Pedro Castillo: Corte Suprema ratifica prisión preventiva contra el expresidente por el golpe de Estado

El expresidente Pedro Castillo continuará recluido en el penal de Barbadillo, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la vigencia de la prisión preventiva en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Permanente, presidida por el magistrado César San Martín, declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa del exmandatario.

En la apelación se solicitaba sustituir la medida por comparecencia con restricciones o la realización de una nueva audiencia por otro juez.

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De esta manera, se confirmó la resolución emitida en junio pasado por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.

La Sala Penal Permanente señala que la defensa de Pedro Castillo cuestionó la legalidad de las audiencias, alegando que participaron los fiscales adjuntos Alcides Mario Chinchay Castillo y Galinka Meza Salas, en lugar de fiscales supremos, lo que a su criterio invalidaba el proceso. Sin embargo, el tribunal desestimó este argumento, precisando que no existe irregularidad en la actuación de fiscales provisionales y que las diligencias judiciales no pueden retroceder a etapas ya culminadas.

“No se ha producido vicio orgánico alguno a raíz de la intervención en la causa de jueces y fiscales provisionales y de fiscales adjuntos. El debido proceso no se ha sido inobservado”, señala la mencionada sala.

Asimismo, la sala subrayó que la prisión preventiva solo puede levantarse si se presentan nuevas pruebas que justifiquen un cambio de medida, lo cual no ocurrió en este caso.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado 34 años de cárcel e inhabilitación por 3 años y 6 meses contra Castillo, a quien se acusa de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

De manera paralela, el exmandatario enfrenta otro mandato de prisión preventiva dentro de la investigación por organización criminal y otros delitos vinculados a los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.