El suspendido fiscal supremo Pedro Chávarry, acudió al Congreso de la República para presentarse ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. (Foto: Antonhy Niño de Guzmán)
El suspendido fiscal supremo Pedro Chávarry, acudió al Congreso de la República para presentarse ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. (Foto: Antonhy Niño de Guzmán)
Karem Barboza Quiroz

El suspendido fiscal de la Nación, , debe seguir siendo investigado en la del , por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto, al considerarse que sería el presunto instigador de la ilegal irrupción a una oficina de la sede del Ministerio Público que había sido lacrada durante el allanamiento que se realizó en el marco de la investigación seguida contra () y su lideresa, , en 2019.

Esa fue una de las conclusiones del informe de hechos que fue sustentado este viernes por el congresista de Somos Perú, Guillermo Aliaga Pajares -designado como delegado de este caso - durante la sesión de dicha comisión parlamentaria.

En mayo del 2019, la Fiscalía de la Nación Zoraida Ávalos, denunció constitucionalmente a Chávarry, por los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto. No obstante, el Congreso disuelto solo declaró procedente el último delito.

Como parte del proceso, esta mañana, la Subcomisión de Acusaciones del Congreso, recibió al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien acudió a la sede del Parlmento a fin de ser interrogado por la acusación en su contra.

A consideración del presidente de dicho grupo de trabajado, Luis Roel, la sesión pasó a ser reservada. Luego de una hora, Chávarry se retiró de la sede parlamentaria.

Finalmente, se informó que Chavarry no llegó a presentar sus descargos y la sesión será reprogramada porque los argumentos escritos de su defensa no pudieron ser distribuidos a la subcomisión.

El suspendido fiscal supremo Pedro Chávarry, acudió al Congreso de la República con su abogado Julio Rodríguez, para presentarse ante la subcomisión de acusaciones constitucionales.
El suspendido fiscal supremo Pedro Chávarry, acudió al Congreso de la República con su abogado Julio Rodríguez, para presentarse ante la subcomisión de acusaciones constitucionales.


-En calidad de instigador-

Según el informe del congresista Aliaga Pajares, el suspendido fiscal Pedro Chávarry, sería responsable del delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto tipificado en el Artículo 370 del Código Penal a título de “instigador”.

“La denuncia imputa a Pedro Chávarry que, cuando era fiscal de la Nación determinó a su exasesora Rosa María Venegas Melo para la acción concreta de arrancar y destruir las envolturas o sellos de una oficina lacrada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, por lo que sería responsable del delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto tipificado en el artículo 370 del Código Penal a título de instigador”, sostuvo Aliaga.

Informó que el denunciado no había presentado sus descargos en el plazo de ley y que los elementos de convicción se encontraban establecidos en su informe.

“La Subcomisión de Acusaciones puede continuar con la siguiente etapa de la acusación constitucional”, concluyó Aliaga.

Según el relato de hechos, el 3 de enero del 2019, el fiscal realizó un allanamiento a la oficina del asesor Juan Manuel Duarte como parte de las investigaciones contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y dicho partido político, por presunto lavado de activos.

Sin embargo, la diligencia no pudo completarse por no haber autorización de descerraje de una de las oficinas ubicadas en el piso 9 de la sede principal del Ministerio Público.

Pérez Gómez dispuso el lacrado de la puerta e inmovilización de los objetos al interior de dicha oficina. El día 6 de enero del 2019, dispuso continuar con la diligencia de allanamiento tras obtener una resolución judicial. No obstante, al hacerse presente en la oficina, constató que las cintas adhesivas y sellos habían sido vulnerados y denunció el hecho.

La denuncia establece también que un día antes, el sábado 5 de enero, el denunciado Pedro Chávarry, su entonces asesora Rosa Venegas, el exsecretario Aldo León Patiño y el exasesor Max Aranda, acudieron al piso 9 de la sede, permaneciendo en el lugar donde se desarrollaron los hechos. En el piso además de personal policial, también estaba personal civil de vigilancia.

Según el relato de la denuncia, Venegas Melo sostuvo “de manera coherente y uniforme” que el día de los hechos fue convocada por el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry, a la sede del Ministerio Público; reunión a la que asistió Leon Patiño, Max Aranda y César Sandoval Pozo.

Que en dicha reunión sostenida en el ambiente del despacho de la Fiscalía de la Nación se analizó el tema del allanamiento, que se consideraba ilegal por parte de los participantes y se dieron opciones para ver como podían ingresar a la oficina lacrada. Finalmente, fue Venegas quien ingresó a la oficina sellada.

Según el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en los elementos de convicción presentados por la fiscalía se indica que quien habría determinado la comisión del delito material cometido por Venegas, habría sido Pedro Chávarry Vallejos. Esto, debido que Vegas no lo habría cometido sin la orden expresa del denunciado.

Antes de ello, durante la intervención del congresista Gino Costa, solicitó que la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales interponga sus oficios a fin de que la Comisión Permanente pueda reunirse para calificar la denuncia interpuesta contra Chávarry por 14 congresistas de Acción Popular, con nuevos elementos de convicción por los delitos de encubrimiento real y personal en el mismo caso.

Chávarry Vallejos se encuentra actualmente suspendido de sus funciones por seis meses, determinado dentro del proceso disciplinario inmediato realizado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto, tipificado en el Artículo 370 del Código Penal establece una pena no mayor de dos años o prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas.

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