Congresistas investigados por fiscalía presentan proyecto que permitiría anular pesquisas ¿Nueva ley con nombre propio?

Con el respaldo de su bancada, Podemos Perú, la congresista Heidy Juárez, investigada por el caso ‘mochasueldo’, acaba de presentar un proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal sobre la prueba ilícita en los procesos judiciales.

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Juárez plantea que, en los artículos VIII.2 y 159 de Código Procesal Penal, se añada que el proceso judicial será declarado nulo, “si tiene su origen en prueba directa o indirecta de la violación de derechos fundamentales de la persona”.

Actualmente, la ley establece que las pruebas conseguidas afectando los derechos fundamentales de las personas carecen de efecto legal. Además, señala que el juez no podrá admitir estos elementos. Es decir, solo se descartan dichas pruebas, pero el proceso continúa y no se anula.

En sus fundamentos, Juárez cita jurisprudencia extranjera y señala que existen procesos que fueron declarados nulos por tener como origen una prueba prohibida.

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También cita al juez supremo César San Martín, quien señaló: “Si la imputación se sustenta exclusivamente en prueba ilícita y que no existe la posibilidad de obtener y actuar prueba al margen o con independencia de esa ilicitud, se vulnera el principio procesal vinculado a la causa. Si no se puede realizar un proceso con pleno respeto de los derechos y garantías individuales y de las reglas que disciplinan el proceso, entonces no cabe aprobar incoación de la causa; el objeto procesal no puede dilucidarse en las condiciones legales previstas por el ordenamiento”.

Juárez argumenta que busca que este párrafo sea añadido a la norma con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas. Agrega que su propuesta no irrogará ningún gasto al Estado.

El proyecto de ley fue suscrito por José Luna Gálvez (líder de Podemos Perú), Guido Bellido, José Arriola, Kira Alcarraz, Edgar Tello, Darwin Espinoza y Luis Picón. Todos ellos son investigados por el Ministerio Público, a excepción de Luis Picón, quien tiene dos sentencias por corrupción.

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Investigaciones o sentencias de los firmantes:

Revisa aquí el proyecto de ley:

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Los abogados penalistas Luis Vargas Valdivia y Vladimir Padilla advirtieron que la parlamentaria y sus colegas buscarían beneficiarse del proyecto de ley en las investigaciones fiscales que tienen abiertas.

No obstante, tuvieron opiniones discordantes sobre que se declare nulo todo el proceso si una prueba es obtenida afectando los derechos fundamentales.

Vargas Valdivia calificó la iniciativa de una “barbaridad” y afirmó que carece de sustento jurídico.

“La Corte Suprema ha desarrollado larga jurisprudencia con respecto a este tema [...] La prueba prohibida contiene una serie de excepciones [...] La consecuencia es su no valoración o utilización en el proceso judicial y lo que pretende la congresista es extender esta invalidez a todo el proceso”, expresó.

El exprocurador subrayó que los procesos judiciales no se inician solo con una prueba sino con una serie de elementos e indicios.

“Está buscando afectar los procesos para obtener impunidad. Es lo de siempre: la búsqueda de la impunidad. Este proyecto es una oda a la ignorancia, a lo que es la prueba prohibida y la prueba ilícita”, opinó.

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A su turno, Padilla dijo que “apostaría” que la propuesta es “correcta porque ya hay una prohibición” sobre el origen de las pruebas. Además, señaló que no se puede negar el Perú es un país en el que, en muchos casos, no se respetan los derechos fundamentales.

“Nos movemos en una suerte de nebulosa. No queda claro cómo se puede llegar a tener homogeneidad con respecto al tratamiento de la prueba. Por esa razón, el Código Procesal Penal en el primer artículo dice que una prueba que se ha obtenido vulnerando los derechos fundamentales no es válida”, añadió.

Sin embargo, para el penalista despierta suspicacias que la parlamentaria Juárez y otros investigados promuevan la propuesta. “Probablemente se quieran tirar abajo algunos procesos. La norma no puede tener nombre propio, eso sería lo irregular, para que sea neutral deben precisar que eso se aplicará después”, puntualizó.

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Juárez es investigada por la Fiscalía de la Nación desde abril del 2023 por el presunto delito de concusión por el recorte de sueldos a sus trabajadores, conocido como el caso “mochasueldo”.

Según el Ministerio Público, la parlamentaria sería presunta autora del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, ya que abusando de su condición de congresista habría inducido a Luz Advíncula Rique, Edith Lorenzo Alejos y Henry Horna Pereira -a través de su asesor Miguel Chafloque- para que entreguen la suma de S/1.000 cada uno para beneficio personal y el de su padre Justo Juárez Nima, quien se encontraba postulando a una alcaldía.

En total, la parlamentaría habría obtenido S/3.000 de sus trabajadores, que luego de ser confrontada, procedió a devolver. Por ello, agrega la fiscalía, Juárez Calle habría actuado “de forma dolosa, esto es. con pleno conocimiento y voluntad” a través de su asesor.

La fiscalía señaló entonces que, “no existen mayores dificultades para determinar que la utilidad o beneficio indebido ha tenido como destino final a la investigada Heidy Juárez y Justo Juárez Nima (padre de la investigada)” .

Para la fiscalía está probado el vínculo entre Juárez Calle y su asesor Miguel Ángel Chafloque quienes se habrían conocido en la universidad cuando cursaban la carrera de Derecho antes del 2009. Además, el asesor habría sido abogado del padre de la parlamentaria y dos testigos han vinculado directamente a la congresista con Chafloque desde antes que fuera electa y como el responsable de su campaña electoral.

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Sumado a ello, a los pocos días de asumir el cargo, el 30 de julio del 2021, solicitó la contratación de Chafloque como Asesor II de su despacho congresal.

Como se recuerda, en setiembre del 2021 fue electa presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria Encargada del Seguimiento, Coordinación y Formulación de Propuestas en materia de mitigación de los Efectos Climáticos.

Para fines de setiembre de ese año ya tenía en su nómina de asesores a Luz Amparo Advíncula Rique (asesora principal), Edith Marleny Lorenzo Alejos y Henry Manuel Horna Pereira.

Sin embargo, fue en febrero del 2022 que, según la fiscalía, iniciaron los pedidos de dinero de la parlamentaria, a través de Chafloque Domínguez.

La primera fue Luz Advíncula a quien Chafloque le requirió, por encargo de Juárez Calle el aporte de S/1.000, que supuestamente tenía como fin brindar “apoyo a la población”. Fue así que, según un voucher aportado por la agraviada, el 23 de febrero procedió a realizar el abono luego de que el asesor le confirmara que la congresista tenía conocimiento sobre el pedido de dinero.

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En el segundo caso, Edith Lorenzo también fue requerida por Chafloque para que realice “contribuciones” a favor de la campaña de Justo Juárez Nima, padre de la citada legisladora, quien se postulaba para la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Paita, en Piura. El asesor le indicó a Lorenzo que los aportes serían de julio a octubre.

Tras recordar que la parlamentaria había comentado que haría todo lo posible para que su padre ganara y que dependía directamente de ella, la asesora procedió a depositar S/1.000 el 23 de febrero del 2023.

En marzo del 2022, según la fiscalía, el asesor Henry Horna “fue inducido” a entregar la suma de S/1.000 po Chafloque, quien una vez más indicó que se había acordado hacer la entrega de dinero para apoyar al padre de la congresista Juárez en su campaña electoral para la alcaldía de Paita.

En su caso, Horna Pereira habría referido que ante la falta de recursos económicos podría apoyar con una estrategia política y de marketing; sin embargo Chafloque le indicó que podía apoyar con eso, “pero que tenía que dar el aporte económico”.

Finalmente, según declaró el mismo Horma, Chafloque le prestó los S/1.000 que terminó entregando el 21 de marzo del 2022.

El 4 de abril del 2022, y ante el reclamo de sus trabajadores, Juárez se reunió con estos y aseveró que se había enterado de los pedidos que realizaba Chafloque, por lo que dispuso cancelar dicha orden y que se le devolviera el dinero a cada uno de los asesores que habían realizado entregas de dinero.

Pese a ello, el 11 de abril del 2022, la congresista Juárez Calle dispuso promover a Chafloque de Asesor II y lo nombró como su asesor principal.

Por este caso, Juárez fue denunciada constitucionalmente por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, en marzo del 2024. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no llegó a un acuerdo sobre el informe de calificación que recomendaba admitirla a trámite. Cabe resaltar que, previamente, Juárez fue blindada en la Comisión de Ética del Congreso.