Pedro Castillo: declaración de Karelim López lo implica en posibles delitos | ANÁLISIS

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De acuerdo a la también empresaria, Castillo Terrones integra “una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)” en la que también están involucrados el titular del sector, Juan Silva, y otras personas cercanas al mandatario. Ello con el fin de dirigir licitaciones que habrían favorecido a la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., que ha ganado licitaciones con el Estado por más de S/580 millones durante el actual gobierno.

Cabe recordar que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió a inicios de enero dos investigaciones preliminares contra el presidente Castillo. Una por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y colusión, a raíz de los casos Petro-Perú y Puente Tarata. La otra es por patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por la supuesta interferencia del mandatario en los ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

El presente caso forma parte de una nueva pesquisa fiscal contra Karelim López, investigada también por en la fiscalía anticorrupción por los casos Petro-Perú y Provías. En este caso, por lavado de activos, a raíz de la cual brindó su declaración. ¿Pero qué ilícitos implica en el caso del jefe de Estado?

Según la versión que da la lobbista, sobre el mandatario recaen sospechas de delitos contra la administración pública, como colusión, y corrupción de funcionarios.

“Esos, además, serían delito fuente para delitos de lavado de activos, porque estarían obteniendo ingresos procedentes de actos delictivos. Y esto sería delito de lavado de activos agravado, porque se habría cometido este delito por intermedio de una organización criminal. Y además, el participar de una organización criminal constituye delito”, explicó a El Comercio el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.

A juicio del abogado penalista Carlos Caro, se trata de presuntos ilícitos que, en un concurso real de delitos que implica la sumatoria de las sanciones, implica penas que bordearían los 30 años de prisión.

“Ese nuevo caso se puede seguir contra el presidente por varios delitos: organización criminal o colusión, por lo que la aspirante a colaboradora llama mafia en el MTC, que finalmente se trata de contratos. Por lo menos, en el bolo, tenemos: organización criminal, colusión desleal y lavado de activos en consecuencia. Podrían dar lugar a una nueva imputación contra el presidente en un nuevo caso”, consideró.

En la lectura del penalista Rafael Chanjan, se trata de varias figuras delictivas a nivel general a partir de lo que se ha conocido al momento, incluyendo colusión en el caso de direccionar licitaciones. “Negociación incompatible de manera alternativa. Si hablamos de una operatividad planificada, reiterada, con permanencia de los actores en su accionar delictivo, organización criminal. Si hubo pago de coimas o beneficios indebidos, cohecho pasivo propio, cohecho activo, tráfico de influencias”, agregó.

En su declaración, Karelim López también sostuvo que la empresa beneficiada por la presunta red criminal está relacionada a cinco congresistas de Acción Popular: Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Carlos Zeballos [ahora pertenece a la bancada de Perú Democrático] y otros dos congresistas que no fueron identificados.

En el caso de los legisladores implicados, Chanjan recordó que se trata de funcionarios con prerrogativas respecto de delitos de función. “Se tiene que seguir el trámite que está establecido, primero una denuncia constitucional que pase a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego el trámite que ya se conoce. Eso tendría que hacerse como paso previo para poder judicializar este tipo de hechos contra congresistas que se mencionan o ministros que son altos funcionarios con esta prerrogativa constitucional del antejuicio”, precisó.

En la misma línea, Vargas Valdivia refirió que los congresistas —a diferencia del presidente Pedro Castillo— sí podrían ser investigados por la fiscal de la Nación en un proceso sin suspensión. “La situación de los congresistas es más complicada y respecto a ellos sí se puede empezar de inmediato [las investigaciones]. Podrían ser investigados, pueden ser citados a declarar. Y la fiscal de la Nación, una vez que concluya la investigación preliminar, para procesarlos ahí recién pide el levantamiento del fuero”, agregó.

En el caso de los legisladores, las alternativas de tipificación delictiva serían similares a las de Castillo.

¿Es viable una nueva investigación?

Bajo los antecedentes respecto de las decisiones de la fiscal de la Nación y sus investigaciones abiertas contra Pedro Castillo, los expertos consultados prevén un mismo escenario: que si se decide iniciar una nueva indagación preliminar contra el mandatario, esta también quedará suspendida hasta el fin de su mandato.

Vargas Valdivia, no obstante, consideró que Zoraida Ávalos deberá estar atenta a lo que informen los fiscales provinciales respecto del avance de las investigaciones contra otros implicados. “Conforme avanzan las investigaciones y van surgiendo elementos que involucran al presidente, el presidente podría ser citado a declarar en esas investigaciones como testigo, porque no puede ser imputado […] Las fiscalías provinciales sí van a avanzar con las investigaciones y sí pueden recabar medios de investigación que pueden comprometer al presidente en estos hechos delictivos”, manifestó.

En ese sentido, consideró que —si tiene verdadero interés en ser investigado— el presidente Castillo debería promover que el Parlamento apruebe una reforma constitucional que modifica el artículo 117 de la Constitución a fin de que se pueda ampliar los delitos por los que un jefe de Estado sí puede ser acusado durante su mandato. “Eso denotaría un compromiso, la seriedad y veracidad de las palabras de presidente. Mientras siga diciendo que lo investiguen sabiendo que no lo pueden hacer, es un discurso falso”, sostuvo.

Para el exprocurador, para que la fiscalía de la Nación inicie una nueva pesquisa contra el presidente, en base a las declaraciones de Karelim López, se necesitan indicios razonables y una sospecha. “Y si hay indicios más que razonables de la comisión de delitos y de la vinculación de presidente, la fiscal podría abrir investigación. Si el mero dicho va acompañado de elementos que permiten establecer que esto es razonable o es necesario investigar, la fiscal de la Nación puede iniciar una investigación, pero tendría que suspenderla”, explicó en base a los antecedentes.

En opinión de Caro, Ávalos tiene una interpretación constitucional “súper conservadora”, puesto que el contexto permitiría investigar a Castillo. “Estamos ante nuevos hechos que está narrando la colaboradora eficaz con una mínima confirmación, porque no es necesario esperar a que se acabe todo el proceso de colaboración”, dijo e insistió en que “una investigación se abre con una sospecha inicial simple”, como la declaración de un aspirante a colaborador eficaz.

Finalmente, Chanjan indicó que si se trata de hechos que no han sido objeto de pronunciamiento de Ávalos respecto de Castillo, teóricamente podría iniciarse una nueva investigación, aunque esta podría ser suspendida por la fiscal como en los anteriores casos.

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