegal del cargo. Esto, por supuestamente haber asumido sus cargos de forma irregular tras el golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

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