Investigan presunta concertación a favor de empresa: Los argumentos del juez para allanar vivienda de Piero Corvetto y otros once inmuebles

Lo anterior forma parte de los argumentos señalados por el juez de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo, que declaró fundado el pedido de allanamiento con descerraje solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

La medida alcalza a José Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral) y Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido subgerente de Producción Electoral), así como las funcionarias Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, Lilia Flores Bancho, Williams García Velásquez y el empresario Juan Charles Alvarado Pfuyo (dueño de la empresa Galaga).

En una resolución judicial, a la que accedió El Comercio, Chuyo también ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos los involucrados a fin de que se pueda revisar y recolectar toda la información de sus equipos telefónicos e informáticos.

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Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido fiscal de detención preliminar, por siete días, contra Corvetto Salinas, Samamé Blass, Phang Sánchez y Alvarado Pfuyo.

Corvetto y los otros implicados pasaron a la condición de investigados.

La medida se ejecuta 12 días después de las elecciones generales.

El operativo de allanamiento fue ejecutado en simultáneo por la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) desde las 5:30 de la mañana del viernes, en doce inmuebles ubicados en los distritos de Miraflores, Lince, La Molina, San Juan de Lurigancho, Breña y Lurín.

Las diligencias forman parte de la investigación que sigue el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima por los presuntos delitos contra la Administración Pública en la modalidad de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.

De acuerdo a la tesis fiscal, se investiga las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional, despliegue, repliegue del material electoral para las elecciones generales y la adquisición de equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio.

Por todo ese proceso, la Onpe desembolsó S/ 6’368,332.75 soles, a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. que había sido penalizada hasta en tres oportunidades por la misma entidad electoral, y ofertó un mayor monto que sus competidoras.

El Comercio se comunicó con Ricardo Sánchez, abogado de Corvetto Salinas, quien solo confirmó que se trataba de una medida de allanamiento. Sin embargo, pero prefirió no ahondar en su posición como defensa legal del exjefe de Onpe.

Patricia Mamani, abogada de José Samamé no respondió. Durante el allanamiento se reportó que el exfuncionario no fue hallado en su domicilio, sin embargo no había ninguna medida de aprehensión en su contra.

Harold Castillo, abogado Juan Phang Sánchez, tampoco respondió.

El fiscal Raúl Martínez precisó que la investigación se encuentra vinculada a presuntos actos de corrupción, en el marco de la contratación del “Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional-Despliegue y Repliegue de Material, Equipos Informáticos Electorales e Implementos para simulacro y sufragio-EG 2026”.

Según la tesis de la fiscalía, se “habrían concertado indebidamente” con el proveedor Servicios Generales Galaga S.A.C. con la finalidad de defraudar al Estado.

Martínez señala que Corvetto, en su calidad de jefe de la Onpe, titular del pliego presupuestal y responsable del funcionamiento y organización, designó a José Samamé Blas como gerente de Gestión Electoral, “pese a no contar con la formación, trayectoria, ni experiencia funcional vinculada” a su área operativa.

Además, se indicó que bajo la dependencia gestionada por Samamé se encontraba la Subgerencia de Producción Electoral, a cargo de Juan Phang Sánchez.

Ello llevó a que, como área usuaria y con validación del superior jerárquico, se formularon y suscribieron los pedidos de servicio Nro. 000979 y 000980, así como los términos de referencia, el factor de evaluación y la incorporación de condiciones técnicas, que de manera objetiva, “no se justificaban y, por el contrario generaron, una ventaja indebida” que favoreció a Servicios Generales Galaga S.A.C.; por lo que se habría configurado “indicios de direccionamiento del proceso de contratación”.

Respecto a Corvetto, a quien se le atribuye los presuntos delitos de colusión agravada, y omisión de funciones, la fiscalía señala que con sus decisiones se habría direccionado el proceso al no permitir la impugnación y dar facultades a los evaluadores de la buena pro para cometer excesos como variar los TDR vinculada a las dimensiones de los vehículos que se usarían para el servicio.

“Concertó con el proveedor Juan Charles Alvarado Pfuyo-Gerente General de la empresa Galaga S.A. C., para que la empresa sea beneficiada con la buena pro (…) dicho plan criminal involucraba a otros funcionarios de la Onpe (…) debiendo tenerse presente que fue Piero Corvetto Salinas quien firmó la designación de José Samamé Blas, para el área que devendría en área usuaria de cara a este proceso electoral.”

Fiscalía Anticorrupción

De esta manera, señala la fiscalía, el exjefe de la Onpe habría defraudado al Estado e incumplido con su función al ser responsable de normar, coordinar y desarrollar el funcionamiento y la organización de la entidad electoral a finde llevar adelante el proceso electoral.

La fiscalía sostiene que el 12 de abril del 2026 cuando no se pudo cumplir con la instalación de 15 locales de votación en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac (que afectaba a 63,000 electores), se trató de solucionar señalando que podrían votar el 13 de abril o que no pagarían su multa, lo que afectó el derecho al sufragio.

“Evidenciando esta expresión el incumplimiento de permitir que un conjunto de ciudadanos puedan ejercer su derecho constitucional el domingo 12 de abril del 2026, de elegir a sus futuras autoridades; observándose en esto, la omisión de velar por el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.”

Fiscalía Anticorrupción

Según la resolución judicial, el Ministerio Público postuló la “existencia de cierta posibilidad de fuga y también el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad”.

Además, la fiscalía indicó que era viable la detención al ser una medida de menor intensidad que una prisión preventiva, sumado a que en el caso de Corvetto Salinas, Samamé Blas, Phang Sánchez y Alvarado Pfuyo -para quienes se pidió la detención- existe una alta probabilidad de condena.

La fiscalía también sostuvo que en el caso de Corvetto, Samamé y Phang no tendrían vínculo laboral dado su renuncia o cargo suspendido en la Onpe, lo que denotaría un arraigo laborar y “por ende la posibilidad de la sustracción de la acción de la justicia”.

“Sobre la obstaculización de la averiguación de la verdad señala (la fiscalía), que la renuncia de Corvetto Salinas, no implica la desaparición automática del citado riesgo procesal, pues no se agota la posibilidad de que se ejerza mando jerárquico formal sobre la Onpe y además una capacidad real de interferir sobre la actividad probatoria pendiente (influir en la conducta de otros funcionarios o servidores)”, se remarcó en el documento.

La fiscalía invocó como razón el que Corvetto Salinas “tampoco habría entregado voluntariamente su equipo celular”.

En el caso de Samamé Blas, la fiscalía sostuvo que este tampoco autorizó la visualización y lectura de su equipo celular y sobre el empresario Alvarado Pfuyo podría influir en sus trabajadores.

Mientras que, en el caso de Phang Sánchez, la fiscalía argumentó que el funcionario suspendido de Onpe habría tratado de “modificar” los registros electrónicos de la distribución del material electoral el 10 de abril del 2026.

“A Phang Sánchez se le cuestiona que vendría modificando digitalmente el acta de incio de servicio del 10 de abril de 2026, proporcionada en la diligencia del 14 de abril de 2026 (modificada el 14 de abril a las 18:20, 18:30 y 18:35 horas)."

Señalamiento de la fiscalía Anticorrupción

Sin embargo, para el juez Chuyo Zavaleta, la inexistencia del vínculo funcional de los investigados Corvetto, Samamé y Phang Sánchez con la Onpe “constituye un dato objetivo” de que no estarían en la capacidad concreta o razonable de impedir que el Ministerio Público pueda recabar información de dicha institución, por los que no se configuraría la obstaculización de la averiguación de la verdad.

Esto, debido a que el vínculo funcional de los señalados con Onpe ya se había desvanecido.

El magistrado sostuvo que la negativa de entregar sus equipos celulares o la visualización de los mismos no puede justificar una detención, sin dejar de lado que los requeridos tienen derecho a la no auto-incriminación.

Sobre el peligro de fuga, Chuyo señaló que para analizar este presupuesto no solo basta “simples afirmaciones o alegaciones”; sino que era necesario abordar elementos como el arraigo en el país, la existencia de asiento familiar, negocios o trabajado y facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Sin embargo, precisó el juez, ello no fue abordado por el Ministerio Público.

Respecto a la necesidad de contar con la permanencia de los investigados, el juez adujo que la fiscalía no había abordado o no había cumplido con individualizar las razones por las necesitaba contar con la presencia de cada uno de ellos.

“De lo antes expuesto se puede concluir que no se cumple con el fin de respaldar y asegurar la realización inmediata de actos de investigación urgentes o inaplazables destinados a cumplir el objetivo de la investigación, lo que permite descartar la detención preliminar solicitada.”

Manuel Chuyo, juez de Investigación Preparatoria

La fiscalía había presentado 75 elementos de convicción para sustentar su requerimiento de detención preliminar, así como la medida de allanamiento.

En esa línea, el juez consideró que los elementos presentados sí alcanzaban para dictar una medida de allanamiento. Sobre todo, porque de acuerdo a la fiscalía, los investigados “guardan cosas relevantes para la investigación” que pueden ser considerados elementos de convicción que evidenciarían hechos de apariencia delictiva.

“Resulta probable y razonable que los afectados y relacionados con los presuntos hechos ilícitos no brinden las facilidades o no proporcionen los objetos o documentos que los pudieran involucrar en comisión delictiva (por ejemplo, documento o celular que evidencie acuerdo o instrucciones en relación a los actos de corrupción atribuido), o pudieran destruir los objetos bajo su custodia que pudieran ser relevantes para la investigación.”

Manuel Chuyo, juez de Investigación Preparatoria

En ese sentido, el magistrado autorizó el allanamiento, registro domiciliario con descerraje contra Corvetto Salinas, Samamé Blas, Phang Sánchez, Otoya Alvarado, Flores Bancho, García Velásquez y Alvarado Pfuyo.

Además, dispuso la incautación y decomiso de documentos, bienes y objetos de interés para la investigación como equipos celulares, chips, equipos de cómputo, memorias USB u otros soportes electrónicos de almacenamiento de datos que puedan ser hallados.

Finalmente, autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los equipos incautados a fin de que se proceda con la visualización y extracción de conversaciones, fotos, documentos y otros que puedan encontrarse.

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