Las elecciones internas, abiertas y obligatorias son posiblemente la reforma más compleja entre las priorizadas por el Ejecutivo. En esta nota buscamos explicar sus alcances.
Una de las propuestas de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política elegida por el gobierno para ser parte de la cuestión de confianza es la de las elecciones internas, abiertas y obligatorias para la selección de candidatos de las organizaciones políticas.
Sin embargo, esta también es una de las propuestas menos comprendidas por la opinión pública, a pesar de ser la que impactará de manera más directa en el día a día de los ciudadanos, pues implica participar en, al menos, dos votaciones más.
Este proceso reemplazaría a las elecciones internas –entre militantes o delegados– que llevan a cabo las organizaciones políticas en la actualidad.
¿Qué cargos se elegirían y quiénes participarían en la votación?
Además de elegir a los candidatos presidenciales de cada partido, la propuesta del Ejecutivo plantea que sean los ciudadanos los que elijan a los aspirantes al Congreso, a gobernadores regionales y a alcaldes distritales y provinciales en elecciones obligatorias y simultáneas.
Es decir, unos meses antes de las elecciones generales, los peruanos de 18 a 70 años aptos para sufragar deberán asistir a sus locales de votación para decidir entre los precandidatos propuestos por los partidos u organizaciones políticas.
¿Por cuántos partidos se puede votar y cuál sería la dinámica de la elección?
Cada elector podrá votar únicamente por un partido. “La dinámica es similar a la de una elección general”, explica Martín Tanaka, ex miembro de la comisión de alto nivel. El ciudadano se encontrará con una cédula en la que elegirá el partido por el cual quiere votar y luego al precandidato de su preferencia de esa agrupación, tanto para presidente de la República como para congresistas.
Finalmente, los ganadores de las primarias o los que obtengan mayor votación serían los que participarían en las elecciones generales.
Lo mismo ocurriría en el caso de la elección de candidatos a gobernador regional y alcaldes provinciales y distritales.
¿Qué otras propuestas del Ejecutivo están vinculadas con las elecciones internas?
Una de las propuestas que mayor vínculo tienen con las elecciones primarias es la de reducir los distritos electorales. En sencillo, ello significa que Lima, que ahora vota como un solo distrito y tiene 36 representantes en el Legislativo, se partiría en alrededor de siete partes y cada una elegiría a cinco parlamentarios.
Así, en las primarias, el ciudadano deberá elegir a cinco candidatos por el Congreso en su circunscripción, en lugar de 36.
Otra de las propuestas vinculadas –y una de las que genera más resistencia en el Parlamento– es la de la paridad y alternancia en las listas. Es decir, que haya igual cantidad de precandidatos hombres y mujeres que participan en las primarias y que estos estén intercalados en las listas. Esta propuesta también ha sido incluida en la cuestión de confianza.
Uno de los objetivos de incorporar las elecciones internas es eliminar el voto preferencial, mecanismo por el cual el votante escribe el número del candidato al Congreso en la cédula electoral. La idea es que los resultados de las primarias definan el orden de los candidatos en la lista al Parlamento y que el día de las elecciones generales los ciudadanos solo marquen por el partido de su preferencia.
¿Cuáles son los riesgos de esta propuesta?
El Perú es uno de los países con mayor participación electoral de la región, pero también es el que tiene menor confianza en los partidos políticos (Barómetro de las Américas 2017). Para el politólogo Carlos Meléndez, se corre el riesgo de deslegitimar el voto obligatorio. “Si me pides ir a votar por presidente en primera y segunda vuelta, congresistas, gobernadores y alcaldes, está bien, pero si me estás pidiendo que vote en unas primarias de partidos en los que yo no creo, puede hacer que pierda valor el voto obligatorio, sobre todo cuando no hay sanciones efectivas”.
Tanaka comparte la preocupación, pero afirma que por ello se ha planteado ordenar el calendario electoral para celebrar elecciones cada dos años y medio e incluir medidas que hagan más amigable el proceso, como el pago a los miembros de mesa por sus servicios.
Además, considera que existe espacio para implementar progresivamente la propuesta. “Me sonaría razonable, por ejemplo, postergar la aplicación de la elección interna para los gobernadores y municipios. Tal vez se podría hacer después de haber visto cómo salieron las primarias del 2021”, señala.
Estos son los puntos esenciales de los seis proyectos
de reforma:
1. Impedimentos para postular a cargos públicos.
Para el Ejecutivo, el punto central de esta iniciativa es impedir que postulen a cargos de elección popular quienes tienen sentencia condenatoria por delitos dolosos con pena mayor de 4 años de prisión, en primera instancia.
2. Democracia interna en las organizaciones políticas.
Según lo expuesto por Salvador del Solar ante el Congreso, los candidatos deberían ser elegidos por todos los ciudadanos en elecciones obligatorias, organizadas por la ONPE. Además, la cuota de invitados no debe superar el 20%.
3. Modificar la inscripción de partidos y organizaciones políticas.
Las organizaciones políticas deben contar con un número mínimo de afiliados −alrededor de 14 mil− y, además, deben recibir al menos 280 mil votos de ciudadanos en las elecciones internas. De lo contrario, perderían su inscripción.
4. Penalizar el financiamiento indebido.
El Ejecutivo plantea que se tipifiquen los delitos de financiamiento indebido de partidos y falseamiento de información sobre ingresos y egresos, y que se obligue a presentar reportes de gasto durante las campañas.
5. Voto preferencial, alternancia y paridad.
Salvador del Solar insistió en la necesidad de la eliminación del voto preferencial, y la aprobación de la paridad en la participación de hombres y mujeres de forma alternada en las listas de postulantes al Congreso.
6. Modificar la inmunidad parlamentaria.
Para el Ejecutivo, la esencia de este proyecto se encuentra en que el Congreso no decida el levantamiento de la inmunidad de sus miembros por delitos comunes, sino que esté a cargo de un órgano externo.
