Los antecedentes del congresista de Perú Libre que estará a cargo de la Comisión Especial del TC

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Balcázar -quien durante la campaña electoral El Comercio informó que era uno de los candidatos procesados de Perú Libre- es un abogado cajamarquino de 78 años, pero cuya zona de residencia ha sido la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque. Es la primera vez que ejerce un cargo de elección popular. Previamente, se ha desempeñado como juez y, antes de ingresar al Congreso, fue elegido decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) para el periodo 2019-2020. Sin embargo, su paso por esta institución levantó sospechas al presuntamente haberse apropiado del dinero que ingresaba. Por ello, es actualmente investigado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.

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Presunta apropiación ilícita

En abril de este año, el citado despacho formalizó una investigación preparatoria contra José María Balcázar. Se le indaga por la comisión del presunto delito de apropiación ilícita en agravio del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).

La denuncia fue formulada el 6 de junio del 2019 por Yuri Díaz Jaime (vicedecano) y Rosa Elena Pizarro Piscoya (directora de economía), quienes acusan a Balcázar, entonces decano, y a la cajera de la institución, Shintia Rengifo Villegas, como su cómplice.

La imputación se basa en una presunta apropiación de ingresos del ICAL, “puesto que no han bancarizado los ingresos de los diferentes rubros del colegio, a pesar de que deber ser ingresados el mismo día de su recepción según los estatutos”.

El 30 de mayo del 2019 se realizó el último depósito. Al solicitarle la información a Rengifo, esta les fue negada por orden del hoy congresista. Se desconocían también los ingresos del Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal, organizado en abril del 2019 por Balcázar, dejando de lado a Patricia Falen Guerrero, directora académica.

“Hay más de 70 expedientes de ingresos por derecho de colegiatura, precisando que cada una es por S/1.510, dinero que no ha ingresado a las cuentas del BCP”, se precisa.

El fiscal superior responsable de la indagación, Carlos Enrique Osores Padilla, sostiene que se trataría del presunto delito de apropiación ilícita debido a que Balcázar “habría recibido de manera directa los ingresos del ICAL y no los habría depositado en las cuentas que maneja la institución”. Por el contrario, agrega, se habría generado una cuenta personal en la Caja Trujillo, donde “se estarían depositando parte de los ingresos del ICAL”.

El fiscal Osores, en breve comunicación con El Comercio, dijo que están avanzando en la indagación contra el congresista.

En julio de este año, el ICAL informó que, luego de dos cartas notariales remitidas a Balcázar, el congresista devolvió a la institución la medalla de oro del Decanato.

Sin embargo, no envió el balance económico de su gestión. Esta información también le fue solicitada en las cartas notariales de marzo y abril, cuando Balcázar era candidato al Congreso por la región Lambayeque. “De persistir en no hacerlo ante nuestro Consejo Directivo lo puede hacer ante el señor fiscal que lo investiga”, precisan.

El ICAL le solicitó a Balcázar que entregue, de manera detallada y documentada, los ingresos y egresos que tramitó durante su gestión. Según la institución, el reporte de caja ascendería a los siguientes montos: S/ 1′751.489,40 (ingresos del año 2019) y S/ 1′027.883 (ingresos del año 2020).

Elías Pinglo, gerente del ICAL, dijo a este Diario que se aprecia “un desorden” en lo que fue la gestión de Balcázar en esta institución. Sin embargo, apuntó que aún no se pueden señalar ilícitos porque sigue pendiente la pericia contable. Esta no puede ser financiada por ellos porque hay cuentas a las cuales no pueden acceder.

“Balcázar abrió cuentas a su nombre para cobrar conceptos de colegiatura, lo cual deja mucho que pensar porque no es correcto que en una entidad se puedan derivar recursos a cuentas personales. Eso hace presumir que hubo una intención”, dijo Pinglo, quien también comentó que el colegio de abogados está destinando recursos para trabajos de mantenimiento, que fueron descuidados durante el decanato del hoy congresista.

Respecto a lo que encontraron tras la salida de Balcázar, detalló: “El ICAL tiene un sistema contable que registra los ingresos y egresos. Aparentemente, se habría estado usando un sistema paralelo para registrar unos ingresos porque detectamos duplicidad de recibos o numeraciones iguales. Cuando viene un agremiado a decir que pagó en tal fecha, resulta que en el sistema no aparece”.

Hasta la fecha, el congresista de Perú Libre no ha presentado al ICAL el balance económico de su gestión. Según Pinglo, la excusa es que “el decano actual no tiene legitimidad. Ante eso, se niega a rendir cuentas”. Finalmente, consideró que tras haber sido electo como presidente de la Comisión especial del TC “la mejor muestra [de transparencia] que debería [dar] es sanear su situación actual”.

El congresista José María Balcázar respondió a El Comercio que “todo está en orden” respecto a su relación con el ICAL. Además, que aún no se ha realizado la pericia contable. “No tengo por qué probar mi inocencia”, declaró. Además, según Balcázar el caso ya se había archivado previamente debido a que es una situación interna del ICAL.

Reiteró que los documentos los entregará al Ministerio Público cuando sean solicitados y no al colegio de abogados, pues el estatuto no lo contempla.

“Al ICAL no tengo por qué entregarle [los documentos]. En todo caso, cuando me lo pida el fiscal. A mí nadie me entregó el cargo tampoco, que me citen una norma del estatuto que diga eso. No existe”, dijo a este Diario.

Según Balcázar, la denuncia en su contra fue hecha “por razones políticas” tras haber expulsado de la institución a personas que “tenían malas prácticas”. También, respecto a la cuenta personal que abrió en la Caja Trujillo y donde se depositaron ingresos del ICAL, hizo esta gestión debido a que la cuenta mancomunada no podía ser usada.

“Está aclarado. Expulsé personas de la Junta Directiva, entre ellos la tesorera del ICAL. Teníamos mancomunada la firma en una cuenta del BCP, entonces ellos querían que depositara el dinero en esa cuenta. Para retirar el dinero necesitaba la firma de ella y se negaba a firmar. Esa necesidad hizo que depositáramos en una cuenta de ahorros en la Caja Trujillo. Con esa plata hemos pagado los salarios y gastos operativos. Todo está documentado. El estatuto no lo prohíbe. No hubo apropiación, ni un sol”, finalizó.

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Destitución y suspensión de labores

En agosto del 2019, el Consejo Directivo del ICAL resolvió la vacancia del entonces decano José María Balcázar por su presunta mala gestión, aunque en una entrevista con El Comercio, en abril de este año, dijo que aún ostentaba el cargo. De otro lado, en diciembre del 2020, un grupo de trabajadores del ICAL protestó debido a que la administración de Balcázar aplicó la suspensión perfecta de labores en dos oportunidades.

Sobre esta situación, Balcázar respondió que se trató de un asunto legal. “El ICAL solo vive a expensas de los ingresos que recibe cuando hay colegiaturas de abogados. Esos recursos se van en planillas y no se pueden pagar gastos operativos del colegio. Como el ICAL no es una empresa privada, vino la pandemia, está la ley ahí, pedimos la suspensión, no prosperó y depende de Sunafil”, expresó.

“Ahí no hay ninguna violación a la ley. El problema es que el ICAL tiene pocos ingresos y tiene personal en exceso. En pandemia no se podía trabajar de manera presencial, a las empresas les reconocieron el derecho de suspender temporalmente las labores, eso se hizo, no hay circunstancia ilegal. Mi gestión no les deben dinero por ese tiempo que han estado sin trabajar”, dijo este Diario.

Declaraciones

Este martes, tras conocerse que César Tito Rojas, dirigente del Movadef, ingresó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Balcázar declaró a El Comercio que “cuando hablamos de gobernabilidad, tenemos que hablar en el sentido de que debemos dialogar con todos los peruanos”.

Interpelado sobre el vínculo entre el Movadef y Tito Rojas, y su presencia en la PCM, Balcázar respondió que “cuestionados es una cosa y otra sentenciados”. Agregó, en ese sentido, que “Abimael Guzmán que es una persona sentenciada, pues no se puede dialogar. Pero una persona que solo se le imputa un hecho y no está procesado, no veo por qué el principio de presunción de inocencia tendría que impedir para que los dirigentes políticos no puedan dialogar o conversar”.

Durante la campaña electoral, Balcázar Zelada replicó su apoyo a Vladimir Cerrón, sentenciado exgobernador de Junín y secretario general de Perú Libre.

Más información:

En agosto del 2011, se presentó una queja contra Balcázar Zelada en su actuación como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, por presuntas irregularidades durante su gestión. Por ello, la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial abrió una investigación preliminar en su contra por haber presentado declaraciones juradas con omisiones.

Varios años después, el 5 de febrero de 2020, se pronunció el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, emitiendo la siguiente resolución:

En mayo del 2012, Balcázar se desempeñada como titular de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo. Aquel mes, esta sala condenó a dos años de pena suspendida al exalcalde provincial de Chiclayo Roberto Torres Gonzáles. Recibió esta sanción por el delito de peculado de uso. Años después, Torres Gonzáles recibió otra sentencia por el pago de un soborno a un perito contable.

En octubre del 2011, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) resolvió no ratificar la confianza al entonces magistrado Balcázar. Argumentaron que, si bien no registraba medidas disciplinarias, sí tenía en su expediente: cuatro quejas en trámite, una multa aplicada por la ODECMA sujeta a reclamo, un proceso disciplinario en el que fue procesado como integrante de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema y que lo destituyó por su actuación como vocal provisional de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. “Balcázar Zelada incurrió en inconducta funcional al quebrantar la garantía constitucional de la cosa juzgada”, precisa la resolución, y añade que “los factores negativos generan en el colegiado una desconfianza en el ejercicio funcional del magistrado”.

El diario Perú 21 informó este martes que Balcázar tiene en su plana de asesores al abogado Odar Cornejo Custodio, a quien la Cortes Suprema sancionó el 2019 por dilatar un proceso judicial contra su hermano. Cornejo Custodio fue también gerente del ICAL.

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