Pedro Castillo: los argumentos que sustentan la tercera moción de vacancia presidencial

La tercera moción de vacancia, impulsada por el congresista no agrupado Edward Málaga, sostiene que se configuraría la permanente incapacidad moral del presidente por razones que tienen que ver con el manejo del gobierno.

Por ejemplo, se considera en la moción las cuestionadas designaciones del jefe de Estado en los ministerios, así como las investigaciones fiscales en que está implicado el mandatario.

El primer grupo de razones que se presenta en esta tercera moción de vacancia tiene que ver con las designaciones en el Ejecutivo. Estas decisiones fueron observadas por el incumplimiento de perfiles adecuados e idoneidad para dirigir los diferentes ministerios.

En el primer fundamento de hecho se sustenta que hubo un “irresponsable desmantelamiento” de la administración pública y copamiento “clientelista de las instituciones del Estado, poniendo en riesgo su funcionamiento, la gobernabilidad y el futuro del país”.

Se cita el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, del pasado 3 de febrero, en el que se precisa que “la facultad presidencial para designar ministros no es irrestricta, pues se encuentra sujeta a parámetros contenidos en la Constitución Política del Perú, que son de obligatorio cumplimiento”. También, en concordancia con los señalado por el Tribunal Constitucional, que no debe “confundirse la discrecionalidad con arbitrariedad”.

En la tercera moción de vacancia indica que el nombramiento de algunos altos funcionarios ha “atentado contra el funcionamiento del Estado” y esta situación revelaría el “escaso juicio” del presidente Castillo para tomar decisiones de gobierno.

Se detalla, por ejemplo, las designaciones observadas de Guido Bellido como primer ministro, que fue “ajena a los criterios de mérito, competencia, capacidades y carente de liderazgo ético y democrático”.

También se menciona la elección de personas como Juan Silva (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), actualmente prófugo de la justicia y a quien se le requiere por acusaciones en su contra al estar implicado en una presunta organización criminal que habría operado en el MTC. La permanencia de Silva en el referido ministerio demostraría, según se indica en la moción, “la vinculación entre los actos del denunciado ministro y el presidente Castillo, y su responsabilidad como el funcionario encargado de nombrarlo”.

También se mencionan las designaciones de Héctor Béjar (Ministerio de Relaciones Exteriores), Iber Maraví (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), Rubén Ramírez (Ministerio del Ambiente) y Ciro Gálvez (Ministerio de Cultura).

Además, se observa la designación de Geiner Alvarado como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país en su contra debido a una investigación que se le sigue por presunta organización criminal, la que estaría liderada por el presidente.

Otras designaciones cuestionadas e incluidas entre las razones que respaldarían el argumento de “irresponsable desmantelamiento” de la administración pública se mencionan las Víctor Maita (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), Iván Merino (Ministerio de Energía y Minas), Walter Ayala (Ministerio de Defensa) y Luis Barranzuela (Ministerio del Interior).

Igualmente, los nombramientos de Carlos Gallardo (Ministerio de Educación), Héctor Valer (Presidencia del Consejo de Ministros), Alejandro Salas (Ministerio de Cultura), Wilber Supo (Ministerio del Ambiente), Rosendo Serna (Ministerio de Educación), Hernán Condori (Ministerio de Salud) y Óscar Zea (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego).

Respecto a Aníbal Torres se advierte que, desde su nombramiento, protagonizó confrontaciones que han evidenciado “su falta de capacidad para lograr consensos”. Adicionalmente, se incluye en esta lista a José Gavidia (Ministerio de Defensa), Ángel Yldefonso (Ministerio de Justicia), Betssy Chávez (Trabajo y Promoción del Empleo), sobre quien se cuestiona que, pese a su censura, reingresó a al Gabinete en otro sector.

Finalmente, se señalan las designaciones de Jorge Prado (Ministerio de la Producción), César Paniagua (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), Dina Boluarte (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social), Dimitri Senmache (Ministerio del Interior), Andrés Alencastre (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), Willy Huerta (Ministerio del Interior), Claudia Dávila (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) y Hugo Barragán (Ministerio de Defensa).

A ellos se añaden los “embajadores políticos” de Perú Libre. Entre ellos, la designación de Richard Rojas García, hombre de confianza de Vladimir Cerrón, como embajador del Perú en Venezuela -nombramiento que luego fue anulado-; Isabel Soria Reátegui como embajadora en Noruega y Eliseo Soria Reátegui como embajador en Suecia.

La moción indica que “si bien esta propuesta no llegó a concretarse en un nombramiento, se concibe como un elemento más para juzgar el poco criterio e irresponsabilidad con el que el presidente Castillo propone a los representantes del país”.

El documento presentado por el Congreso también considera que el gobierno dictó una medida “claramente inconstitucional” al decretar la inmovilización ciudadana en Lima y el Callao el pasado 5 de abril.

La moción de vacancia indica que no debe ser desestimado el hecho de que el presidente Castillo está siendo investigado por el Ministerio Público durante el ejercicio de sus funciones por presuntos delitos.

“Separar del cargo al presidente Pedro Castillo constituye no solo una obligación ética que recae en el Congreso, sino un imperativo legal y constitucional que tiene asidero en el principio de separación de poder y lucha contra la corrupción”, se argumenta en el documento.

Para ello, se citan las investigaciones fiscales en las que está involucrado el jefe de Estado. Por ejemplo, los casos Puente Tarata -por la adjudicación presuntamente irregular para la construcción de una obra en la región San Martín-, ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los que habría participado el presidente Castillo; Petro-Perú -adquisición de biodiesel-; la presunta organización criminal que encabezaría el jefe de Estado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); y la existencia de un “Gabinete en la sombra”.

También se menciona el presunto tráfico de influencias por el que es investigada Yenifer Paredes, cuñada del presidente.

Sobre estos hechos el documento indica que se revela que Pedro Castillo “ha actuado al margen del interés público y que su continuidad en el cargo constituye una afrenta para el país”.

Por ello, se sugiere que su “destitución del cargo aparece como un medio no solo para sancionarlo políticamente por la comisión de hechos reprensibles, más allá de toda duda razonable, sino para cautelar el desarrollo de las investigaciones en su contra por parte del Ministerio Público”.

Se señalan también los cuestionamientos formulados contra el presidente Castillo por su “falta de honestidad e integridad”, necesarias para ejercer un alto cargo.

“Comportamientos que ponen seriamente en duda los principios y la honorabilidad del presidente aportan elementos de juicio decisivos para la discusión de la permanente incapacidad moral. Tal es el caso de las revelaciones hechas respecto a la integridad profesional y académica del presidente, así como de los actos de obstrucción a la justicia y encubrimiento personal evidenciados recientemente”, se detalla en el documento.

Entre ellos, se indica el presunto plagio que Castillo y la primera dama, Lilia Paredes, cometieron al momento de redactar y presentar su tesis de maestría. Actualmente, ambos están siendo investigados por la fiscalía por los presuntos delitos de plagio agravado y falsedad genérica.

También se menciona la investigación preliminar que se inició contra el presidente Castillo por el presunto delito contra la administración de justicia y encubrimiento personal, esto luego de las declaraciones del exministro del Interior Mariano González.

De acuerdo con su testimonio, su salida intempestiva de esta cartera se debió a la intención del mandatario por “obstruir la administración de justicia” respecto a las búsquedas de personas prófugas vinculadas al presidente: el exministro Juan Silva, su sobrino Fray Vásquez y el exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco.

Según González, se buscaba desarticular al equipo especial liderado por el coronel PNP Harvey Colchado.

La moción presentada por un grupo de congresistas señala que el presidente “ha demostrado su desdén por el sistema democrático” al haber ofrecido obras y puestos de trabajo en el Estado “a cambio de impunidad”.

“En su afán de conseguir votos que lo blinden a él y a sus ministros en sede parlamentaria, no les importó intervenir este poder autónomo del Estado, atentando contra la separación de poderes”, agregan.

Se menciona, por ejemplo, el involucramiento de los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza en una investigación fiscal y su presunta inclusión en una red de corrupción que sería liderada por Pedro Castillo.