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A esos pescados los conocemos, una crónica de Fernando Vivas

Pesca

(Ilustración: El Comercio)

El siglo pasado, la pesca era el eje de un rollo patriótico. Éramos líderes mundiales y el expresidente José Luis Bustamante y Rivero llevó a los más altos foros la tesis de las 200 millas de mar soberano. Hasta el folclor festejaba la riqueza sin límites del mar. El ‘carreta’ Jorge Pérez cantaba en “Parlamanías”, de Serafina Quinteras, estos versos inspirados en promesas congresales: “Y las corvinas, sobre las olas, nadarán fritas con su limón”.

Con menos humor, la dictadura de Juan Velasco erigió una mole brutalista en San Borja para albergar al Ministerio de Pesquería (hoy está allí el Ministerio de Cultura; pues en el 2002 el sector pesquero se agrupó con las MYPES en el nuevo Ministerio de Producción o Produce). Contradictoriamente, esta riqueza exportable convive con prejuicios anti pescado. Seguimos de líderes en la harina y aceite de anchoveta (producimos 20% del mercado mundial); pero, según cifras del INEI, para el 2018, el consumo promedio de pescado por peruano fue de 16.5 kg al año. De pollo consumimos alrededor de 40 Kg. ¡A comer pescado, de día y de noche¡

A partir de los 80, la modernidad trajo consecuencias de cuidado para la pesca y para la política en torno a la pesca: la ciencia lanzó alarmas sobre la biomasa. Nuestra riqueza era finita. Por lo tanto, había que regular límites: derechos, cuotas de pesca y zonas de pesca para los grandes. Los pescadores artesanales podían seguir operando como siempre, incluso dentro de las 5 millas donde los grandes no pueden hacerlo. Y, donde hay riqueza y regulación, quien quiere saltar reglas, mira con apetito a los políticos.

—Pota, jurel y concha—

En el 2008, la Ley General de Pesca impuso cuotas y cerró el mercado de la anchoveta con los que estaban operando en el momento.

En el viceministerio de pesca del Produce me aseguran que este orden hace a la pesca más productiva y sostenible. Por cierto, la abundancia es azarosa y ello hace que la curva de producción sea impredecible. El 2018 fue un año espléndido, el 2019 no lo será.

Los derechos de pesca, con sus respectivos límites o cuotas, son negociables entre quienes operan en el mercado, y ello ha generado algunos casos judicializados como el de Pesquera Mar, que ha pasado por varias sentencias y manos y ahora están en TASA, la empresa más grande del sector. También están quienes, en medio de procesos administrativos o judiciales, consiguen medidas cautelares que les permiten seguir operando. Es el caso de Óscar Peña, el prófugo ‘rey de la pesca negra’.

El congresista Roberto Vieira, cuya suspensión pende de que la recomendación de Ética llegue al Pleno, es experto en lanzar denuncias y fake news en torno a la pesca. No tiene barco que pesque ni representante a algún gremio, pero conoce los vericuetos del sector y en base a ellos flota. Denunció a Úrsula Letona por unos audios de cuando era abogada y litigaba en casos del sector. Y al también fujimorista Freddy Sarmiento por, presuntamente, intentar legislar a favor del ‘monopolio’ de la harina de pescado. Ambas denuncias se archivaron, pero permiten ver la complejidad legal del sector.

Letona alegó que lo dicho en audios es legítima charla de abogada con clientes potenciales sobre el controvertido permiso de Pesquera Mar. En el caso de Sarmiento, este planteó prorrogar el gravamen de $1.85 a los armadores para alimentar un fondo para los pescadores jubilados.

Un confuso artículo hacía pensar que los derechos de pesca podían perpetuarse, detalle que, me dice Sarmiento, fue corregido en un texto sustitutorio. El proyecto caducó pues el plazo ya se venció y no cabe prórroga.

Por su parte, la dirección de pesca artesanal del Produce, está trabajando en la cobertura de salud para ese sector. La ley permite que las empresas harineras tengan, a su vez, flota y puedan comprar permisos. Ello aumenta el riesgo de un oligopsonio, pues unas 6 grandes controlan más del 50% del mercado.

Sin embargo, dos fuentes, una del Produce, y otra que conoce del sector, me dicen que los pesqueros pequeños y los artesanales “tienen poder de negociación” y no se reportan casos de ‘vikingos’ (barcos de madera) que se queden con anchoveta sin vender. El 2018, Indecopi atendió una denuncia y concluyó que no había abuso.

Somos muy anchoveteros y el Produce quiere promover otros recursos como la pota, el jurel, la concha de abanico o la trucha arcoiris que es pura acuicultura en Puno. Sin embargo, no veo campañas rotundas al respecto; tampoco iniciativas legislativas para seguir ordenando el sector. No hay –me dijeron en el Produce–planes para cambiar el monto o la forma de calcular cuotas, ni para unificar los impuestos y costos de los pesqueros. Una suerte de armonía entre los actores de la pesca y marasmo regulatorio, con abundancia del recurso, reina en el sector. Los políticos a la caza de tensiones en las que puedan mediar y hacerse de clientelas, hoy prefieren migrar a otros sectores calientes, como la minería.

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