El Poder Judicial deberá controlar de manera virtual a los internos liberados. (Foto: gec)
El Poder Judicial deberá controlar de manera virtual a los internos liberados. (Foto: gec)
Redacción EC
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El ha implementado una aplicación móvil para que los internos beneficiados con la ley de deshacinamiento de penales hagan sus respectivos controles mensuales o quincenales de manera virtual, cumpliendo así la disposición legislativa sobre liberación de procesados por riesgo de contraer coronavirus ().

Según informó el Poder Judicial, esta app fue desarrollada por la Unidad del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal (UETI CPP) para atender el Decreto Legislativo 1513 emitido por el Ejecutivo luego de haber recibido facultades legislativas.

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Este mandato legal implementa las figuras de cesación de prisión preventiva, remisión condicional de la pena y el otorgamiento de beneficios penitenciarios como formas para liberar a internos en centros penitenciarios hacinados.

La norma establece que los liberados están obligados a reportarse ante sus respectivos juzgados de manera virtual, debido al riesgo de contagio por coronavirus.

La aplicación móvil permitirá que los internos beneficiados sujetos a reglas de conducta realicen su control, tal y como disponga el juez que atienda su caso, a través de una videollamada y el sistema de posicionamiento global GPS, que permitirá ubicarlo en tiempo real.

El Poder Judicial explicó que el control a través de esta aplicación se realizará en tres pasos:

  1. Primero, el sentenciado libre deberá instalar en su celular la app “Sistema de Control Virtual” a través de un enlace que se le proporcionará.
  2. El día de su registro virtual, deberá activar esta aplicación y realizar una videollamada al personal autorizado por cada Corte Superior de Justicia para realizar el mencionado control.
  3. El personal de las cortes superiores validará los datos del sentenciado mientras corroboran, al mismo tiempo, su ubicación a través del GPS.

En caso de detectar alguna irregularidad, como por ejemplo que la ubicación detectada sea diferente a la ciudad donde está registrado el domicilio del interno, se comunicará al órgano jurisdiccional para que actúe como corresponda. Esto podría implicar la revocación de la libertad concedida.

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