La congresista Karla Schaefer presentó ayer un proyecto de ley para reinstaurar la pena de muerte para castigar a las personas que incurran en el delito de "violación contra menores de edad de 7 años seguido de muerte".
El Proyecto de Ley 2069/2017 es respaldado por la bancada de Fuerza Popular y lleva la firma de más de 20 legisladores del grupo naranja. Este busca modificar el artículo 140 de la Constitución, añadiendo como causal de pena de muerte el referido delito de violación de la libertad sexual cometido contra menores de siete años.
Al exponer sus motivos, el proyecto presenta estadística reciente sobre el aumento de casos de violaciones a menores de edad. La información se sustenta en cifras recavadas por las carteras del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entre 2016 y 2017. Sin embargo, ningún dato brinda una especificación sobre la edad señalada en el proyecto de reforma constitucional.
Entonces, ¿por qué específicamente a los menores de 7 años? Ello responde a que el proyecto busca restituir un marco legal previo a la inclusión del Estado Peruano en la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José.
El Perú ingresó al convenio internacional en 1978, época en la que se hallaba vigente la Constitución de 1933, que contemplaba la pena de muerte por delitos de traición a la patria –aún vigente en la Constitución actual, en situación de guerra externa–, homicidio calificado y aquellos que señale la ley.
En esa medida, en ese entonces regía el Código Penal de 1924, que contemplaba la pena de muerte específicamente para violadores de menores 7 años.
–Reúne otros proyectos–
La iniciativa legislativa de Karla Schaefer, al exponer sus argumentos, cita otros dos proyectos de ley previos. Uno, presentado por la ex legisladora Luisa María Cuculiza en mayo del 2012, planteaba una modificación constitucional similar a la del actual proyecto.
El otro fue presentado en agosto del 2010 por la entonces congresista Keiko Fujimori. A diferencia de los dos que lo proceden, el proyecto de la hoy lideresa fujimorista planteaba aplicar la pena de muerte contra violadores "de menores de diez años seguida de muerte", y también contra quienes perpetren "robo agravado seguido de muerte o con lesiones graves a la integridad física de la víctima".
Es del proyecto presentado por Keiko Fujimori que los otros dos sustraen sus dos principales fundamentos técnicos. El primero, a partir de un estudio del economista estadounidense Isaac Ehrlich de la Universidad de Búfalo (Nueva York) que fue reportado en el "American Economic Review" en 1975.
Según indica el proyecto de ley, "los resultados de pruebas econométricas indicaron que por cada pena de muerte ejecutada se evitaron ocho muertes de personas inocentes, asegurando que la aplicación de pena de muerte es obligatoria para evitar más muertes".
El otro sustento es la opinión del premio Nobel de Economía Gary Becker, "quien afirma que la mayoría de las personas, y asesinos en particular, temen a la muerte, sobretodo cuando llega con la prontitud y una certidumbre considerable después de que se comete un asesinato".
Ambos argumentos fueron recogidos en el proyecto que presentó ayer Karla Schaefer. En diálogo con El Comercio, la legisladora fujimorista dijo que decidió presentar esta iniciativa tras enterarse de un reciente caso de violación sexual y muerte contra un recién nacido.
"Ahí me di cuenta que se había sobrepasado todas las realidades y que había una distorsión. Entonces, le dije a mi asesora que saque del archivo los proyectos de pena de muerte", contó.
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