Chats reveladores entre funcionarios de la ONPE: ¿Cuál fue el sustento del pedido fiscal de impedimento de salida del país?

El requerimiento fue presentado por el fiscal Raúl Martínez del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que investiga a Corvetto Salinas y otros por presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.

El pedido de impedimento de salida del país, por 18 meses, fue analizado y dictado el jueves 30 de abril por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo.

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La medida también alcanza a José Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral) y Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido subgerente de Producción Electoral), así como las funcionarias Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, Lilia Flores Bancho, Williams García Velásquez y el empresario Juan Charles Alvarado Pfuyo (dueño de la empresa Galaga).

Todo ellos son investigados por presuntos actos de corrupción en la convocatoria y licitación del “Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional- Despliegue y Repliegue de Material, Equipos Informáticos Electorales e Implementos para simulacro y sufragio-EG 2026” licitada a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., por un total de S/ 6’368,332.75.

La solicitud de impedimento de salida del país será sustentada por el Fiscal Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho), Reynaldo Abia, quien asumirá todas las denuncias vinculadas a contratos efectuados entre la ONPE y otros proveedores de servicios utilizados durante las Elecciones Generales del 12 de abril y 13 de abril del 2026.

Precisamente, la mañana de ayer, Abia Arrieta acudió hasta la sede de la ONPE a fin de recabar mayor información vinculada a las investigaciones en contra de Corvetto Salinas y otros.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado 87 elementos de convicción para sustentar la existencia de presuntos delitos, así como el peligro de una posible fuga que representaría dejar sin ninguna medida de restricción a Corvetto Salinas y otros.

Sobre la comisión de los presuntos delitos, la fiscalía ha sostenido que Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE habrían desplegado diversos actos desde la aprobación del lineamiento de contratación de bienes y servicios, que fueron aprobados a través de la Resolución Jefatural Nro. 000002-2026-JN/ONPE del 9 de enero de 2026, suscrita por el exjefe de la entidad electoral investigado.

Dichos actos, agrega la fiscalía, evidencian un apartamiento “deliberado” de los principios de la contratación pública, la transparencia y competencia, constituyendo así un marco normativo en un contexto instrumental para la materialización de la concertación ilícita.

De cuerdo a la fiscalía, Corvetto Salinas, en su calidad de jefe de ONPE, habría designado a funcionarios como José Samamé Blas como gerente de gestión electoral, sin que tenga la mayor experiencia para el cargo. Y a su vez, permitió que este designe a Juan Phang como subgerente de la Producción Electoral, lo que conllevó a que estos formularan y suscribieran los servicios Nro 000970 y 000980, los Términos de Referencia y establecieran los factores de evaluación, con condiciones que no eran objetivas ni justificadas, “generando ventajas indebidas que finalmente favorecieron a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C; configurándose así indicios de direccionamiento del proceso de contratación”.

Uno de los principales puntos, señala la fiscalía, se centra en las modificaciones que se realizaron en el 2026, a los lineamientos de las contrataciones, así como a los TDR aprobados el año pasado, donde se estipulaba la participación de personal del “área usuaria” en la fase de selección, evaluación de ofertas y en la elaboración, suscripción y remisión del “Acta de Análisis, Verificación de Propuesta y adjudicación de Buena Pro”.

Sumado a que, también se dispuso que luego de seleccionado al postor ganador, no era posible la presentación de ningún recurso impugnatorio.

Por tanto, señaló la fiscalía, la incidencia directa del “área usuaria” vinculada a Samamé y Phang -que respondían por cargo funcional a Corvetto Salinas- “evidenciaría un esquema orientado a concentrar la decisión en determinados funcionarios y a impedir su revisión, lo que resulta funcional a la concertación con un postor previamente determinado”.

Incluso, señala la fiscalía, la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE (a cargo de Samamé), en su condición de “área usuaria” habría promovido “la modificación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), lo cual fue aprobado con fecha 19 de enero de 2026 por el monto de S/8’950,000.00; requerimiento que se habría originado en la referida gerencia.

“No obstante, se advierte que, pese a tratarse de una contratación de significativa cuantía económica, la entidad habría omitido incluir dicho proceso en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2026”, señaló la fiscalía.

Para corroborar las gestiones y coordinaciones que permitían las decisiones directas de los implicados, la fiscalía adjuntó como parte de los elementos de convicción, la extracción de conversaciones de WhatsApp (“chats”) entre Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido Subgerente de Producción Electoral) y José Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral) del 15 de enero del 2026 donde se hablan de “contrataciones adicionales” y que no habría inconvenientes para “financiarlas”. En estas también se aprecian llamadas por WhatsApp.

En la conversación, entregada de manera voluntaria por Phang Sánchez a la fiscalía, este le comenta que habló con el gerente de impresión, Manuel Casas, sobre la posibilidad de retrasar la “impresión de la lista de electores” hasta el 23 de febrero, lo que supondría contratar más personal posteriormente.

“En principio, le he indicado a Manuel que no habría inconveniente con financiar estas contrataciones adicionales”, comenta Phang.

Luego de llegar a un acuerdo sobre el tema, Samamé le indica que al día siguiente, 16 de enero, iban a ver qué plateaba Corvetto Salinas.

“Luego de la reunión de mañana veremos qué plantea Pierto”, respondió el exgerente de Gestión Electoral.

En otra conversación, del 2 de febrero del 2026, entre Phang Sánchez y William García Velásquez, asistente de seguimiento y monitoreo presupuestal de la Gerencia de Gestión Electoral de ONPE, se evidenciaría que la “evaluación técnica comienza a pesar más para la empresa Galaga”, señaló la fiscalía.

De acuerdo a los chats, ambos conversan sobre los resultados del proceso de selección -que sería para el servicio del “Despliegue de material electoral e informática-taller de capacitación”- donde resaltan que “ganó Galaga” a pesar de la propuesta de la competidora AFE Service S.A.C., que ofertó un monto menor.

Le informa a Phang que Galaga ofertó S/2’299,401.491 millones mientras que AFE ofertó con S/1’799,964.26 millones.

Agregan en la conversación que las propuestas técnicas y económicas de Gálga pesaron más sobre las de su competidor.

“Bien gordito, que notifique hoy. Buen trabajo”, responde Phang Sánchez.

“Está bien. Gracias”, le responde García.

Un tercer grupo de chats del 6 de febrero del 2026, señala la fiscalía, están referidos a otra conversación entre Phang Sánchez y Samamé Blas, donde mostrarían su preocupación sobre “el servicio de transporte” y donde ambos mostrarían “conductas de que el proceso estaría direccionado hacia un determinado proveedor”.

En las conversaciones, Samamé le escribe a Phang manifestándole que le han pedido el TDR del “Servicio de Transporte de carga a nivel nacional-Despliegue y repliegue de material Equipos Informáticos-Implementos para el Simulacro y Sufragio-EG 2026”.

Le indica que “ya estamos con retraso” y le manifiesta a Phang que se lo pase ese día para el feedback correspondiente, para luego comentarle que le había dicho “a Edward que a más tardar el martes deberíamos enviarlo formalmente a GAD (Gerencia de Administración)”.

“Consulta? Nos hace falta alguna información para cerrarlo?”, pregunta.

“Me acaban de enviar el peso y volumen actualizado con la nueva FT. Estamos revisando los datos. Lo remitimos a las 14:00 horas de hoy”, le responde Phang.

Luego, una hora después, Phang vuelve a escribir a Samamé, pero esta vez por “el sorteo de posición”.

“Están que me insisten”, le indica Samamé. Luego, se aprecia una llamada y una respuesta escrita de Samamé diciendo “ (…) estoy en el comité”.

“¿Qué dato necesitas?”, le pregunta Phang.

“Quieren que realicemos un simulacro”, sigue la conversación con Samamé. Y Phang responde: “ Se va a realizar el 11 a las 15 horas”.

Luego hablan sobre la calibración del “peso de las bolillos” que se iban a usar para el sorteo de las posiciones.

De acuerdo a la fiscalía, ese mismo 6 de febrero, Phang Sánchez remitió a Samamé el requerimiento el “Servicio de Transporte de carga a nivel nacional-Despliegue y repliegue de material Electoral, Equipos Informáticos-Implementos para el Simulacro y Sufragio-EG 2026”, contenido en los Servicio Nro. 00079 y Nro. 000980, para que sea tramitado en la Subgerencia de Logística.

“Del citado informe se advierte que la Subgerencia de Producción Electoral elaboro los Términos de Referencia (TDR) del servicio, consignando el termino “Costo aproximado del servicio” ascendente a S/6’000,000.00; sin embargo, no se evidencia en el expediente documento alguno que sustente técnicamente dicho monto referencial, lo que revela una primera deficiencia en la estructuración económica del requerimiento.”

Ministerio Público

Luego de la convocatoria, señala la fiscalía, se recepcionaron consultas y observaciones de los postores que solicitaron precisiones sobre la antigüedad de los vehículos, la subcontratación, cantidad de vehículos mínimos para calificar, lo que produjo que el 3 de marzo del 2026, Phang Sánchez emitió el informe 0000489-2026-SGPE-GGE/ONPE remitido a Samamé Blas, donde se formalizaban los TDR y factores de evaluación definitivos para el servicio requerido.

Ello, añadió la fiscalía, evidencia una “construcción ex post de reglas decisivas del proceso” que habían sido señalados en los TDR, por lo que habría sido determinada de manera posterior y no previa al desarrollo del procedimiento.

Todo ello demostraría la capacidad que tuvieron los funcionarios, desde la cabeza de la institución hasta los funcionarios gerenciales, para adecuar los requisitos o exigencias del proceso y terminar beneficiando a Galaga.

Sobre todo, indicó la fiscalía, porque Juan Alvarado, dueño de la empresa Galaga, conocía a los funcionarios de ONPE, ya que participó y ganó la licitación en procesos anteriores

“Estos extremos no pueden ser entendidos como modificaciones aisladas o neutras del procedimiento, sino como componentes de un diseño que favorece la consolidación de una adjudicación direccionada, eliminando controles internos y externos, y permitiendo la materialización de un acuerdo colusorio con finalidad defraudatoria en perjuicio del Estado, configurándose así los elementos propios del delito de colusión agravada.”

Ministerio Público

Para la fiscalía, el riesgo de fuga por parte de los investigados, sobre todo de Pierto Corvetto Salinas, se acreditaría con el hallazgo de un tercer pasaporte vigente, hallado durante el allanamiento a su vivienda realizado la semana pasada.

Como se recuerda, el pasado 21 de abril, ex exjefe de la ONPE acudió hasta las instalaciones de la fiscalía anticorrupción e hizo entrega de dos pasaportes (uno peruano y otros italiano), a fin de mostrar su sujeción a la investigación que se le sigue.

Sin embargo, durante el allanamiento realizado el 24 de abril, la fiscalía halló un pasaporte a nombre de Corvetto Salinas con vigencia hasta el 10 de agosto del 2026.

“Se incautó su pasaporte peruano con fecha de caducidad 10 de agosto de 2026, lo que evidencia que al momento de la intervención, contaba con un documento de viaje formalmente vigente o potencialmente utilizable”

Ministerio Público

La fiscalía precisó que la entrega de un pasaporte no neutraliza el peligro de fuga, dado que no es necesario contar con dicho documento para desplazarse por países de la región, donde solo es suficiente presentar el documento de identidad.

También consideró como elementos que Corvetto percibía una remuneración suficientemente alta como para “subsistir fuera del país”, y que actualmente no tiene arraigo laboral ya que renunció a la ONPE el pasado 21 de abril.

Sumado a ello, la fiscalía sostiene que una elemento para incrementar el peligro de fuga son las penas que podrían ser impuestas, ya que para la colusión agravada se prevé pena entre 6 y 15 años de cárcel.

Por tanto, sostuvo la fiscalía, se hace necesaria la presencia de los investigados para la realización de diligencias como la visualización de los documentos extraídos de los equipos de cómputo de la ONPE, los celulares incautados, y otros documentos hallados durante el allanamiento realizado.

Sobre José Samamé se indicó que tiene pluralidad de domicilios y pese a ello, no fue hallado en ninguno de los tres el día del allanamiento. No tiene arraigo laboral, pues también renunció a ONPE el 13 de abril y cuenta con su pasaporte.

Similar situación en el caso de Juan Phang, quien tiene reporte migratorio de salidas del país anteriores, cuenta con su pasaporte y se encuentra actualmente suspendido de su puesto laboral en la ONPE.

Sobre Juan Alvarado, dueño de la empresa Galaga, la fiscalía señaló que tampoco fue hallado en el domicilio que figura en su documento de identidad, tiene capacidad económica y cuenta con pasaporte que le permitiría salir del país al extranjero o incluso desplazarse a países de la región con su DNI.

El Comercio buscó la versión del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, pero no respondió a nuestra comunicación. No fue posible ubicar al abogado de José Samamé.

Cristian Castillo, abogado de Juan Alvarado, señaló que no existen elementos para que se dicte impedimento de salida del país en contra de su patrocinado, indicando que ha colaborado en la investigación, se presentó ante la fiscalía y entregó su celular.

“Este proceso, al ser un proceso mediático, el fiscal se obliga a presentar pedidos que no tienen razón de ser, ni sentido. El impedimento de salida para mi patrocinado no debe ser declarado procedente, por cuanto mi patrocinado ha colaborado en todo momento con sus declaraciones, con sus celulares, con el allanamiento, no hubo ningún entorpecimiento.”

Cristian Castillo, abogado de Juan Alvarado, dueño de Galaga.

Aseguró que su patrocinado tiene todos sus arraigos demostrados, tiene empresas y su familia en el país. En esa línea, aseguró que demostrarán “que su patrocinado ha ganado el proceso en buena lid y que todo eso que se le imputa no tiene asidero legal”.

Respecto a los presuntos actos de direccionamiento, aseguró que la empresa de su patrocinado presentó más del mínimo requerido (70 vehículos), y que cumplieron con el tamaño requerido.

Aseguró que varios de los vehículos presentados por las empresas que compitieron en la convocatoria, y que han sido mencionados en el requerimiento fiscal, no cumplían con la capacidad requerida.

“Así no hubieran restado los dos metros lineales a los carros de Hermes, sus carros no califican para el proceso de selección, porque los carros que presentaron solo tienen capacidad para 4.3 metros cúbicos”, aseguró.

Abelardo Malqui, abogado de Juan Phang, señaló que expondrán en la audiencia de este jueves cuál será la posición respecto al pedido de impedimento de salida del país solicitada por la fiscalía.

Sin embargo, afirmo que la línea asumida desde el inicio de las pesquisas fiscales ha sido de absoluta colaboración con la investigación. Ello, explico, debido a que Phang Sánchez entregó voluntariamente su equipo celular cuando le fue requerido por la Fiscalía, ha comparecido cada vez que ha sido citado y ha mostrado permanente disposición frente a las autoridades competentes.

Existe, por tanto, plena voluntad de sometimiento al proceso y colaboración con el esclarecimiento de los hechos, aseguró.

“Mi patrocinado ha optado por el camino de la colaboración transparente con la justicia, compareciendo ante las autoridades cada vez que ha sido requerido y ejerciendo su derecho de defensa dentro de los cauces legales e institucionales.”

Abelardo Malqui, abogado de Juan Phang

El abogado aseguró que la posición de la “defensa es firme, sostener la inocencia de nuestro patrocinado dentro del marco constitucional y procesal vigente”, y remarcó que toda imputación penal debe estar respaldada por elementos de convicción objetivos.

“Nuestro sistema constitucional reconoce la presunción de inocencia como garantía fundamental de todo ciudadano peruano, y esa protección será ejercida con firmeza por esta defensa técnica en cada etapa del proceso. Confiamos en que, conforme avance la investigación y se incorporen nuevos elementos de convicción, se alcanzará una comprensión más completa y objetiva de los hechos, así como una adecuada determinación de las verdaderas responsabilidades en este caso”, sostuvo.