Piero Corvetto: ¿Cómo avanza la fiscalía en la investigación por presuntas irregularidades en la ONPE?

El funcionamiento del sistema “Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE)” se encuentra en la mira del Ministerio Público (MP) que investiga las presuntas irregularidades en las licitaciones que realizó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la compra de bienes y servicios para ser utilizados durante las Elecciones Generales 2026.

El fiscal Reynaldo Abia, del primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien lidera un grupo de trabajo interinstitucional, se encuentra recopilando toda la información vinculada a dicho proceso de licitación a favor de la empresa Sivcorp S.A.C. y del “Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional- Despliegue y Repliegue de Material, Equipos Informáticos Electorales e Implementos para simulacro y sufragio-EG 2026” a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.

En paralelo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó iniciar un proceso disciplinario en contra de Piero Corvetto Salinas, en su calidad de jefe de la ONPE, “por presunta falta grave” durante las Elecciones Generales 2026.

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Este miércoles, Abia Arrieta llegó hasta las instalaciones de la ONPE, en el Centro de Lima, a fin iniciar las coordinaciones que permitan sistematizar, de forma activa y participativa, toda la información disponible respecto a la contratación de la empresa encargada del despliegue de materiales de sufragio el 12 de abril y el funcionamiento de la herramienta Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

La mesa de trabajo también estuvo conformada por Bernardo Pachas, gerente general encargado de ONPE; el general PNP Walter Ramos, jefe de la División Contra la Corrupción de la Policía (Dircocor). Junto a ellos, representantes de la Contraloría General de la República, la Oficina de Peritaje del Ministerio Público (MP), la División de Delitos contra el Estado de la PNP, y la Procuraduría Anticorrupción.

Por este caso, la fiscalía investiga a Piero Corvetto Salinas (exjefe de ONPE), José Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral) y Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido subgerente de Producción Electoral), así como las funcionarias Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, Lilia Flores Bancho, Williams García Velásquez y el empresario Juan Charles Alvarado Pfuyo (dueño de la empresa Galaga), por presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.

“La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho) lidera una reunión interinstitucional con funcionarios de la ONPE y otras autoridades, con el fin de sistematizar, de forma activa y participativa, toda la información disponible respecto a la contratación de la empresa encargada del despliegue de materiales de sufragio el 12 de abril y el funcionamiento de la herramienta Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE)”, señalaron desde el Ministerio Público.

De acuerdo a las investigaciones, se habrían realizado presuntos actos de concertación en el marco de la contratación del “Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional -Despliegue y Repliegue de Material, Equipos Informáticos Electorales e Implementos para simulacro y sufragio - EG 2026” y la “Adquisición de Equipo Informáticos Electorales EG-2026-Computadoras Portatil”.

Como se recuerda, la empresa Galaga -que había sido multada por la ONPE hasta en tres oportunidades por incumplimiento- obtuvo la licitación para realizar el servicio de transporte del material electoral y equipos de cómputo para la aplicación del sistema “Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en el coteo de votos, por un total de S/ 6’368,332.75.

Por su parte, la empresa Sivcorp S.A.C. obtuvo la licitación por el monto de S/ 31’585,694.84 por 31 computadoras que se usarían en Lima Metropolitana y el Callao. Y, según el programa Territorio Tomado, la empresa también había sido penalizada por el incumplimiento en la entrega de dichas computadoras.

Sumado a ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habría detectado “graves riesgos de ciberseguridad” en el sistema de “Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio” (STAE), que utilizó la ONPE para agilizar el conteo y transmisión de resultados en Lima Metropolitana y Callao, de acuerdo a un informe de Cuarto Poder.

La tesis fiscal señala que funcionarios y servidores públicos, durante la gestión del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, habrían concertado con el representante de Servicios Generales Galaga SAC, con la finalidad de defraudar al Estado, afectando la legalidad del proceso de contratación, por lo que al tratarse de un servicio relacionado con las Elecciones Generales para la elección del Presidente de la República, Vicepresidentes, así como de los senadores y diputados del Congreso d e la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, “se afectó también el normal desarrollo del acto electoral y la voluntad popular”.

En declaraciones a la prensa, el fiscal Reynaldo Abia señaló que la mesa de trabajo que se instaló tiene como único objetivo “llegar a la verdad” y “ver qué es lo que realmente ha pasado durante estos procesos electorales del año 2026”, a través de un trabajo articulado con todas las instituciones que vienen participando.

De acuerdo al fiscal, en la sesión y de manera virtual, también estuvieron presentes los abogados de los investigados en este caso.

“Lo que estamos tratando de ver es toda la ingeniería de los procedimientos que se han realizado (en ONPE) y el producto final que nos ha llevado a toda esta situación. En base a esa información que nos está suministrando la Onpe, todas las otras instituciones están haciendo las interrogantes para poder identificar o detectar dónde estarían los puntos débiles o las presuntas irregulariades; sino es que hay delito.”

Reynaldo Abia, fiscal anticorrupción

En esa línea, explicó que las entidades que integran la mesa de trabajo apoyan desde sus competencias y su especialidad, y de allí se obtendrá un panorama sobre el caso y determinar si es que “hubieron incidencias o irregularidades en el ámbito administrativo o quizás sospechas de la presencia de delitos”.

“Es un trabajo para articular y para identificar toda la ingeniería de los procedimientos que se han llevado. Luego de verificar esa información haremos ingeniería inversa para verificar qué es lo que ha pasado, para reconstruir qué es lo que ha ocurrido en cada uno de los pasos y absolver dudas”, reiteró.

Fuentes presentes en la sesión señalaron que lo que se busca es que la ONPE precise cómo se llegaron a tomar decisiones respecto a las modificaciones que se realizaron a los términos de referencia para la licitación, en el caso de Galaga.

También se solicitó que ONPE pueda tener respuestas precisas para la próxima sesión respecto a quiénes más habrían intervenido en la toma de decisiones desde el ámbito funcional y todos los pasos que se realizaron para licitar a favor de la referida empresa más de seis millones de soles.

La próxima sesión se realizará el martes 12 de mayo a las 9:00 de la mañana.

Por "presunta falta grave" como jefe de Onpe

JNJ inicia proceso disciplinario contra Piero Corvetto

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), por unanimidad, acordó iniciar un procedimiento disciplinario en ontra de Piero Alessandro Corvetto Salinas, en su condición de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por la presunta comisión de "falta grave" en las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo a la entidad, tras concluir la Investigación Preliminar n.º 018-2026-JNJ que se abrió en contra del exfuncionario el mes de abril se decidió que habían elementos para avanzar hacia la siguiente etapa.

"La decisión del Pleno del organismo autónomo se sustenta en el Informe n.º 026-2026-GATRP-JNJ en el que se evalúan los hechos materia de investigación y se concluye la pertinencia de avanzar hacia una etapa formal del proceso disciplinario", señalaron.

La JNJ precisó que la conclusión de la investigación preliminar no implica un adelanto de opinión sobre la responsabilidad de Corvetto Salinas, sino el paso necesario para el esclarecimiento de los hechos dentro de un procedimiento que garantiza el debido proceso y el derecho de defensa.

Se descartó la aplicación de un procedimiento “express” o inmediatos, por cuanto buscan respetar sus derechos constitucionales, otorgándosele el derecho a exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas, entre otras garantías.

A Corvetto Salinas se le atribuye no haber desempeñado adecuadamente el cargo como jefe de la Onpe, debido al deficiente desempeño del organismo en la distribución del material electoral durante el desarrollo de las Elecciones Generales del 2026 e incluso que, durante su gestión, se habría producido irregularidades en la licitación de los servicios contratados por la entidad.