Pedro Castillo: PJ amplía por 12 meses prisión preventiva en caso de presunta corrupción

“La Fiscalía articula todos los elementos antes descritos: condena vigente, elevada expectativa punitiva, antecedentes de solicitud de asilo, entorno internacional de protección diplomática efectiva, asilo concedido a familiares y exfuncionarios, y debilitamiento de los arraigos tradicionales. De la valoración conjunta (…) se concluye que existe un riesgo real, concreto y actual de que, en caso de recuperar su libertad, el investigado (Pedro Castillo) se sustraiga deliberadamente del proceso penal”.

Este es parte del argumento del juez supremo Edhin Campos Barranzuela para ordenar la ampliación por 12 meses adicionales (un año) la prisión preventiva del sentenciado expresidente Pedro Castillo, en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión, de acuerdo a una resolución obtenida por El Comercio.

Por este caso, Castillo Terrenos viene cumpliendo 36 meses de prisión preventiva, que se cumplen el 8 de marzo del 2026. Sin embargo, tras la orden judicial de ampliación, la medida se extendió hasta el 9 de marzo del 2027.

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A través de una segunda resolución, el magistrado supremo amplió por 20 meses (hasta agosto del 2027) el plazo de la investigación preparatoria tras un pedido del Ministerio Público.

El vacado exmandatario purga ya una condena a 11 años, 5 meses y 15 días, por el delito de “conspiración para la rebelión” debido al golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Esta sentencia, ha sido apelada por su defensa.

Castillo Terrones se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo (distrito de Ate Vitarte) desde hace cuatro años y dos meses.

De otro lado, el Poder Judicial (PJ) también ordenó la ampliación de la prisión preventiva contra Geiner Alvarado, exministro de Castillo Terrones, por seis meses adicionales. Con ello, el exfuncionario continuará recluido por este caso hasta el 31 de octubre del 2026.

Castillo es procesado junto a sus exministros Juan Silva (prófugo de la justicia desde el 2022) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento), por presuntamente integrar una red criminal dedicada a realizar actos de corrupción en diversos estamentos del Estado durante dicho gobierno.

En este expediente se procesan presuntos actos de corrupción vinculados a PetroPerú y la compra de Biodíesel, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la presunta licitación irregular del Puente Tarata por parte de Provías Descentralizado, y en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Decreto de Urgencia N°102-2021 para beneficiar con presupuesto a diversas distritos provinciales vinculados a personas de su círculo de confianza.

De acuerdo a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, representada por el fiscal Denis Pérez Flores, se trata de un caso complejo de organización criminal con un elevado número de investigados (98 personas) y múltiples “brazos” operativos.

Además, señaló que debido a la complejidad existen numerosas diligencias pendientes, principalmente pericias contables y forenses (de ingeniería civil, acústica y análisis digitales) vinculadas a entidades como los ministerios de Vivienda y Transportes y Comunicaciones, así como Petroperú.

Las pericias buscan determinar la correcta ejecución de obras públicas, posibles irregularidades en el marco del Decreto de Urgencia 102-2021 y un eventual perjuicio económico al Estado, el procesamiento de información incautada de celulares y equipos de cómputo, etc.

Junto a ello, la fiscalía ha expresado en una audiencia realizada a inicios de marzo, que persiste un peligro concreto de fuga.

Ello, debido a que no cuenta con arraigo familiar, domiciliario, ni laboral sólido, puesto que su núcleo familiar -incluida su esposa, Lilia Paredes- recibió asilo diplomático en México y ya no reside en el país. Sumado a la gravedad de la pena, dado que solo el delito de organización criminal se encuentra entre los 15 y 20 años de cárcel.

La fiscalía también enfatizó en que existe un “entorno internacional favorable” hacia Castillo Terrones, no solo por las declaraciones públicas de respaldo emitidas por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum; sino también por el asilo a familiares y exfuncionarios cercanos, entre ellos su exministra, Betssy Chávez.

Castillo, a través de su abogado defensor Luis Walter Medrano Girón, señaló que el pedido para prolongar la prisión preventiva por 12 meses, formulado por el Ministerio Público, carecía de lógica y finalidad procesal.

Aseguró que su patrocinado solo está imputado por tres hechos en este caso y que los otros expedientes están a cargo de otras fiscalías.

Rechazó que exista un sustento real para afirmar que existe riesgo de fuga. Sostuvo que no se puede atribuir a su patrocinado responsabilidad por declaraciones o decisiones de autoridades extranjeras, ni por las expresiones de respaldo López Obrador y Claudia Sheinbaum- ni por el asilo otorgado a Betssy Chávez.

Sostiene que tales actos son decisiones soberanas de otros Estados y no constituyen actos propios del investigado orientados a fugarse.

Finalmente, cuestionó que se invoque la condena por rebelión como elemento de peligro de fuga, señalando que se trata de otro proceso y que el fiscal no puede anticipar que dicha sentencia será confirmada.

El magistrado supremo Edhin Campos concluyó que los hechos investigados por la fiscalía serían actos que constituirían manifestaciones de la actividad ilícita desarrollada por la presunta organización criminal, en la que Pedro Castillo habría tenido una función clave, al haber ostentado el más alto cargo del Estado.

Además, tras lo expuesto por la fiscalía, consigna que aún se deben realizar actuaciones periciales que requieren el acopio exhaustivo de documentación administrativa, técnica y financiera, así como la verificación in situ del estado físico de las obras, el procesamiento especializado de evidencia digital y comunicaciones electrónicas.

Precisó que, si bien este caso solo incluye a tres funcionarios aforados, los hechos investigados están vinculados con otras carpetas tramitadas ante la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que alcanzan a más de noventa investigados.

Sumado a ello, el magistrado remarcó que el caso ha tenido “múltiples incidencias procesales” (tutelas de derechos, excepciones de improcedencia de acción, apelaciones, solicitudes de cesación de prisión preventiva y cuestionamientos vinculados a medidas limitativas de derechos) que, si bien constituyen el ejercicio legítimo del derecho de defensa, han generado “una carga procesal adicional que objetivamente impacta en la duración de la investigación”.

“Se concluye que el presente proceso presenta una complejidad estructural, técnica y procesal que excede los parámetros ordinarios de una investigación penal común”, expresó.

Respecto al peligro de fuga, detalló que “subsiste un riesgo concreto, actual y agravado de sustracción a la acción de la justicia” que se incrementa debido a la condena que se le impuso por conspiración para la rebelión.

Finalmente, el juez supremo ratificó la “existencia de un entorno internacional objetivamente favorable a una eventual evasión” fundado en los pronunciamientos a su favor por mandatarios mexicanos y los asilos concedidos a su familia y entorno.

Al respecto, advierte que el “conjunto de actos estatales” configura un marco internacional de protección política efectiva que trasciende lo hipotético y demuestra la viabilidad material de un eventual acogimiento del investigado en el extranjero.

“Se acredita que México otorgó asilo diplomático a la cónyuge del investigado, Lilia Paredes Navarro, y a sus menores hijos, quienes hicieron uso de salvoconductos y residen en territorio mexicano desde diciembre de 2022, sin registrar retorno al país. Asimismo, se concedió asilo diplomático a exfuncionarios estrechamente vinculados al entorno gubernamental del investigado, como Betssy Chávez, generándose incluso la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México. También se consigna el retiro de embajadores en Colombia y Honduras como consecuencia de pronunciamientos de dichos gobiernos respecto a la situación política del Perú.”

Edhin Campos Barrazuela, juez supremo

En el caso del exministro Geiner Alvarado, fue el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien determinó que subsistía el peligro de fuga. Indicó que, debido a los hechos formulados por la fiscalía, la defensa no ha podido acreditar que este presupuesto se haya desvanecido en el tiempo, por lo que la comparecencia simple o con restricciones no resultan idóneas.

“Este Juzgado Supremo, luego de evaluados los argumentos tanto de la fiscalía como de la defensa que la prolongación resulta idónea para la realización del fin constitucionalmente protegido en el presente caso; pero no, por el plazo requerido (…) el peligro de fuga persiste, aunque el plazo solicitado por la fiscalía no resulta proporcional, por lo que es posible la prolongación de prisión preventiva por un plazo menor al solicitado.”

Juan Carlos Checkley, juez supremo.

Por ello, dictó 20 meses adicionales de prisión preventiva. La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos había solicitado 24 meses, en el proceso seguido contra Geiner Alvarado por la presunta comisión del delito de organización criminal, en agravio del Estado.