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Poderes puestos de cabeza, la columna de Juan Paredes Castro

Probablemente sin proponérselo, Keiko Fujimori ha entrado en colisión con el más importante activo político y moral que la desmarcaba del pasado fujimorista autoritario

Keiko Fujimori

Keiko Fujimori ha tocado un punto límite. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

Keiko Fujimori ha tocado un punto límite. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio)

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha tocado en las últimas 48 horas un punto límite que pone a prueba su respeto por las libertades democráticas y el orden constitucional vigentes.

Probablemente sin proponérselo, ha entrado en colisión con el más importante activo político y moral que la desmarcaba del pasado fujimorista autoritario, activo político y moral que aún está a tiempo de no perder.

Es comprensible que algunas investigaciones fiscales no solo sean de su desagrado, sino que la sorprendan e irriten profundamente, como la que le imputa el delito de crimen organizado. Y la declaración de Marcelo Odebrecht, también por la vía fiscal, que si bien niega conocerla y haber puesto dinero en sus manos, no descarta haber autorizado aportes a su campaña electoral, cosa que tendría que confirmar Jorge Barata, ex representante de la empresa brasileña en Lima.

A la luz de sus promesas más nobles de candidata presidencial, como la de no usar el poder político contra la justicia y la prensa, vemos con estupor que por errores propios u otros de ofuscada asesoría Keiko Fujimori no puede separar su defensa legal y la incomodidad mediática que esta le suscita, de la hegemonía que actualmente ejerce la bancada de Fuerza Popular en el Congreso. La denuncia constitucional planteada contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la amenaza de destitución contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional y la fuerte presión sobre el presidente Kuczynski para comparecer a una indagación a la que no está obligado no parecen acciones encuadradas en una sincera lucha contra la corrupción. Más parecen mecanismos de extorsión por la impunidad de quien consideran absolutamente intocable.

De la misma forma, su destemplado ataque contra El Comercio por no coincidir con ella en la versión de Marcelo Odebrecht respecto a los presuntos aportes de la empresa de este a la campaña electoral de Fuerza Popular, versión, además, que está por corroborarse, desdibuja sorpresivamente la imagen de serenidad y tolerancia que la lideresa del fujimorismo había mostrado hasta hoy desde su eventual talante de estadista.

Si su amenaza de demanda contra El Comercio la cambiase por una introspección profunda de los arrebatos de pasión que nublan el equilibrio racional suyo y el de su organización política, podríamos asistir pronto a la aparición de una Keiko Fujimori dispuesta no solo a demostrar que quien no la debe no la teme, sino también a liberar a su bancada mayoritaria del Congreso del triste papel de ala protectora de sus causas judiciales.

Algunos poderes constitucionales vienen siendo puestos de cabeza por quienes, desde el poder político, no parecen ser conscientes del daño que causan en ellos, y también por quienes, es cierto, socavan su eficiencia y confianza desde adentro. El actual trabajo jurisdiccional de los fiscales caería en el vacío más negligente si continuasen pasando por alto, por ejemplo, los contratos de Odebrecht y otras empresas brasileñas con la gestión municipal anterior y sus derivaciones en sobornos pagados en cuentas bancarias de Andorra.

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