Pedro Castillo nombró a 13 prefectos regionales que pertenecen al Fenatep: radiografía de los designados por el presidente | INTERACTIVO

El Conare-Sutep, vinculado al Movadef, estuvo detrás de la huelga magisterial del 2017 que encabezó el hoy presidente Castillo, quien es fundador del Fenatep. Esta organización, además, es la base del denominado Partido Magisterial y Popular que impulsan colegas del mandatario.

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Uno de los prefectos, Eliseo Huamaní (Apurímac) aparece en los planillones de adherentes del Movadef. Asimismo, la policía lo incluyó el 2014 junto a otros miembros del Conare en un atestado bajo la imputación del presunto delito de terrorismo.

El Ministerio del Interior está, además, en proceso de designación de subprefectos provinciales y distritales.

¿Qué es y qué hace un prefecto?

El Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior (Mininter) contempla a la Dirección General de Gobierno Interior, que depende jerárquicamente del viceministerio de Orden Interno.

Actualmente, el director general de Gobierno Interior es José Segundo Rafael Heredia, profesor de educación secundaria y abogado natural de Chota, Cajamarca, como el presidente Castillo. Entre sus funciones está proponer al citado viceministerio “la designación, encargo y remoción de prefectos regionales, así como de dirigirlos y supervisarlos”. También designa a los subprefectos provinciales y subprefectos distritales.

Precisamente, dicha dirección tiene cuatro órganos desconcentrados: la prefectura regional, la subprefectura provincial, la subprefectura distrital y la Tenencia de Gobernación. En este último caso, los tenientes gobernadores tienen competencia en su centro poblado, caserío o comunidad correspondiente y son designados por los subprefectos provinciales.

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Según el clasificador de cargos del Mininter, el prefecto regional es “el funcionario público que representa al Poder Ejecutivo en el ámbito de su jurisdicción; vela por el carácter del gobierno y garantiza la presencia del Estado en todo el territorio de la República”. Esa y otras normas consignan las funciones del cargo, entre las que está “planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las autoridades políticas en el ámbito de su jurisdicción”.

Para el exministro del Interior y exviceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, el sistema de autoridades políticas o de gobierno interior no cumple adecuadamente con sus funciones, está degradado y en la práctica “es una bolsa de trabajo para los amigos, conocidos o militantes del partido de gobierno”. Por ello, consideró que las prefecturas debieron haberse desactivado con el proceso de regionalización, pues actualmente ya existen gobernadores regionales que podrían asumir sus funciones, al igual que jueces de paz.

Según dijo a El Comercio, cuando fue viceministro de Orden Interno entre el 2016 y 2018 planteó la eliminación de dicho sistema, pero no prosperó. Empero, resaltó que los tenientes gobernadores sí deberían de mantenerse por tener legitimidad en sus comunidades y ser enlace con autoridades. “Estamos frente a un sistema de autoridades que han terminado en una zona gris, como consecuencia de esta desordenada política de descentralización”, refirió.

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El exviceministro de Orden Interno, Ricardo Valdés, sostuvo que los prefectos son parte de una estructura que se ha mantenido en el tiempo, pero no ha evolucionado. A su juicio, dicho sistema tiende a desaparecer y ya no tiene mucho sentido, pues ya existe una estructura política de representación regional: los gobernadores regionales y los alcaldes.

Sin embargo, apuntó que los prefectos no están por encima de alcaldes o gobernadores, y tienen como función “ser ojos y oídos del Ejecutivo o del presidente a nivel nacional”. “Deben estar al tanto de cualquier conflicto sociopolítico. Tienen un rol importante para prevenirlo e informar al Ejecutivo que se está gestando uno o está ocurriendo un problema. Es un rol preventivo de la conflictividad social y tiene un rol activo en la relación con rondas campesinas […] Reúne información, traslada información e interviene a nivel de conflictividad social para la prevención de la misma”, detalló.

José Elice, exministro del Interior, también consideró que la figura de los prefectos debería desaparecer. “Quienes están a cargo de las prefecturas representan al presidente de la República en cada una de las circunscripciones en donde desarrollan su función”, señaló.

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“Jugando con fuego”

“Lo que siempre se ha estilado en los últimos gobiernos es designar prefectos a los secretarios de organización regional [de sus partidos] en la línea de convertir a este sistema de autoridades en una bolsa de trabajo”, admitió Rubén Vargas. Sin embargo, en el caso de la gestión de Pedro Castillo dijo que la diferencia clave está en el “perfil político e ideológico” de los actuales funcionarios.

“La diferencia es que ahora estamos viendo a personajes con ese ideario, esa militancia política y propósitos claros que persigue el Movadef. Y es básicamente el oportunismo político de cooptar a las organizaciones sociales, los frentes de defensa, en su agenda reivindicativa con la finalidad de agudizar las contradicciones”, explicó en referencia al Fenatep, gremio magisterial que derivó del Conare-Sutep.

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En ese sentido, aseveró que “el presidente [Pedro Castillo] está jugando con fuego”. “En una línea de tiempo, estamos hablando de un sector del magisterio que claramente se identifica con el ideario político del Movadef, de todo lo que entienden como agenda reivindicativa. Estamos hablando de distintas denominaciones, pero de los mismos objetivos políticos”, alertó. Consultado por si el Gobierno debería retirar por lo menos a Eliseo Huamaní, expresó incredulidad al considerar que “se está normalizando en el gobierno es la presencia de personajes vinculados al Movadef, al Fenatep y a grupos de esa ideología filosenderista”.

En opinión de Ricardo Valdés, los gobiernos han designado precisamente en las prefecturas a sus “operadores políticos”. Por tanto, afirmó que ello no debería sorprender, pero sí “amerita un estado de alerta por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación para observar el tipo de juego que estarían desarrollando”.

“¿Por qué sorprendernos de encontrar representantes vinculados al Fenatep o al Conare-Sutep? En tanto que el presidente proviene de esa cantera y que exista gente muy ligada a las ideologías radicales por el lado de Perú Libre, lo lógico es que sus representantes provengan de la misma cantera”, estimó.

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En la lectura de José Elice, resulta “peligroso” además la aparente utilización de los cargos de prefectos, que si bien en algunos casos no son eficaces en la actualidad parecerían estar acompañados “de un trabajo de proselitismo político, lo que debería estar vetado”.

“Se corre en riesgo de que, en malas manos, las prefecturas se conviertan en comisarías políticas, que los prefectos sean comisarios políticos […] Si estos prefectos son parte de un plan político se convierten en comisarios políticos en el sentido de que vigilan la actuación de la ciudadanía y de quienes simpatizan o son militantes de los partidos a los que pertenecen”, subrayó.

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Maniobra política

Lo señalado por Elice es precisamente otro aspecto que le preocupa a él y a los exaltos funcionarios del Mininter consultados para este informe.

Vargas no descartó un pago de favores de campaña con las designaciones. Considerando que está pendiente la designación de subprefectos provinciales y distritales, advirtió también que se podría extender una red de funcionarios del mismo perfil que los prefectos regionales.

“No es un riesgo tan latente, sino que estamos observando que es real. El gobierno está jugando con fuego, porque los que han sido siempre incendiarios se olvidan que ahora son gobierno. Tendrían que dejar su rol de incendiarios y ponerse el uniforme de bomberos”, añadió.

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Elice expresó extrañeza por tantos cambios, pero recordó que viene un proceso electoral regional y municipal, y luego nuevamente elecciones generales. Por tanto, demandó que los nuevos prefectos demuestren neutralidad, pues no han sido designados para realizar un trabajo de proselitismo político con recursos del Estado.

“Puede haber personas que hayan tenido una militancia o pertenezcan a ciertas organizaciones y accedan al cargo de prefectos. Podría no estar mal, pero el tema es cómo actúan. Si su actuación es para favorecer a grupos, prestar favores a personas que pueden haber apoyado una campaña electoral, ello sería antiético, inmoral y eventualmente hasta sancionable”, dijo.

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Finalmente, Valdés sostuvo que el presidente Pedro Castillo está consolidando la facción magisterial en su gobierno y dándole prioridad en el caso de las prefecturas “a la base sociopolítica que lo apoya para, desde ese lugar, manejar información política de todo el país y operar políticamente a nivel de regiones, provincias y distritos”. “Lo veo como una jugada política del presidente para ir tomando posesión y posición a nivel nacional, y para ir reforzando la base sociopolítica que representa el Fenatep, ahora como Partido Magisterial y Popular”, recalcó.

También consideró que se debe estar atentos para determinar si los prefectos regionales —que según señaló también tienen una “funcionalidad de inteligencia” gubernamental— tendrán una actuación directa en la campaña electoral de este año.

“El aprovechamiento está por definirse, pero la intencionalidad política está dada. Hay que solamente mirar de dónde provienen las autoridades políticas nombradas. Sí hay una intencionalidad política sin lugar a dudas; si existe o no un aprovechamiento de esa intencionalidad es algo que tenemos que ver en la medida que veamos cómo actúan estos representantes del Ejecutivo”, sentenció.

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