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Luego de más de dos años de investigación, el expresidente Pedro Castillo -quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo- se sentará en el banquillo de los acusados por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.
También serán juzgados sus co-acusados Betssy Chávez (exjefa del Gabinete), Aníbal Torres (entonces asesor de la PCM y ex primer ministro) y Willy Huerta (extitular del Interior).
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La Sala Penal Especial de la Corte Suprema programó para el próximo 4 de marzo, a las 09:00 am, el inicio del juicio oral contra el golpista exmandatario y sus exfuncionarios.
El Ministerio Público acusa al exmandatario de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública y pide una condena de 34 años de prisión.
Mientras que a los demás implicados se les acusa de rebelión y se enfrentan a pedidos de 25 años de prisión, salvo Torres, para quien solicita 15 años. (ver cuadro)
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema informó que el juicio se llevará a cabo, de manera mixta, 3 veces por semana (martes, jueves y viernes) inicialmente en forma presencial en el penal de Barbadillo, en Ate.
Cabe recordar, que la Fiscalía de la Nación acreditó a 41 testigos, mientras que los acusados presentaron 25. También participarán tres peritos admitidos para la fiscalía y los acusados, así como 16 objetos de convención probatoria y más de 70 documentos probatorios de todas las partes.
Castillo, Torres, Chávez, Huerta y tres policías: el general Manuel Lozada, el comandante Jesús Venero y el teniente Eder Infanzón serán juzgados por este tribunal.
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Además…
En este proceso también estaba implicado el exministro de Comercio Exterior y Turismo y actual congresista, Roberto Sánchez. Sin embargo, hace unos días la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aceptó, en segunda instancia, un recurso para excluirlo del proceso. Para él, la fiscalía solicitaba una pena de 25 años.
En la resolución que cita a la audiencia de inicio de juicio, que tiene fecha del 31 de enero, sí se incluye a Sánchez como uno de los acusados por el golpe de Estado.
En diálogo con El Comercio, el abogado del exministro, Carlos García, explicó que en los próximos días se eliminaría el nombre de Sánchez del auto de enjuiciamiento o, en su defecto, el día del inicio del juicio oral se daría cuenta de la decisión.
En julio del 2024, el Poder Judicial había declarado infundado el recurso con el que el congresista buscaba archivar el proceso en su contra por los hechos del 7 de diciembre. Sin embargo, esa decisión fue revocada y declara fundada en segunda instancia, por lo que Roberto Sánchez ya no irá a juicio.
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La investigación
Por los hechos del 7 de diciembre, Pedro Castillo fue detenido en flagrancia cuando se dirigía a la embajada de México. Luego, se le impuso prisión preventiva, medida que durará hasta diciembre del 2025. En enero pasado, la fiscalía cerró su investigación de este caso y presentó su acusación contra el exmandatario por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
La acusación contra Castillo y sus presuntos cómplices abarca los hechos previos, durante y después del golpe del 7 de diciembre. En la previa, se considera el contexto de un pedido de vacancia en el Congreso contra el entonces mandatario, la aparición de testigos o colaboradores que lo implicaban en actos de corrupción y reuniones entre el jefe de Estado y sus entonces ministros en la jornada previa a su discurso.
Según la acusación, Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betssy Chávez colaboraron para escribir el mensaje golpista. Ellos lo niegan.
Pedro Castillo anunció un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
Ya en lo referido al día del golpe de Estado, la acusación aborda las reuniones entre los procesados en Palacio de Gobierno, los intentos para cambiar al jefe del Ejército y que los seguidores castillistas lleguen hasta la sede del Ejecutivo.
Igualmente aborda las coordinaciones para que el discurso se transmita en señal nacional, y la lectura del texto con el que el entonces jefe de Estado buscó la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención del sistema de justicia, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Finalmente, las circunstancias posteriores describen las órdenes del presidente para plasmar su golpe, las renuncias sucesivas de los ministros tras el mensaje, los pronunciamientos de la PNP y las FF.AA., y los intentos de Pedro Castillo para ir a la embajada de México.
Allí también se apunta al papel de los policías acusados: según la fiscalía, habrían impedido el ingreso de legisladores y trabajadores al Congreso, en línea con el discurso golpista del presidente. Los oficiales niegan la acusación.
Por todo ello, se acusa a Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta de haber acordado “disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú” sin que se cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución para ello. Dentro del proceso, todos los procesados han rechazado la acusación y se prevé que harán lo mismo en el juicio.
Los testigos
Del total de testigos, 24 darán testimonios sobre Pedro Castillo, el principal acusado. De ellos, algunos también declararán sobre los otros procesados.
Entre estos testigos están los exministros Alejandro Salas, Emilio Bobbio y Heidy Juárez, quienes declararán sobre la convocatoria que se hizo a los miembros del gabinete para que vayan a Palacio de Gobierno antes del golpe, sobre lo que se dijo allí y sobre quiénes estuvieron presentes. También serán citados los periodistas de TV Perú que fueron llevados al Despacho Presidencial para la transmisión del mensaje golpista, así como directivos del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) y funcionarios de Palacio de Gobierno y de la PCM.
Otros testigos están vinculados a la Policía Nacional del Perú para dar cuenta sobre las órdenes dadas ese día por el presidente. También se citará al que era el alto mando de las Fuerzas Armadas al momento de los hechos y a funcionarios del Ministerio de Defensa. Además, declararán dos peritos del Ministerio Público.
| Imputado | Delito que le imputa la fiscalía | Condena solicitada |
|---|---|---|
| Pedro Castillo | Rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública | - 34 años de prisión - Inhabilitación de 3 años y 6 meses - Reparación civil S/ 65′ 419.038,53 a favor del Estado, a pagarse de forma solidaria. |
| Aníbal Torres | Rebelión | - 15 años de prisión - Inhabilitación de 2 años y 6 meses - Reparación civil S/ 64′ 419.038,53 a favor del Estado, a pagarse de forma solidaria. |
| Betssy Chávez | Rebelión | - 25 años de prisión - Inhabilitación de 2 años y 6 meses - Reparación civil S/ 64′ 419.038,53 a favor del Estado, a pagarse de forma solidaria. |
| Willy Huerta | Rebelión | - 25 años de prisión - Inhabilitación de 2 años y 6 meses - Reparación civil S/ 64′ 419.038,53 a favor del Estado, a pagarse de forma solidaria. |
| Manuel Lozada Morales | Rebelión | - 25 años de prisión - Inhabilitación de 2 años y 6 meses - Reparación civil S/ 64′ 419.038,53 a favor del Estado, a pagarse de forma solidaria. |
| Justo Venero Mellado | Rebelión | - 25 años de prisión - Inhabilitación de 2 años y 6 meses - Reparación civil S/ 64′ 419.038,53 a favor del Estado, a pagarse de forma solidaria. |
| Eder Infanzón Gomez | Rebelión | - 25 años de prisión - Inhabilitación de 2 años y 6 meses - Reparación civil S/ 64′ 419.038,53 a favor del Estado, a pagarse de forma solidaria. |
Además…
Fechas claves del caso
7 de diciembre del 2022
- El entonces presidente Pedro Castillo, emitió un mensaje a la nación para anunciar la disolución del Congreso de la República, establecer un Gobierno de excepción, un toque de queda nocturno y establecer la reestructuración del sistema de justicia. Fue un mensaje de 10 minutos en el que se consumó el quiebre de la Constitución Política del Perú y un golpe de Estado.
- El Congreso lo destituyó y Castillo fue arrestado en flagrancia mientras se dirigía hacia la Embajada de México en el Perú.
- Dina Boluarte juró como presidenta de la república.
15 de diciembre del 2022
- El Poder Judicial dictó prisión preventiva de 18 meses contra Castillo. En julio del 2024, amplió la medida por 18 meses más.
- Para Aníbal Torres determinó comparecencia con restricciones.
20 de junio del 2023
- El Poder Judicial dispuso la prisión preventiva de 18 meses contra Betssy Chávez. En diciembre del 2024, la medida se amplió por 15 meses.La exprimera ministra permanecerá en prisión hasta el 19 de marzo de 2026.
Noviembre del 2024
- El Poder Judicial ordena que Pedro Castillo y sus coacusados vayan a juicio.
Febrero del 2025
- El Poder Judicial programó el inicio del juicio oral para el 4 de marzo.
