Elecciones 2026: Perú Primero recicla a dos candidatos denunciados por agresión

Si tienes información para compartir con nosotros, puedes escribirnos a través de este formulario Según documentos revisados por El Comercio, Carlos Juscamayta figura en dos denuncias por violencia familiar presentadas en el 2014 y el 2017. Los reportes consignan acusaciones por violencia psicológica y un episodio de violencia física y psicológica contra su expareja.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Recíbelo

LEE TAMBIÉN | Vizcarra ‘vivía de las coimas’: los alegatos finales de la fiscalía y la procuraduría en juicio oral

El candidato, que va en el número 6 de la lista que debe ser ratificada en las elecciones primarias, señaló a este Diario que ninguno de los procesos concluyó con imputación. Sin embargo, las denuncias policiales describen conductas atribuidas a él. En el 2014, la denunciante reportó abandono de hogar. Ese mismo año, presentó una denuncia por violencia psicológica, señalando que era objeto de humillaciones constantes. En el 2017, se registró una tercera denuncia por violencia física y psicológica, en la que se consignaron un golpe en la cabeza y agresiones verbales.

Pese a las narraciones, Juscamayta señaló que los hechos son “falsos” y negó que haya cometido algún acto de violencia. “No son ciertas [las acusaciones]. En mi opinión, fueron motivadas como parte de algunas diferencias y discrepancias al ser una pareja joven que se iniciaban como padres en aquellos años”, expresó.

En el 2019, la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte dispuso el archivo de la denuncia presentada en el 2017 debido a que la denunciante no acudió a las citaciones, “razón por la cual no se puede contar con mayores detalles de la forma como habrían ocurrido los hechos”.

“Actualmente somos buenos padres de familia, grandes amigos y educadores comprometidos con la sociedad. Cada uno tiene su vida privada”, acotó el candidato.

Juscamayta fue elegido regidor distrital de El Agustino en el 2018, con Perú Patria Segura. Un año después, pasó a las filas de Acción Popular, partido con el que postuló a la alcaldía del mismo distrito en el proceso electoral del 2022. Renunció a la organización política en el 2024.

Condena cumplida

El segundo caso corresponde a Emilio Nicolich Delgado, quien registra una condena por tres años por lesiones graves que, según la información declarada en su hoja de vida, fue cumplida. Nicolich, candidato número 22, afirmó a este Diario que presentó toda la documentación requerida sobre sus antecedentes al partido político y evitó dar detalles.

“Lo único que puedo decir es que he dado mis antecedentes penales y judiciales [al partido] y hasta el momento estoy limpio”, expresó. “En estos momentos estoy manejando”, dijo, asegurando que respondería por escrito, pero no contestó más.

Nicolich estuvo afiliado a Somos Perú desde el 2012 hasta junio del 2024, antes de pasar a las filas de Perú Primero. Con el primer partido, postuló en dos ocasiones a cargos públicos: en el 2018 a alcalde distrital de San Luis y en el 2022 a regidor provincial de Lima.

En tanto, el secretario general de Perú Primero, César Figueredo, señaló que “el hecho mencionado corresponde a un hecho antiguo cuya sentencia ya fue cumplida conforme a ley”. La misma posición tuvo sobre Juscamayta al recalcar que la denuncia fue archivada.

“Perú Primero rechaza toda forma de violencia y reafirma que si algún precandidato no cumple los lineamientos del partido, se adoptarán las medidas correspondientes, priorizando la integridad institucional y la confianza ciudadana”, indicó Figueredo a este Diario.

Impunidad percibida

La abogada María Ysabel Cedano, de la organización Demus, explicó que, aunque una persona pueda tener una denuncia policial o un proceso en curso por violencia, legalmente solo una sentencia firme y ejecutoriada pueda ser causal de impedimento o exclusión.

“Si la sociedad ve que los agresores no solo evitan el castigo, sino que son premiados con cargos públicos, se desalienta a las víctimas de violencia familiar a denunciar”, cuestionó.

Unidad de Investigación